Separatismo, crisis internacional y disgregación europea

La situación política en España y las consignas del momento

La intervención del Gobierno en Cataluña sobre la base del artículo 155 de la constitución de 1978 y la adaptación de las corrientes nacionalistas a esta acción del poder central siguen en el centro de la crisis política del país planteando la cuestión de la gobernabilidad de España. La movilización en Barcelona el fin de semana del 11 de noviembre por la libertad de los dirigentes nacionalistas presos indica que la acción de las masas no ha muerto pero que ha sido desviada por los hechos y las decisiones políticas de sus dirigentes de sus objetivos iniciales. Casi un millón de personas reclamando la libertad de sus dirigentes presos muestra el vigor de este movimiento a pesar de la espantada de las direcciones del proceso de independencia respecto de sus propias posiciones de proclamar una República Catalana separada de España. El largo proceso de este conflicto no es un rayo en cielo sereno. Se nutre de la tendencia hacia la disgregación del estado español como reflejo de la crisis internacional del capitalismo que ha desatado una lucha de fieras entre las fracciones de la burguesía del estado por la distribución de la renta nacional.
Es una manifestación más de los efectos de la crisis a escala europea. En otro orden de magnitud pero en un mismo contexto se sitúa el referéndum griego el 5 de julio de 2015 convocado por el Gobierno de Syriza y su aliado conservador Anel. Tras un 62% a favor del NO a los acuerdos fiscales que implicaba la ruptura con la Unión Europea (UE), el Gobierno de Alexis Tsipras traicionó ese mandato aceptando un rescate en términos humillantes. El paralelismo con el retroceso nacionalista en Cataluña es inevitable. La ruptura de Reino Unido con la UE es parte de este proceso de quiebra, impulsado por un voto basado en la ilusión de que la salida del bloque va a permitir a los trabajadores británicos recuperar un nivel de vida condenado por los gobiernos laboristas y conservadores. El desengaño de esos trabajadores puede llevar a una nueva crisis al Reino Unido entre otras cosas por las condiciones impuestas por Europa y Estados Unidos a la formalización de esa ruptura. La exigencia de un nuevo referéndum en Escocia por la separación del Reino Unido y la crisis que merodea a Irlanda del Norte por el Brexit son parte de este mismo cuadro. La crisis en Cataluña ha desembocado en la experiencia más intensa de oposición y resistencia al Gobierno del PP como expresión distorsionada de la rebeldía popular, de la que cual sin embargo está ausente el movimiento obrero organizado.
Tras la disipación del movimiento del 15M en 2011 se registró un ataque profundo contra las condiciones de vida de las masas, desahucios en cadena, reformas laborales y jubilatorias, precarización laboral, Expedientes de Regulación de Empleo (Eres), Ley Mordaza, represión y criminalización de la protesta social, en un marco de agudización de la crisis económica. La ofensiva puso a prueba la resistencia de los trabajadores a escala nacional y la disipación del movimiento fue una tarea minuciosa de las burocracias sindicales mayoritarias, CCOO y UGT acompañadas por Unidos Podemos. A pesar de los ataques a las condiciones de vida y salariales de las masas y pese a lo que dicen el gobierno y su oposición -el PSOE y Ciudadanos- la economía tiene un crecimiento agónico y no se recupera. Esto a pesar de una drástica “devaluación interna” producto de una generalizada reducción salarial que sin embargo no ha logrado una mayor competitividad del capitalismo español. Como consecuencia de esta situación los resultados electorales muestran un deterioro del PP con la pérdida de su mayoría parlamentaria, con un centenar de dirigentes y altos cargos de las administraciones del estado y local presos o procesados por corrupción. El PP gobierna con una mayoría precaria gracias al apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE. En este marco de descomposición y en el de la crisis europea e internacional irrumpe el nacionalismo catalán con fuerza como forma de disputar al poder central los recursos regionales por parte de un sector de la burguesía catalana.

