En febrero de 1987 entraba en vigencia la Ley de Punto Final. El gobierno radical de Alfonsín fue clave en esta política de “reconciliación” de las Fuerzas Armadas con la sociedad.
Las Fuerzas Armadas, a la salida de la dictadura, humilladas por la derrota en la guerra de Malvinas y odiadas por las masas por genocidas, quedaron deslegitimadas y su poder quedó en crisis. Los distintos gobiernos constitucionales intentaron “reconciliarlas” con las masas. El gobierno de Alfonsín, reivindicado hoy como un baluarte de la democracia, cumplió un rol clave en esta política.
Es necesario reflexionar acerca de las políticas de la UCR y el PJ, que desde el ’83 crearon una serie de normas jurídicas para recomponer y “reconciliar” a las FF.AA. La desmalvinización, los juicios, indultos, la anulación de las leyes de impunidad fueron distintos intentos de cumplir este objetivo.
Transición de la dictadura al Gobierno de Alfonsín
El terror impuesto por el golpe cívico-militar del ‘76 tuvo como objetivo derrotar a una clase trabajadora que desde el Cordobazo ganaba en fuerza y combatividad y que comenzaba una experiencia contraria al Partido Justicialista. El golpe militar se propuso terminar de derrotar a sangre y fuego esta combatividad obrera e imponer el plan económico dictado por el imperialismo.
Pero la clase obrera resistió a la dictadura desde ‘77 y en abril de ‘79 realizó un paro general. La crisis económica de 1980 llevó a que la clase media comenzara a cuestionar a la dictadura. Estos cuestionamientos persistieron. El 30 de marzo del 82, una enorme movilización convocada por la CGT irrumpe en Plaza de Mayo y es brutalmente reprimida. Los manifestantes coreaban “se va a acabar la dictadura militar”. El 2 de abril de ese mismo año Galtieri, al frente del gobierno de facto, ocupa las Islas Malvinas, largándose a una aventura militar. El objetivo: aprovechar una causa justa, como recuperar las Malvinas y el genuino odio antiimperialista, para contrarrestar la situación inestable que vivía el gobierno militar, fuertemente cuestionado por amplios sectores de la población. Dos meses después de comenzada la guerra los militares capitularon vergonzosamente ante las tropas británicas. El día de la rendición decenas de miles salieron a las calles al grito de: “los chicos murieron, los jefes los vendieron”. La dictadura estaba liquidada, había perdido todo apoyo interno y externo. Sin embargo, la Multipartidaria, compuesta fundamentalmente por el PJ y la UCR, salió al rescate de los genocidas. Para evitar que cayeran por medio de la movilización de las masas pactaron un llamado a elecciones, para recién el 30 de octubre de 1983. Asimismo la Multipartidaria apoyó la asunción del gobierno de facto de Bignone, quien asume tras la salida de Galtieri.
La derrota de Malvinas, al tiempo que fortaleció al imperialismo y significó nuevas cadenas para la opresión nacional, terminó de desprestigiar a las FF.AA. Este desprestigio, más las movilizaciones de masas, le asesta un golpe al llamado Partido Militar, que en distintos períodos del siglo XX gobernaron el país a través de golpes de estado. Tuvieron el poder de decidir y aplicar la política nacional, junto a los grandes empresarios.
El gobierno de Alfonsín
En abril de 1983, el entonces presidente de facto Reynaldo Bignone presentó el documento final de la Junta Militar sobre la “guerra contra la subversión y el terrorismo”. Meses después firmó la denominada Ley de Autoamnistía.
Raúl Alfonsín asume el 10 de diciembre de ese mismo año y recibe de manos de Bignone la banda presidencial.
A la salida de la dictadura los organismos de derechos humanos contaban con una amplia simpatía de las masas que movilizadas, reclamaban juicio y castigo a los genocidas. Para desviar todo ese proceso, Raúl Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que avaló que no fueran juzgadas todas las fuerzas represivas del Estado y permitió que sólo fueran procesadas las tres juntas militares, en el marco de la teoría de los “dos demonios”. Teoría que equiparó a la guerrilla (diezmada al momento del golpe) con el terrorismo de Estado que perpetraron los militares genocidas. Pero a su vez oculta que el verdadero objetivo de este genocidio era acabar con la insurgencia obrera.
Ernesto Sábato, quien presidió la CONADEP, escribió el prólogo al informe Nunca Más, donde expresó claramente esta teoría: “la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”. Y el gobierno “democrático” de Alfonsín condenó como “iguales” a los líderes de las organizaciones guerrilleras y a los jefes de la Junta Militar.
Madres de Plaza de Mayo no integró la CONADEP, ya que no avaló la teoría de los dos demonios, y porque junto a un amplio sector de la sociedad se movilizaba para reclamar juicio y castigo para todos los responsables. Tampoco el CELS y la APDH integró esta comisión, pero si presentaron denuncias y pruebas contra la dictadura.
Así y todo, y más allá de los límites, el informe recabado por la CONADEP permitió probar la existencia de un plan perpetrado por las FF.AA. genocidas.
La otra tarea importante para la democracia burguesa, que comenzó el gobierno de Alfonsín, fue la llamada “desmalvinización”. La desastrosa conducción de la guerra, que aceleró la caída de los militares, instaló la idea de que no se puede derrotar al imperialismo militarmente. Esta idea fue promovida por la burguesía y sus partidos. Alfonsín llego a decir “La guerra de Malvinas comenzó como un carro triunfal y terminó como un carro atmosférico”.
