El Tribunal Oral Federal 5 de la capital argentina, Buenos Aires, sentenció este miércoles a cadena perpetua a 12 represores que durante la última dictadura (1976-1983) cometieron cientos de delitos de lesa humanidad. Entre ellos se encuentra el excapitán Alfredo Astiz, alias "El ángel rubio de la muerte", acusado de crímenes, tormentos y secuestros en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Además de Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Oscar Antonio Montes y Raúl Scheller también fueron sentenciados a prisión perpetua en el marco de la causa ESMA, al igual que Antonio Pernías, Oscar Antonio Montes, Raúl Scheller, Jorge Radice, Alberto González, Néstor Savio, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Julio César Coronel y Ernesto Weber.
En tanto, fueron condenados a penas menores Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea, que recibieron sentencias de 25 años de prisión, mientras que Carlos Octavio Capdevila fue condenado a 20 años y Juan Antonio Azic a 18 años.
Los acusados en este juicio, que duró 22 meses, son 18 y todos fueron juzgados por los crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura militar.
Por esta causa, el tribunal además resolvió absolver a Pablo García Velazco y Juan Carlos Rolón, pero seguirán en prisión por otras causas de crímenes de lesa humanidad.
En este juicio sólo se procesaron 85 delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga, del grupo original de las Madres de Plaza de Mayo y de los activistas que las apoyaban, entre ellos las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, así como también el escritor y periodista Rodolfo Walsh.
Alfredo Astiz, su jefe el "Tigre" Acosta y el resto del staff de la ESMA son figuras centrales en la mayoría de esta causas, como la de la desaparición de Hagelin, una muchacha sueca de 17 años baleada por Astiz en la calle y llevada a esa escuela, donde desapareció en febrero de 1977.
Mientras se daba el veredicto, diversas organizaciones de derechos humanos aguardan a las afueras de los tribunales, con la esperanza de que se hiciera justicia contra estos represores que “causaron tanto daño al país”.
La de esta tarde es la primera condena contra represores de la Armada Argentina, como lo fueron los jefes de esa fuerza que integraron las juntas militares condenadas en el juicio histórico de 1985.
Según los datos oficiales, por la ESMA pasaron miles de personas que fueron asesinadas, y durante años, hasta la actualidad, son consideradas desaparecidas. Ésto la convirtió en el centro clandestino que, junto con La Perla, en Córdoba, es sinónimo del horror que generó el accionar represivo durante la dictadura.
De esos hechos dieron cuenta la mayoría de los 209 testigos que desfilaron durante las audiencias iniciadas en los primeros días de diciembre de 2009, en su mayoría sobrevivientes, familiares y vecinos de las víctimas que ofrecieron testimonios que incluso abrieron otros espacios de investigación judicial.
Entre esas denuncias se encontraban aquellas contra los represores de la ESMA, una de las megacausas que la Cámara Federal de entonces tenía previsto iniciar, antes del dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
También hubo mujeres que admitieron haber sido victimas de violaciones, como esclavas sexuales de los oficiales de la ESMA, que las obligaban a "vestirse de mujeres" y salir a cenar a altas horas de la madrugada, dentro de lo que consideraban su proceso de socialización.
La suscripción de los pactos internacionales, que consideran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles delitos como los cometidos en la ESMA; la posterior inconstitucionalidad y anulación de aquellas leyes impulsadas por el expresidente Néstor Kirchner, llevaron al resurgimiento de ese juicio cuyo inicio se demoró por casi cuatro años.
Además de estos 18 acusados, en Argentina hay otras 70 personas procesadas por crímenes en la ESMA que esperan el juicio oral. Éstos son acusados en ocho causas por hechos tan graves como los juzgados hasta ahora.
Entre los delitos se incluye el despojo sistemático de bienes a los prisioneros, los "vuelos de la muerte", el asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin y la “maternidad de la ESMA", como se denómino el sistema de robo de niños de prisioneros para darle nuevas identidades.
Todos los casos integran la “megacausa ESMA”, que centraliza el juez federal 12, Sergio Torres, a cargo de sistematizar denuncias e investigar la multitud de delitos contra las 5 mil personas que habrían pasado por este centro clandestino, que fue núcleo de torturas y delitos de lesa humanidad.