La raíz del aislamiento de Cataluña

Como resultado de este cuadro de luchas dispersas en España la resistencia catalana se muestra aislada del resto del país. Este aislamiento es en parte consecuencia de la deserción de las direcciones sindicales y políticas a la lucha de los trabajadores. Se trata de una desmovilización ante las medidas adoptadas por el Gobierno socialista primero y en particular a las del Partido Popular a partir de su triunfo electoral de diciembre de 2011 destinadas a descargar el peso de la crisis capitalista sobre los trabajadores. La ausencia de una dirección independiente de las luchas en el estado español está en el fondo de esta situación.
En el conjunto del estado la irrupción de nuevas corrientes políticas, en particular Podemos, que se ha presentado como la expresión política organizada del movimiento 15M, tras su ascenso electoral en las elecciones al Parlamento Europeo en 2014, han contribuido de forma espectacular al abandono de la movilización de masas como metodología para frenar la ofensiva capitalista sobre los trabajadores. El bloque formado por Izquierda Unida (IU) y Podemos (Unidos Podemos-UP) para las elecciones de diciembre de 2015 se ha convertido en un verdadero cerrojo a la movilización de los trabajadores al crear profundas ilusiones en una salida parlamentaria a la crisis capitalista mediante un Gobierno reformista de izquierda.
Las direcciones sindicales entreguistas vieron la oportunidad de acoplarse a estas ilusiones utilizándolas en su propio provecho para mantener su profunda tregua social con los capitalistas y sus representantes políticos. No se trata de la ausencia de luchas ni de la falta de disposición a luchar. Cuando las luchas aparecen es en contra de las direcciones mayoritarias de los trabajadores, CCOO y UGT y en general impulsadas por activistas nuevos, independientes y sin trayectoria. Podemos e IU se acercan de forma oportunista a algunas luchas para sacarse la foto y lavar su imagen. Mientras, ese activismo nuevo mantiene ilusiones en estos partidos que aún no han sido superadas por la propia experiencia de los trabajadores. Estas organizaciones políticas cumplen con el papel de “corta fuegos” frente a las luchas. Los sindicatos independientes como CGT van a remolque de Podemos y de IU de las ilusiones parlamentarias de forma creciente comprometiendo aún más el futuro de las luchas de los trabajadores.
Durante todo este período, no obstante, se registraron importantes luchas como las de Gamonal, telefónicos, estibadores, Pan Rico, Coca Cola, las huelgas del aeropuerto de El Prat, o las Mareas Blancas en defensa de la sanidad, por mencionar algunas. Estas luchas demuestran que la clase obrera se abre paso a pesar del bloqueo de sus direcciones y de los partidos que se reclaman de la izquierda. Pero son condenadas al aislamiento o lisa y llanamente boicoteadas por las direcciones mayoritarias. La desmovilización respecto de las reclamaciones sociales de conjunto y el aislamiento de las luchas que sobrevienen por la propia dinámica de la clase obrera, constituyen el cuadro de la desmovilización general. Este proceso de concesiones se ha extendido de forma abierta a organizaciones de combate como las Marchas de la Dignidad. En la última Marcha de la Dignidad los sindicatos ‘alternativos’ abandonaron la consigna de huelga general a diferencia de las anteriores movilizaciones.
Por contrapartida a esta situación de aislamiento de las luchas y desmovilización a escala nacional, un sector amplio de la sociedad catalana ha reaccionado ante la crisis económica, la desocupación, la degradación salarial, los recortes sociales, el deterioro de la sanidad y la educación depositando las expectativas de su superación en la creación de un estado catalán republicano independiente de España. Convocados a esta ilusión por los partidos políticos nacionalistas que han sido los gestores de los recortes y la política antisocial en la región han sido partícipes de la convocatoria el 1 de octubre a un referéndum con la pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente con forma de república? La convocatoria atrajo al 43% del padrón electoral con un 90% de respuestas por el sí mediando una fuerte represión y despliegue disuasorio de fuerzas de seguridad. Esta situación ha sido la eclosión de un problema gestado en la región durante los años de la agudización de la crisis capitalista más grande desde 1929. Sin embargo, el objetivo de las direcciones burguesas y pequeño burguesas del movimiento nacionalista son profundamente refractarias a imponer sus objetivos por la vía de la movilización social y han arrastrado a un sector importante de la sociedad catalana a esta batalla con el objetivo de lograr un apoyo social irreductible a sus reclamaciones económicas al Gobierno central del Estado español de una mayor participación en la renta nacional. Pero la convocatoria a la lucha los ha desbordado por completo.