Juicio a los dos demonios, impunidad para la triple A
A cinco días de su asunción Alfonsín decretó el juzgamiento de las Juntas Militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El 13 de diciembre de 1983 firmó el decreto 157/83, por el cual se declaraba la prosecución penal contra integrantes de grupos armados, entre ellos Montoneros. Un año después, el 13 de febrero de 1984 fue detenido en Río de Janeiro el jefe Montonero Mario Eduardo Firmenich, llegando al país el 20 de octubre de 1984. Desde entonces permaneció detenido en la cárcel de Villa Devoto, hasta los indultos de Carlos Menem.
El gobierno de Alfonsín promulgó otras leyes vinculadas al periodo de los años 70. En mayo de 1984 se sancionó la ley 23.062, que garantizó la impunidad de los representantes del Partido Justicialista que comandaron la Triple A. Esta ley establece que la ex presidenta María Estela Martínez de Perón no podría ser juzgada por ningún delito que hubiera cometido antes del golpe militar, porque no había sido desaforada ni sometida a juicio político como prevé la Constitución, sino destituida por un “acto de rebelión”.
Por la guerra de Malvinas fue a juicio Leopoldo Fortunato Galtieri. Un Tribunal Militar lo llevó a prisión. Cumplió cinco años de cárcel hasta ser indultado y restituido su grado militar por el entonces presidente Menem en 1990.
El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia a las Juntas. Fueron condenados a prisión: Jorge Rafael Videla (presidente de facto entre 1976 y 1981), Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola (presidente en 1981), Armando Lambruschini.
El fallo que condenó sólo a cinco de los responsables del genocidio fue apelado. El 30 de diciembre de 1986 la Corte Suprema de Justicia modificó la calificación de los delitos consiguiendo la reducción de penas para Viola y a Agosti.
Alzamiento carapintada
El 24 de diciembre de 1986 fue promulgada la Ley 23.492 de Punto Final que estableció el fin de los juicios a todos aquellos que no fueron llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley". A excepción de los responsables de secuestros de recién nacidos. La avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, permitió continuar con los juicios. Esto fue uno de los disparadores que provocó el estallido de la crisis de Semana Santa de 1987.
El alzamiento carapintada de la Semana Santa de 1987, cuestionó los juicios a las juntas y reclamó mayor impunidad. La voz de mando del levantamiento la dio el Mayor Ernesto Barreiro (que tuvo una activa participación en la represión al movimiento obrero y popular en Córdoba), quien se negó a presentarse ante la Justicia Federal por los cargos de tortura y asesinato en el centro clandestino La Perla. Sin embargo, el núcleo de la rebelión se trasladó a Campo de Mayo, donde el teniente coronel Aldo Rico, Aldo Rico, fue el portavoz de los carapintadas. La base del levantamiento fueron los oficiales y suboficiales genocidas que no se beneficiaron con la ley de Punto Final. A pesar que el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsables de las tropas, las FF.AA. se negaron a reprimir a los militares rebeldes. El general Alais, a cargo de la tarea, se hizo famoso por no llegar nunca a destino.
Frente a este alzamiento un sector amplio de la sociedad se movilizó. Desde el jueves santo, la Plaza de Mayo y la de los dos Congresos estaban repletas de manifestantes dispuestos a marchar hasta Campo de Mayo para impedir que se consumara la extorsión de los militares. El domingo de Pascua un sector se manifestó en las puertas de Campo de Mayo al canto de “si se atreven, les quemamos los cuarteles”.
Nuevamente el radicalismo opta por el camino de pactar con los militares y desmovilizar a amplios sectores populares que querían pelear contra los carapintadas y salvar a los militares de las consecuencias que podían sufrir por el pueblo movilizado. El Partido justicialista y la CGT jugaron su rol infame. No llamaron a movilizarse, y mucho menos llamaron a una huelga general que podría haber derrotado a los carapintadas y a los militares que secretamente los secundaban. En cambio, la CGT acompañó a Alfonsín en su política de desmovilización.
Finalmente el domingo de Pascua, Alfonsín se traslada a Campo de Mayo y pacta con los amotinados mayor impunidad. Cuando regresa a la Casa de Gobierno, se dirige a los manifestantes pronunciando la frase que recuerda su capitulación "Felices Pascuas. La casa está en orden.” La CGT, los dirigentes empresarios, la UCR, el peronismo, el Partido Comunista y la mayoría de los partidos políticos del régimen (con la excepción del MAS, el Partido Obrero y las Madres de Plaza de Mayo, que denunciaron la capitulación) firmaron el Acta del Compromiso Democrático, donde se concedía el reclamo carapintada: “el debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”. En junio de ese año el Congreso aprobó la Ley de Obediencia Debida. De este modo el régimen político iba a sostenerse sobre la impunidad para los crímenes de la dictadura que garantizaron tanto el radicalismo como el peronismo.
El alzamiento carapintada no tuvo por objetivo perpetrar un golpe militar, como desde distintos sectores se quiso presentar. Los militares habían perdido legitimidad y poder, pero tenían fuerza para poner en vilo a un gobierno que intentó disciplinar, con concesiones, al Partido Militar, que aún golpeado y desprestigiado por los crímenes de la dictadura y la capitulación frente a las tropas inglesas, quería sostener su autonomía y se negaba a tener procesados.
El gobierno de Raúl Alfonsín, junto al partido Radical y el PJ, cedió a los reclamos de los militares en nombre de poner a resguardo a la democracia. Cuando en realidad todos estaban unidos para reconstruir el Estado burgués, aplastando las demandas democráticas y sociales de las mayorías populares que no cesaron de movilizarse.
Que Alfonsín no pudiera disciplinar los reclamos militares, más una situación económica convulsiva, lo obligaron a entregar anticipadamente el poder a manos del ya electo Carlos Menem. Pero todo el régimen político preservó la figura de Alfonsín como quien salvó la democracia de las asonadas militares.
Rosa D'Alesio
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