20 años después del fin de la URSS, la sociedad civil rusa se rebela contra el fraude electoral de Putin.
Las manifestaciones callejeras celebradas por toda Rusia este mes representan un desafío a los estereotipos habituales sobre la pasividad del pueblo ruso. Indignados por el resultado de una elección parlamentaria fraudulenta, miles de rusos han salido a la calle para manifestar su repulsa ante las ambiciones de Vladímir Putin de regresar a la presidencia del país en marzo. El alto grado de participación y el fervor de las protestas parecen sorprender positivamente a los propios manifestantes. Un orador en Moscú se dirigía a la multitud diciendo: "¡Muchas gracias por no quedaros en vuestras casas sentados en el sofá bebiendo cerveza!".
De hecho, la sociedad civil en Rusia ha ido creciendo continuamente durante los últimos años y es cualquier cosa menos pasiva. Antes del colapso del comunismo (hace 20 años, este día de Navidad), reunirse en un piso privado a hablar de temas remotamente políticos podía suponer la cárcel o el exilio para los participantes. Hoy en día, existen literalmente miles de organizaciones no gubernamentales esparcidas por el extenso territorio del país. Estas ONG trabajan en una amplia gama de temáticas, desde las campañas medioambientales al trabajo social con discapacitados; desde la lucha contra la corrupción a la defensa de los derechos humanos.
El crecimiento acelerado de la sociedad civil rusa tuvo lugar durante los años posteriores a la transferencia de la presidencia de Putin a Dmitri Medvédev. Y ahora que Putin prepara su regreso, muchos activistas se preguntan si podrán continuar desarrollando su labor de la misma forma.
En 2006, Putin introdujo una nueva ley que afectaba a las ONG y estaba diseñada para controlar a los grupos independientes (principalmente, atándolos de pies y manos con trabas burocráticas). Al final, sólo unos pocos se vieron obligados a desaparecer. Pero hoy, el activismo independiente parece suponer una amenaza para el Gobierno de Putin, quien ha retomado sus ya familiares e inquietantes teorías de que sus críticos están financiados por los enemigos extranjeros del país.
Sociedad civil marginada
Entre los activistas rusos existen diferentes posiciones en lo relativo a la cooperación con las autoridades. Sergei Kovalev, antiguo preso político y primer Comisionado para los Derechos Humanos de Rusia tras el colapso soviético hace 20 años, por ejemplo, insiste en que una sociedad civil verdaderamente sólida desafiaría al actual Gobierno ruso exponiendo su total "ilegitimidad". Por el contrario, se queja, la realidad es que muchos activistas se ven reducidos a trabajar marginalmente y a actuar como "cortesanos con astucia".
Para Marina Pisklakova no hay nada marginal en sus esfuerzos por proteger a las mujeres rusas de la violencia doméstica. Tras crear una serie de refugios para mujeres que escapan del maltrato de sus parejas, acaba de lograr que se establezca el primer número de teléfono gratuito del país para denunciar este tipo de violencia. También está volcada en convencer al Parlamento ruso de que criminalice la violencia doméstica, de forma que las mujeres no tengan que entablar acciones judiciales por su cuenta. "Las agencias gubernamentales nos aceptan como socio en igualdad de condiciones a la hora de responder a la violencia de género", dice Pisklakova.
Algunos activistas arriesgan la vida para desempeñar su labor. En Chechenia han matado a investigadores por estar dispuestos a retar a las autoridades chechenas. Primero fue la periodista Anna Politkóvskaya, muerta a tiros frente a su apartamento moscovita en 2006; más tarde, la activista pro derechos humanos Natalya Estemírova, secuestrada y asesinada en Chechenia en 2009.
Represión mortal
Denunciantes y abogados pro derechos humanos han sido asesinados; uno de ellos murió en la cárcel debido al maltrato y la posible conducta criminal de los oficiales. Los activistas que intentaban evitar la destrucción del bosque de Jimki en las afueras de Moscú fueron atacados en varias ocasiones, tanto por matones anónimos como por la Policía Local. Un periodista del lugar, Mijail Beketov, se encuentra confinado en una silla de ruedas y sin habla tras recibir una atroz paliza.
Cuando las amenazas no son de muerte, pueden ser legales y destinadas a arruinar la reputación y las finanzas del acusado. Oleg Orlov, director de la organización pro derechos humanos más conocida de Rusia, Memorial, ha sido acusado por el gobernante checheno Ramzan Kadirov de difamación criminal. A principios de este año resultó absuelto, pero se ha recurrido el veredicto. El periodista y crítico Artióm Troitsky, que lleva desde los tiempos soviéticos sacando sátiras de los poderosos, se enfrenta a una demanda de un funcionario del Kremlin por haberle llamado "caniche entrenado".
A veces, la sociedad civil desempeña funciones que el Gobierno ruso no atiende debidamente. Natalya Voronitsina, una exfotógrafa actualmente postrada en cama con esclerosis múltiple progresiva, se dedicó a organizar la lucha contra el fuego durante los dramáticos incendios que asolaron el oeste de Rusia en 2010. Desde su portátil en su apartamento de un barrio moscovita, enviaba voluntarios, provistos de sus propios equipamientos, a ubicaciones donde las brigadas locales de bomberos no estaban bien preparadas o eran incompetentes. "Los incendios demostraron a mucha gente que el Gobierno es impotente", dijo Voronitsina. "Sólo el pueblo puede lograr algo".
Irónicamente, la mayoría de los rusos saben muy poco sobre las actividades de su propia sociedad civil. Son escasos los periódicos rusos dispuestos a criticar el liderazgo del Kremlin y a informar sobre las actividades de los grupos pro derechos humanos, y sólo una o dos emisoras de radio en Moscú lo hacen. Por otro lado, la televisión rusa permanece bajo un estricto control. "Los canales estatales de televisión son de hecho los órganos de relaciones públicas del Gobierno", dice Leonid Parfenov, ex personalidad televisiva independiente a quien se ha mantenido alejado de los noticieros televisivos durante los últimos siete años.
Récord de cibernautas
La buena nueva es que Rusia tiene ahora más usuarios activos de internet que ningún otro país en Europa, y que Putin no controla las noticias a las que se pueden tener acceso de este modo. Una de las muchas razones por las que el partido en el Gobierno obtuvo muchos menos escaños de los previstos en las elecciones parlamentarias de este mes es el hecho de que el Kremlin ya no monopoliza el mensaje. Algunos de los grandes portales web políticos independientes se cayeron durante las elecciones parlamentarias, lo cual hace temer que el Kremlin quizá no sea tan tolerante en el futuro con la libertad de expresión cibernética.
No obstante, montar una censura de internet a gran escala sería algo extremadamente caro (como han descubierto, por ejemplo, los chinos). Las libertades cibernéticas son un genio que a Putin le va a resultar muy difícil volver a meter dentro de la lámpara soviética.
Los reformistas rusos se lamentan de la pasividad de su pueblo desde que se plantearon las primeras ideas para reformar Rusia. "El Gobierno llevaba al pueblo de la mano y el pueblo se dejaba guiar a ciegas", escribió el historiador Borís Chicherin en 1857. "A lo largo de la historia, el Gobierno nunca ha encontrado en el pueblo un obstáculo grave". Pero cuando las manifestaciones callejeras arrasaron el país este mes, de repente da la impresión de que Vladímir Putin quizá sí haya encontrado un grave obstáculo en su propio pueblo.
Carroll Bogert
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