El gobierno nacional, a través de la superintendencia de Salud y conforme a los establecido en el DNU 70/2023, publicó la semana pasada en el Boletín Oficial una resolución según la cual “…desde el 1° de diciembre de 2024 todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud” (Resolución 3284/2024, Boletín Oficial, 7/10. En este listado, las compañías de la medicina prepaga declaran que dejan de tener convenios con obras sociales sindicales que funcionan como intermediarios en el pago del servicio del afiliado o afiliada. El objetivo, según el gobierno, es eliminar la triangulación por la cual los aportes de aquellos trabajadores que decidan derivarlos a las prepagas no deban pasar antes por las obras sociales sindicales, terminando así con las intermediaciones de obras sociales “fantasma”. Las empresas que no se inscriban, sólo podrán seguir operando con los afiliados directos (Clarín, 15/10). Previamente, Mario Lugones, el nuevo ministro de salud, mantuvo reuniones con representantes de las obras sociales y prepagas más importantes a fin de concretar dicha resolución. Desde una de las prepagas que participó de la reunión con Lugones sostuvieron que la estrategia es conveniente porque “sin las obras sociales de por medio se pueden captar más afiliados” (La Nación, 4/10).
El proceso de triangulación recauda mensualmente $8.600 millones, dado que la intermediación puede costar entre un 3 % y 7 % según el caso, según fuentes del gobierno (La Nación, 4/10). La inscripción en el Registro de Agentes del Seguro de Salud estipula que sus miembros dejan de triangular, pero al mismo tiempo pasan a aportar un 15 % al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), como las obras sociales sindicales (Ley 23.660). El fin del FSR, es el reintegro de dinero a las obras sociales y prepagas por tratamientos complejos y de alto costo; y se otorga de forma proporcional a la cantidad de afiliados y afiliadas.
La primera que tomó la posta es Swiss Medical, comandada por Claudio Belocopitt, quién hace unos meses renunció a la presidencia de la UAS (Unión Argentina de Salud) en el marco de la puja con el gobierno por los aumentos de las cuotas. Esto fue anunciado y celebrado el día jueves 4 de este mes por el vocero presidencial Manuel Adorni. “El gobierno festeja la decisión de Swiss Medical e invita al resto de las prepagas a que hagan lo mismo para que los argentinos tengan más libertad”, mencionó en la conferencia de prensa. A una semana de publicada dicha resolución, sale a la luz lo harto sabido: las prepagas eligen quiénes si y quiénes no, dejando fuera a jubilados, monotributistas y personal doméstico. Esto pudo observarse en el mismo Sistema Registro de Obras Sociales. Sucede que son segmentos que tienen un aporte bajo en relación a lo que le cuesta a la obra social un Plan Básico. Mientras que las obras sociales no pueden negar la cobertura, si lo puede hacer una empresa prepaga. Empresarios de la salud privada desmintieron esto, pero aseguraron que dichos sectores podrán acceder pagando la diferencia.
El ataque al PMO, un objetivo que unifica a los sindicatos con las prepagas
Tanto sindicatos como prepagas hace un tiempo reclaman la “reformulación del PMO”. Así lo manifestó José Luis Lingeri, secretario de acción social de la CGT (Tiempo Argentino, 14/10), quien reclama que se reformule el PMO y poner el ojo en las prestaciones automáticas por discapacidad, como hicieron con las pensiones no contributivas.
El PMO es una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. Son las obligaciones que toda obra social o prepaga tiene que cubrir como mínimo en cualquiera de sus planes. El mismo cubre desde Plan Materno Infantil, hasta internaciones, salud mental, odontología, adicciones, oftalmología, programas de prevención de cánceres femeninos, salud sexual y reproductiva, cobertura de medicación al 40 %, cuidado paliativos entre otros. El PMO más bajo cuesta entre 45 mil y 50 mil pesos y, sólo la categoría más alta del monotributo se acercaría hoy a cubrir el PMO, con un aporte de 47 mil pesos menos el 15 por ciento del Fondo Solidario. (Clarín, 15/10).
La reformulación del PMO implicaría un recorte de las prestaciones cubiertas. Es decir, un ataque a los trabajadores y trabajadoras, que ya abonan todo tipo de copagos. De esta forma, el gobierno liberticida y la burocracia sindical acuerdan “salvar” a las obras sociales sindicales. El congelamiento salarial, y la proliferación del monotributo, deprecian los aportes que ingresan a la cobertura de salud, la elección de una prepaga traerá incluido sumar un costo extra por el grupo familiar; o la implementación de planes más económicos, con coseguros incluidos, avanzando en el arancelamiento de la salud.
Para cerrar esta ecuación el gobierno liberticida se apresta a desfinanciar y cerrar hospitales públicos, comenzando por los hospitales nacionales: “o pasan a depender de provincia y CABA o se privatizan” manifestó Guillermo Francos el fin de semana pasado. El hospital público es el último eslabón que atiende a la población que cada vez más empobrecida no puede costear una prepaga, se quedó sin el acceso a la obra social por el desempleo o no puede abonar los copagos.
Como se anunció ya en estas páginas, el recambio en el Ministerio de Salud, responde a la necesidad de avanzar en la privatización de la salud, otorgando grandes beneficios a los empresarios de la salud privada a costa de desatar un enorme golpe al acceso a la salud de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto, la lucha del Hospital Laura Bonaparte contra el cierre y la del Hospital Garrahan son la punta de lanza en defensa de la salud pública. Se hace de vital importancia brindar todo el apoyo para que triunfen.
Daniela Magoc
18/10/2024
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