Uruguay anula la impunidad legal de la dictadura militar
(Publico) Uruguay comienza a resolver una de las cuestiones de Estado más dolorosas y controvertidas que ha debido afrontar en los últimos años: conseguir que los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura (1973-1985) puedan ser juzgados. El martes por la noche el Senado aprobó contra reloj y por un solo voto una ley para que esos crímenes no prescriban el 1 de noviembre y a última hora de hoy se esperaba la sanción final en la Cámara Baja.
El único partido que apoyó la iniciativa fue el Frente Amplio, la coalición en el poder liderada por el presidente uruguayo, José Mujica. El camino ha sido largo, desgastador y problemático, porque hubo que luchar contra la Ley de Caducidad, una norma promulgada en 1986 que hasta ahora amnistiaba a los militares involucrados en crímenes de la dictadura y que, por si fuera poco, fue refrendada en dos plebiscitos populares, celebrados en 1989 y 2009.
"Podemos mirar a la cara a las víctimas, porque hicimos todo lo que pudimos"
El primer paso para anular los efectos de esta normativa lo dio el Senado el martes, cuando los 16 parlamentarios de la coalición centroizquierdista lograron imponerse, con un único voto de ventaja, a favor de una ley que establece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado en estos crímenes, su imprescriptibilidad y su calificación como delitos de lesa humanidad.
En concreto, esta normativa no elimina la Ley de Caducidad, pero al menos la modifica. Además, alinea a Uruguay en la senda que marcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo condenó este año por la desaparición de María Claudia García nuera del poeta argentino Juan Gelman y lo conminó a llevar ante la Justicia a los culpables de esos delitos.
La votación sobre la idoneidad de esta ley en la Cámara Alta fue precedida por una discusión de más de nueve horas entre los senadores del Frente Amplio y los de los partidos Blanco y Colorado, principales opositores al Gobierno, que argumentaban que esta normativa era "contraria a la Constitución y al pueblo".
"Nadie puede decir qué van a decir los jueces respecto a esta ley", defendió el legislador frenteamplista Rafael Michelini. Su padre, Zelmar Michelini, murió asesinado en 1976 tras exiliarse en Buenos Aires, adonde llegó para huir de la dictadura instalada en su país. "Lo que sí podemos hacer es mirar a la cara a los familiares y a las víctimas que todavía están vivos y decirles: hicimos todo lo que podíamos hacer, no nos quedamos con nada", sostuvo el senador.
Los dos plebiscitos que avalaron la Ley de Caducidad han sido hasta ahora, para el Frente Amplio, un lastre ético de gran magnitud y fuente de serias divisiones internas que han involucrado incluso a Mujica.
En mayo pasado, la coalición intentó derogar la normativa incluso en contra de la voluntad del mandatario, quien, bajo el peso de los referendos de la ciudadanía, decidió apartarse de la discusión. Tampoco estuvieron de acuerdo con aquel proyecto varios legisladores oficialistas. Aun así, el proyecto sobrevivió en el Senado, pero en la Cámara de Diputados el parlamentario del Frente Amplio Víctor Semproni alegó ser incapaz de contradecir la decisión popular de no anular la ley de caducidad y tumbó el proyecto de su coalición, al retirarse de la sala en el momento de votar.
Vuelta de tuerca
En esta ocasión, Mujica se ha limitado a delegar en las cámaras con un "lo debe arreglar el Parlamento" la decisión de aprobar la nueva ley. Semproni, por su parte, ha afirmado que iba a votar a favor, dado que esta normativa no toca la Ley de Caducidad. "[El proyecto] no legisla para atrás", ha explicado a la prensa uruguaya. "Acá no estamos hablando de ir en contra de lo que resolvieron los plebiscitos, ya que no se está anulando la Ley de Caducidad", ha indicado.
Queda por saber cómo interpretará este proyecto la Suprema Corte de Justicia directa responsable de que las torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la dictadura fueran a prescribir el 1 de noviembre tras un fallo, el pasado mayo, que pasaba a considerarlos "delitos comunes". Se estima que unos 200 uruguayos perdieron la vida durante la dictadura.
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