Orquestado por el Ejército y aprobado por el gobierno peronista, el operativo comenzó catorce meses antes del golpe y convirtió a Tucumán en una avanzada del genocidio.
El 9 de febrero de 1975 los tucumanos amanecieron el domingo de carnaval con la provincia completamente militarizada. Cuatro días antes la presidente Isabel Perón firmaba el Decreto “S” o secreto (261/75) que aprobaba el urgente lanzamiento de una operación militar en la zona con el fin de “aniquilar el accionar subversivo”; para ello el Comando General del Ejército “procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias”. El decreto permaneció oculto y recién lo publicó La Opinión en septiembre de 1983.
En noviembre de 1974 Isabel había declarado el Estado de Sitio para institucionalizar la represión y facilitar el accionar ilegal de la Triple A. Pero el decreto “S” expresó un salto, a partir de ese momento el Ejército controlaría la seguridad interna y comandaría todas las acciones realizadas en Tucumán. Bajo su órbita actuarían la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Federal y provincial junto a cientos de agentes de inteligencia y culatas del Ministerio de Bienestar Social (léase Triple A) que llegaron para garantizar “tareas civiles”.
¿Por qué en Tucumán?
La provincia había llegado a 1975 como un verdadero hervidero social. El movimiento obrero, sobre todo los trabajadores azucareros, se habían convertido en uno de los más combativos del país habiendo adquirido con los años valiosísima experiencia. Puede nombrarse la huelga de 46 días que hicieron en 1949 a Perón; la acción de las bases azucareras en respuesta al cierre de once ingenios en 1966 impulsando la creación de un comité Pro Defensa -convocando la solidaridad de otros gremios- y realizando paros provinciales y nacionales; la unidad y coordinación conjunta de obreros y estudiantes en los dos tucumanazos; y la gran huelga de septiembre de 1974 que duró 17 días y fuera impulsada por abajo para quebrar el Pacto Social a pesar de la dirección de la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar) que primero se opuso y luego se plegó muy presionada. El comisario Villar, uno de los jefes de la Triple A, fue el encargado de reprimir ferozmente la huelga junto a mil efectivos de la Policía Federal.
El PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), que tenía un importante trabajo entre los trabajadores azucareros desde hacía varios años, había instalado un foco guerrillero en mayo de 1974 y se dieron a conocer tomando la población de Acheral por algunas horas. La compañía Ramón Rosa Jiménez controló parte del territorio durante meses sin que el ejército pueda desarticularlos. Para Santucho, la clave era establecer una “zona liberada” que despertara la simpatía y colaboración de los pobladores provocando el enfrentamiento abierto con las FF.AA y el imperialismo norteamericano. Así, la guerra de guerrillas se transformaría en una guerra de liberación nacional que comprometería a todos los sectores de la sociedad. Un balance más general sobre el accionar del PRT/ERP es que desestimó la importancia de las organizaciones de base y la autodefensa de los sectores de vanguardia (las milicias obreras) por considerarlas políticas espontaneístas, para las bases obreras sólo restaría ser apoyo logístico en las operaciones del ERP recayendo la cuestión militar solamente en las decisiones de la guerrilla. Como ya pudimos ver la insurgencia no tenía su epicentro en el campo sino que desde 1969 los conflictos sociales estallaban en zonas urbanas y fabriles.
La instalación del “foco” en el monte tucumano fue una de las razones que determinó la puesta en escena de uno de los operativos militares más grandes de la historia argentina. Pero el verdadero problema, el que afectaba directamente los intereses de la burguesía era el movimiento obrero combativo que ya no estaba dispuesto a ser contenido bajo las alas de un gobierno democrático burgués disfrazado de popular. El Operativo Independencia fue un laboratorio: si el plan sistemático triunfaba los militares tendrían allanado el camino al poder, esta vez con la garantía de que las grandes empresas y la burguesía las apoyarían. Para enfrentar seriamente el ataque hacía falta una política de autodefensa de las masas obreras, esto no fue hecho por ningún partido que contara con volúmenes de fuerza suficientes para impulsarla, particularmente el PRT y Montoneros.
