Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.
El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y “se constituya en la embajada argentina en España” para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se “han tramitado y se están tramitando” los procedimientos judiciales en ese sentido.
“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países, incluido el nuestro, (si no que) no hay un solo niño a quien se haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos”, argumenta el texto entregado por los denunciantes a la jueza, y al que tuvo acceso Página/12.
Entonces, señala el mismo documento, “corresponde” que la jurisdicción argentina investigue los delitos contra la humanidad ocurridos entre 1936 y 1977, procese a sus responsables y repare a las víctimas “de tanto crimen impune”. “Lo que solicitamos en esta última presentación son, ya no medidas probatorias, sino acciones concretas referidas a los querellantes y al pueblo español en sí”, explicó Máximo Castex, uno de los abogados del equipo de letrados que representa a los denunciantes. En esa línea, se instó a Servini de Cubría a que se traslade y reciba en la embajada nacional localizada en Madrid los testimonios y denuncias de víctimas.
La querella es acompañada entre otros organismos de derechos humanos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e inició la demanda el 14 de abril de 2010. La causa se basa en los mismos principios de derecho universal que permitieron al juez español Baltasar Garzón juzgar las dictaduras de Argentina y Chile, e incluso detener en 1998 a Augusto Pinochet. El primer paso de los letrados argentinos fue pedir a España explicaciones, es decir, preguntar si en ese país “se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar a españoles, a través de su eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977”.
La respuesta enviada por la Fiscalía General española hace pocos meses destaca en el punto número 1 de sus conclusiones que “en España se han tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, tanto en la eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores”.
Sin embargo, las causas abiertas a las que se refieren las autoridades judiciales españolas “están paralizadas o archivadas”, puntualiza Castex, y detalla que además provienen “de la causa madre iniciada por Garzón”, que fue procesado y suspendido en su cargo por haber dado lugar al enjuiciamiento del franquismo. “Es absurdo –dispara– que se lo procese a Garzón por haber investigado y después se utilice su causa para decir que España está haciendo justicia.”
En tanto, “hay 113.000 cuerpos desaparecidos, 30.000 niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones”, contó a este diario Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre murió fusilado por oficiales de La Falange en 1936, y es uno de los querellantes en esta causa. La fiscalía española asegura que están en curso “un importante número de supuestos de sustracciones o entregas ilegales de menores”, pero “no mencionan un solo tribunal actuante en esa línea de investigación, de lo cual se deduce sin dificultad que no existe ninguno”, responden los abogados argentinos.
Párrafo aparte, Castex critica que “queda a las claras que si realmente existiera voluntad de investigación, en vez de alegar que ‘ninguno de los denunciantes que presentó causas desde Argentina lo había hecho en España’, lo que tendrían que haber hecho (los fiscales españoles) es iniciar de oficio la investigación, como corresponde”.
Ese desinterés judicial se profundiza en el plano político. En julio último, el Congreso español rechazó una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que buscaba derogar la Ley de Amnistía española de 1977 para posibilitar la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. Esa circunstancia, concluyen los abogados de la querella, “corrobora la falta de determinación y la imposibilidad de investigar por parte del Estado español”.
Informe: Rocío Magnani.
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