El Gobierno reprime para recuperar el control y el nacionalismo capitula

El Gobierno del PP en una clara manifestación de su incapacidad para gobernar en las presentes condiciones ha apelado de forma creciente al ejercicio de la represión. Tras el 1 de octubre el Partido Democrático de Cataluña (PDeCat), y su socio Esquerra Republicana (ERC), de la coalición de gobierno Junts pel Si, con las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) como comparsa desengañada, han dado una vuelta completa en el aire para decir ante el parlamento regional por un lado que se consagra la República de Cataluña y al mismo tiempo solicitar su suspensión. La actuación estelar estuvo a cargo del presidente de la generalidad de Cataluña, Carlos Puigdemont.
En la medida que sin la votación del Parlamento se puede afirmar que no hubo proclamación alguna y lo que se suspende carece de entidad jurídica material nos encontramos ante un abandono de los objetivos nacionales con los que los políticos de la burguesía y pequeño burguesía regional acaudillaron a la población trabajadora y pequeño burguesía. Frente al movimiento de masas que respaldó la consigna de una República de Cataluña la maniobra de Junts pel Si tiene el objetivo de una derrota pacífica del movimiento popular de independencia para sobre el cadáver de la movilización de masas intentar una negociación extrema con el Gobierno del Partido Popular. Se ha pretendido vender esta estrategia como un camino hacia la independencia que es en realidad una expresión de los límites de la burguesía y pequeño burguesía, su imposibilidad de acaudillar un proceso de autodeterminación. Este fue un intento de negociar con el Estado español un resquicio que les permita su supervivencia política a través de un pacto de estado. La primera respuesta del Gobierno del Partido Popular ha sido procesar a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural.
El siguiente capítulo ha sido la aplicación del artículo 155 de la Constitución disolviendo el Parlamento y por lo tanto al Gobierno de la Generalidad y la convocatoria a elecciones en Cataluña el 21 de diciembre. Por su parte la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidió dictar prisión preventiva incondicional para los ex miembros del Gobierno autónomo de Cataluña y de la mesa del Parlamento materializando todos los despropósitos antidemocráticos del Gobierno del Partido Popular y sus aliados, Ciudadanos y el PSOE. La propia jurisprudencia española sienta el precedente de que ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo tienen competencia ni son el “tribunal natural” respectivamente para entender en una causa por rebelión. Ahora las causas han sido acumuladas en el TSJ con el objetivo de tener la flexibilidad de decisión suficiente ante las elecciones del 21 de diciembre. Esto constituye una manipulación que pasa por encima de la jurisprudencia existente y las normas procesales establecidas y pone de relieve la subordinación del Poder Judicial a los intereses del gobierno torticero de Mariano Rajoy.
El gobierno central determinó la intervención de la autonomía mediante la aplicación del artículo 155 de la constitución de 1978 adoptando al mismo tiempo el criterio de convocar a elecciones autonómicas en el plazo de 51 días en lugar de los seis meses máximos con los que podía contar. El conjunto de las fuerzas nacionalistas y secesionistas de Cataluña, incluida la 'anticapitalista' Candidaturas de Unidad Popular (CUP) no dudaron en prolongar la política que ya habían desplegado en el Parlamento regional y tiraron por la borda sus principios de separación de España para afirmar que presentarían candidaturas a esa convocatoria del 21 de diciembre. De esta forma aceptan la intervención del Gobierno central con la disolución del parlamento regional, aunque digan todo lo contrario, al renunciar a la lucha con la movilización de masas y la resistencia civil. Su objetivo se limita a buscar una nueva mayoría electoral pero el acatamiento en los hechos de la intervención lo que oculta es el abandono de la escisión nacional “bajo la forma de una República”, es decir retroceden de sus posiciones para volver la redil 'constitucional'.