La “guerra moderna” se exporta a Argentina
Seis mil efectivos fueron llegando a lo largo de las primeras semanas. Acdel Vilas había quedado a cargo de la operación tras la muerte del general Ricardo Muñoz en un confuso accidente aéreo en enero del 75. El “teatro de operaciones” ocupaba por lo menos un tercio de la provincia y las fuerzas militares se dividieron por zona. La Quinta Brigada se encargó de enfrentar a la guerrilla en el monte al mando de Mario Benjamín Menéndez, según los propios documentos del PRT-ERP la compañía tenía entre 100 y 150 combatientes. Los únicos enfrentamientos importantes entre las fuerzas del Estado y el pequeño destacamento del ERP fueron en Manchalá y Acheral. Mientras tanto, Gendarmería vigilaba y reprimía a la población rural y los comandos formados por militares, policías y personal de inteligencia actuaban sobre la población civil en San Miguel de Tucumán y en zonas donde la conflictividad social y obrera era alta: Concepción, Famaillá, Bella Vista y Monteros.
Vilas, entrenado en EE.UU. y ligado a la derecha sindical, era un reconocido admirador de Roger Trinquier, uno de los padres de la teoría de contrainsurgencia francesa, aplicada en Indochina y Argelia. Su libro La guerra moderna (1961) se convirtió en la biblia de los altos militares de todo el mundo y especialistas de la “lucha anti-subversiva”. Para Trinquier el enemigo, léase el comunismo, se camuflaba en la sociedad y para la clave para enfrentarlo era actuar en la clandestinidad, crear campos de prisioneros para su “reeducación política”, torturarlos para conseguir información y actuar psicológicamente sobre la población.
Las FF.AA argentinas pusieron en práctica esta doctrina por primera vez en el Operativo Independencia. Comandos civiles armados integrados por militares, policías y personal de inteligencia se encargaron de secuestrar, torturar y asesinar a cientos de personas de sus casas a altas horas de la noche o en sus lugares de trabajo. En su mayoría fueron trasladados a la escuela Diego de Rojas, “la escuelita” de Famaillá, el primer centro clandestino de detención en el país donde pasaron entre 2.500 y 3.000 personas, la mayoría torturados salvajemente. El Ministerio de Bienestar Social brindó apoyo logístico con automóviles, armas y hombres de la Triple A que actuaron coordinadamente con la Alianza Nacionalista del Norte, su organización hermana en Tucumán. La banda de López Rega se encargaba, junto a la Secretaría de Prensa, de lo que en la jerga militar se conoce como “acción psicológica”, es decir, utilizar los medios de comunicación más importantes para legitimar el accionar del Ejército y realizar tareas de asistencia social presentando al soldado como un “hijo de la patria”. Clarín, La Nación, la revista Gente, Télam, el diario La Gazeta de Tucumán, la televisión provincial, entre muchos otros, se prestaron para desinformar a la población sobre lo que estaba realmente pasando en la provincia. Clarín por ejemplo, luego de iniciado el operativo, publicó en sus quince tapas siguientes las novedades sobre “la guerra en el monte”. Por otro lado el periodista estrella de La Nación- que aún trabajaba para La Gaceta- Joaquín Morales Solá decía desde las páginas del diario provincial: “El ejército distribuye alimentos: harina, conservas, azúcar, aceite en la escuela de Santa Lucía. El hospital está recién pintado por el ejército, y un oficial médico atiende a los aquejados de resfríos y anginas”. Sus buenas migas con algunos oficiales influyentes le abrieron las puertas grandes de Clarín.
Con los meses la “zona de operaciones” se convirtió en un centro de visitas. Primero se presentaron López Rega e Isabel dispuestos a moralizar a los soldados. Al año siguiente, con el golpe consumado, los visitantes se multiplicaron: estudiantes secundarios y universitarios llevados por los colegios, los ministros de Educación, Economía e interior, delegaciones de artistas y deportistas como el boxeador Carlos Monzón (Gente,11/76).