En cuanto al Gobierno la aparente contradicción entre su interpretación liberal del 155 y la de la justicia que encarcela a los consejeros del gobierno autonómico disuelto y procesa a la mesa del Parlament se resuelve simplemente en la cesión a la justicia de la gestión de la represión. El Gobierno y su justicia expresan la tendencia anti democrática subyacente al conjunto de la situación política española que llegará hasta la proscripción de las organizaciones políticas que han acaudillado el proceso secesionista en Cataluña si lo consideran necesario y a la impugnación de candidatos en las listas. Ni al gobierno ni a la justicia se le puede escapar que los partidos nacionalistas aun a pesar de su retroceso respecto de sus objetivos declarados y la huida del presidente Carlos Puigdemont a Bélgica pueden conservar el favor de la mayoría del electorado de la región.
Aunque en una situación pre electoral muy fluida donde el escenario de las coaliciones muta a diario siempre queda la convergencia del voto de estas corrientes a la hora de formar mayoría en el parlamento. No obstante, el retroceso de las corrientes nacionalistas ha supuesto una decepción del movimiento que esperaba la resistencia a estas medidas. En este cuadro la ingobernabilidad del país sigue siendo el foco de las preocupaciones de la burguesía. La aplicación del 155 en estas circunstancias no es una solución estable porque en lo inmediato va a reeditar las condiciones previas al referéndum del 1 de octubre que pese a su ilegalización y la represión policial contó con una muy alta participación del padrón electoral de la región.
Tanto el PdeCat como ERC han señalado, a raíz de la ofensiva represiva, que lo que está a la orden del día es la lucha democrática contra el Gobierno central en las elecciones autonómicas y la búsqueda de un frente republicano a escala nacional. Esta es de hecho una invitación a las corrientes contrarias a la separación como Catalunya si que es Pot para una actuación electoral conjunta. De esta forma las corrientes nacionalistas han hecho abandono de su consigna de una república burguesa catalana independiente de España y dentro de la Unión Europea y la OTAN retirándose de la primera línea de choque con el estado burgués español, aunque dejando en el aire la amenaza de su mayoría electoral. El frente independentista se descompone víctima de una profunda crisis en vez de hacer un bloque para boicotear las elecciones, rechazando la ofensiva del gobierno central. Se da la paradoja de un movimiento independentista dirigido por la pequeño burguesía que en su apogeo encuentra a ésta en un proceso de profunda crisis ante la movilización que ella misma impulsó.
Por su parte el Gobierno en su afán por restablecer la gobernabilidad de Cataluña y por lo tanto de España, ha manifestado una tendencia incipiente a instituir una experiencia bonapartista por delegación del verdadero orquestador de la situación nacional: el rey Felipe VI. El monarca como jefe de las fuerzas armadas y al mismo tiempo como representante del sentimiento de los generales es la figura que sobrevuela esta crisis y marca los límites de las concesiones políticas poniendo de relieve la impotencia y falta de autonomía de la burguesía española. La retirada de las fuerzas nacionalistas de sus objetivos de escisión y la profunda reacción represiva del Gobierno con el telón de fondo de las elecciones a la autonomía de Cataluña el 21 de diciembre han modificado el eje de la situación política y las consignas inmediatas de la lucha por la independencia política de los trabajadores.

Las elecciones del 21 de diciembre y los CDR

Tanto el PdeCat como ERC y en un segundo plano vergonzante la CUP han modificado su estrategia y afirman que ahora es necesario construir una mayoría social sececionista y republicana, de la que dicen carecían antes, durante y después del 1 de octubre, como condición para volver a luchar por la independencia de Cataluña. Ante el abandono por sus propios promotores del movimiento hacia la independencia se presenta para los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) que agrupan el activismo más decidido en Cataluña la necesaria redefinición de sus objetivos. Los CDR son de hecho un frente de lucha por objetivos democráticos radicales que no representan de forma completa los intereses de los trabajadores, pero dentro de los cuales es necesario librar una batalla por una política independiente de la clase obrera contra la burguesía de Cataluña y del resto del Estado español. La CUP, ERC y PDeCat quieren convertir a los CDR en la cantera de sus fiscales de mesa para las elecciones del 21 de diciembre degradando por completo su naturaleza.
Las elecciones convocadas por la aplicación del artículo 155 por el Gobierno del Estado deben ser denunciadas por antidemocráticas. Parten de la negación del ejercicio del poder legalmente constituido del Parlamento Autonómico y el Gobierno de la Generalidad disueltos. Y son convocadas para desmontar el proceso de independencia, ese es su sentido. Su objetivo es reafirmar el régimen de la monarquía y cortar el proceso independentista, aspiraciones que ya ha alcanzado de forma parcial merced a la capitulación de las fuerzas nacionalistas. Como lo demuestran las posiciones de PDeCat, ERC y CUP estas organizaciones han aprovechado el 155 como el puente de plata que le ofreció el Gobierno para retroceder del camino secesionista que habían emprendido y que jamás estuvo realmente en sus intenciones.
Este proceso electoral por lo tanto debió haber sido denunciado, rechazado y boicoteado por las direcciones nacionalistas si hubieran hecho frente a la ofensiva del Gobierno con la movilización de masas y la resistencia civil en lugar de capitular ante el centralismo. Pero la aceptación de estas elecciones sin solución de continuidad entre el proceso de independencia hasta las urnas del 21 de diciembre ha encendido la chispa de las ilusiones democráticas en parte de la población que las ve como una oportunidad de revancha contra el 155. Ante el abandono de quienes debían haber encabezado el boicot a las elecciones y el renacer de las ilusiones democráticas como forma de reanudar el enfrentamiento con el centralismo español las corrientes que se reclaman revolucionarias tienen el deber de proponer una intervención decidida para denunciar tanto el avasallamiento del Gobierno central como la vía muerta del nacionalismo pequeño burgués. Las corrientes que se reclaman revolucionarias deben proponer un frente de los CDR, los sindicatos clasistas combativos y las organizaciones de izquierda para constituir una lista electoral que denuncie la esencia antidemocrática de las elecciones, con el programa de la libertad de los presos por luchar en Cataluña y España, por una Asamblea Constituyente soberana y una federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas.
El Gobierno no ha podido desmontar de momento la resistencia masiva de la sociedad a la escalada antidemocrática como se demuestra a diario en la región. El gobierno central y la monarquía van a por todas: no sólo derrotar el independentismo sino pasar la aplanadora montado sobre esta ofensiva merced al apoyo del bloque “constitucionalista” con el PSOE y CD’s en todo el territorio. Se trata además de salvar su propia piel de una descomposición inexorable en el marco de la crisis del capitalismo español inmersos en un mar de corrupción. La consolidación de un triunfo del gobierno en Cataluña sería un retroceso que se extendería a todo el territorio español, por el contrario una derrota sería un duro golpe a su giro derechista y represivo, al régimen y a la monarquía. Una situación de esa naturaleza establecería las bases para una recuperación del movimiento obrero, la expulsión de sus direcciones traidoras y la clarificación política en la izquierda sobre la necesidad de construir una salida obrera a la crisis. La posibilidad de un triunfo del Gobierno no está aun planteada porque la resistencia de la sociedad a las pretensiones del centralismo español sigue en pie a pesar de la aceptación de una salida electoral por parte de sus direcciones. Pero esta resistencia no es ya la ofensiva directa manifestada hasta la disolución del Parlamento autonómico y los CDR están sumidos en la desorientación y sin una política alternativa para constituirse ellos mismos en la dirección del movimiento de resistencia. Ante esta situación nuestra propuesta es que los CDR se separen de los partidos nacionalistas se pongan al frente de la organización de la lucha y llamen a la formación de una alternativa electoral constituida por un frente de los CDR, los sindicatos de clase combativos y las organizaciones de izquierda.

La lucha por una asamblea constituyente soberana

La esencia antidemocrática del artículo 155 surge de su naturaleza contradictoria contra la propia constitución. Esto es que el ordenamiento del Estado incluye la posibilidad de revocar las libertades que instituye para establecer un estado de excepción. Todas las constituciones burguesas son en última instancia contradictorias en sus propios términos porque no garantizan el ejercicio de la soberanía popular. La única vía de superar esta limitación es mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana. La lucha por una Asamblea Constituyente soberana es la consigna democrática por excelencia dentro de la democracia capitalista en tanto que supera el terreno electoral y parlamentario al poner por encima de todo el debate qué estado queremos y pone de relieve la incapacidad del conjunto de la burguesía y sus partidos de plantearse realmente una salida democrática. Las pretensiones de reforma constitucional invocadas por el PSOE y Podemos, y el acuerdo Partido Popular - PSOE para una reforma constitucional se aleja de toda posibilidad de decisión soberana porque parte como principio del mantenimiento de la naturaleza del estado español: la monarquía como jefatura del estado y un régimen parlamentario sometido a la misma. El Partido Popular ha tardado poco en esterilizar la comisión parlamentaria que debe estudiar esa posible “reforma” para convertirla en un instrumento inservible.
Nos encontramos por lo tanto ante la peor crisis del régimen de la transición donde el movimiento independentista catalán enfrentó al régimen monárquico y se postuló como director de un proceso hacia una república catalana independiente. Aunque las fuerzas nacionalistas hayan retrocedido ahora de ese extremo, es decir de la independencia nacional, la intervención del Gobierno ha desatado una profunda lucha democrática radical de la que el frente nacionalista no puede sustraerse totalmente porque supondría su aniquilación. En estas condiciones no hay tercera posición, o se está con la monarquía y su “legalidad” o nos ubicamos en el campo de la lucha de los trabajadores catalanes contra el poder central como una vía por la lucha para terminar con todo tipo de opresión incluida la propia burguesía catalana y la del resto de España en el combate por una Federación Ibérica de Repúblicas Socialistas.