Promotores, colaboradores y víctimas…
El miedo de los burgueses a perder el control de sus fábricas -un golpe a la propiedad privada- y de ver afectadas sus ganancias determinó la aplicación del operativo como prueba piloto para disciplinar a los trabajadores. Un mes después (abril/75) lanzarían en Villa Constitución un operativo similar para derrotar a los metalúrgicos del sur santafesino. Los propietarios del Ingenio Concepción (hoy Atanor) entregaron camionetas de la empresa para realizar operativos y brindaron información de los zafreros organizados, muchos de ellos secuestrados y detenidos por grupos comandos adentro del establecimiento. La Fronterita, además de esto, hospedaba a oficiales importantes, y el ex Ingenio Santa Lucía se convirtió en la base operacional más grande con tres mil soldados.
El otro eslabón en la cadena represiva eran los colaboradores, los funcionales. La burocracia sindical fue uno de ellos. No sólo señalaron y entregaron a quiénes “estorbaban” en las fábricas, también aportaron hombres a las bandas armadas. Cuando a fines de 1975 Vilas es reemplazado por el general Bussi (otro conocido genocida que sería gobernador de Tucumán en dos oportunidades) la burocracia de la FOTIA sacó una solicitada para que aquel se mantuviera en el cargo y lo llamó “ejemplar soldado de la patria”. Meses atrás Vilas les había dicho en una reunión privada que “no permitiría ningún tipo de insubordinación ni huelga que pusiese en peligro la armonía entre el capital y el trabajo”. La burocracia peronista por supuesto festejó. El propio Vilas cuenta en su diario que firmaron una declaración de apoyo a las FF.AA. Jorge Triaca, padre del actual ministro de trabajo, fue otro de los dirigentes sindicales que vitorearon el accionar militar.
La Iglesia fue otra pata esencial. Según el libro Profeta del genocidio de Lucas Bilbao y Ariel Lede Mendoza, cuarenta y tres sacerdotes participaron del Operativo Independencia. Prestaron apoyo espiritual a los soldados y colaboraron en la construcción del relato de la “guerra antisubversiva” desde los sermones de domingo. También el Partido Radical se hizo eco de la medida del gobierno de Isabel y dio el visto bueno, “apoyamos toda medida orientada a purificar la estabilidad democrática del país” dijo un senador bonaerense (14/2, La Gaceta), mientras que Balbín pedía a gritos que los militares actuaran. Esta tríada continuó colaborando con la dictadura: Los curas bendecían al golpe desde las Iglesias, la burocracia actuando como correa de trasmisión de los intereses de la burguesía y los radicales y el PJ pusieron a cientos de intendentes y funcionarios.
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El genocidio de Estado en Argentina tuvo un carácter de clase, como puede verse con tan sólo conocer el verdadero blanco de este plan represivo. En la megacausa del Operativo Independenciaque se inició en mayo del año pasado, y todavía continúa, se contabilizan 270 víctimas, aunque con la apertura de los archivos se podría comprobar que fueron muchos más. La mayoría de los registrados eran trabajadores, estudiantes, militantes políticos y sociales. Solamente en Concepción y la Fronterita se registraron por lo menos 50 víctimas. El mismo estudio registró que en ese momento aumentaron los ritmos de explotación en ambos Ingenios. En la causa hay apenas dieciocho imputados cuando el número de soldados que participaron del proceso fueron seis mil, Vilas y Bussi murieron sin recibir condena. Además, entre los acusados no hay ningún empresario, sacerdote o burócrata demostrando el pacto de impunidad que se mantiene hasta hoy.
El genocida y ex Jefe del Ejército del kirchnerismo, César Milani quién quedó detenido por las causas que se investiga las detenciones ilegales y torturas de Pedro Olivera y de su hijo Alfredo Ramón Olivera, y de Verónica Matta, ocurridos en La Rioja durante la última dictadura cívico-militar. Hace pocos días también fue procesado por la desaparición del soldado Alberto Ledo. Una vez más fue gracias a la lucha independiente que ejercieron familiares y sobrevivientes junto a organismos de derechos humanos y de los partidos políticos de izquierda la que hizo posible que la detención de Milani se haya hecho efectiva. Pero aún resta que Milani sea investigado por su participación en el Operativo Independencia donde, bajo las órdenes de Bussi, prestó servicios en el Batallón de Ingenieros 141..
Claudia Ferri
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