El papel de las izquierdas

El rol de la izquierda parlamentaria en el conflicto catalán ha dejado al desnudo sus posiciones en defensa del régimen monárquico. Por un lado el rearme del PSOE que venía en caída libre en torno al liderazgo de Pedro Sánchez ha entrado en crisis al quedar el partido en un bloque con el PP contra los trabajadores y el pueblo de Cataluña sin poder diferenciarse de la derecha que dice combatir. Su desbarranque será comparable al Pasok griego. Por el lado de Podemos e IU, que no logran tener una posición común, pretenden infructuosamente mostrarse como una tercera vía con nulos resultados ya que tuvieron que salir a plantear abiertamente su oposición al independentismo su ambición “pactista” y “legalista” para resolver las disensiones internas provocando fracturas y expulsiones. También en este proceso quedó demostrado que la tentativa de prácticamente toda la izquierda marxista de corregir o torcer la política de Unidos Podemos no sólo es inútil sino que sirvió para confundir y bloquear un agrupamientos de izquierda revolucionario. Nuevamente quedó demostrado que la política de Podemos e IU es contrarrevolucionaria.
Junto con los partidos o grupos marxistas las organizaciones sindicales como CGT o como las Marchas de la Dignidad y otros agrupamientos de lucha también han reconducido su estrategia al apoyo a Podemos retirándose en algunos casos inclusive de la lucha reivindicativa y democrática mediante los métodos de clase. Las dos principales centrales sindicales CCOO-UGT están en bloque con el gobierno contra el independentismo. Hay que señalar que todas las corrientes y sindicatos frente al tema catalán presentan crisis en su interior que se expresan en distintas posiciones ante el tema.
La cuestión catalana al ser el eje de la situación política en España pone todas las contradicciones a la vista. Están además las corrientes que se han disuelto de forma oportunista en el nacionalismo radical catalán haciendo un “entrismo” en las CUP, mientras otras llaman a las CUP a cambiar su política de adaptación a la burguesía catalana alimentando también la ilusión de corregir el rumbo de los 'anticapitalistas', cuando se revela su mayor capitulación. Mientras, algunas organizaciones que se reclaman revolucionarias proponen la independencia de Cataluña respecto de España como República Socialista con lo cual se han convertido en el rastrillo de izquierda de la pequeño burguesía nacionalista atrayendo a los trabajadores hacia un espejismo que se desmorona junto con la propia deserción de las corrientes nacionalistas pequeño burguesas. La consigna de “Cataluña será una república socialista o no será nada” es un verdadero engaño a los trabajadores en tanto que la dirección del movimiento se orientaba hacia una república burguesa tan inviable por la oposición de la UE y la OTAN como inviable es la idea de una república socialista catalana sin el apoyo del resto del proletariado español. Ahora, en la línea de esta capitulación corrientes que se reclaman revolucionarias piden a la CUP una candidatura en defensa del referéndum del 1 de octubre en las elecciones del 21 de diciembre cuando esas elecciones son precisamente el acta de defunción del Referéndum. La única consigna que reafirma la independencia de clase en la crisis de Cataluña es la de Federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas.
También hay organizaciones de izquierda que alertan del avance de la derecha, del giro derechista de la situación política, lo cual por un lado es cierto como expresión de la polarización social y de la campaña del gobierno y sus aliados y de la parálisis de la izquierda y de las direcciones sindicales. Sin embargo no hay un avance del fascismo. Es el propio aparato del estado el que ejerce la represión. Es necesario situar este argumento en sus términos reales: es utilizado para sostener que estamos ante un retroceso y poder llamar al repliegue. Hay que desenmascarar estas posiciones que son paralizantes y actúan como auxiliares de la política del gobierno. La ofensiva del gobierno y de la derecha no tiene sustento porque no puede resolver las causas del profundo descontento social salvo por la vía de la represión y esta a lo que convoca es a una lucha por las reivindicaciones democráticas y no a un repliegue. Los trabajadores y sectores de las clases medias -no importa cuantas banderas españolas hayan puesto en sus casas- que aún no ven claro lo que se juega en este enfrentamiento harán su experiencia rápidamente pero para esto hace falta construir una alternativa de izquierda independiente.

Las tareas ante la crisis en Cataluña y en España

Es en este contexto en el que se debe medir la intervención de un partido independiente de la clase obrera. La crisis catalana ha expuesto a la luz de la realidad que cualquier lucha consecuente por la independencia y la república sólo puede tener éxito en el marco de todo el estado español uniéndose a la lucha de los trabajadores de toda la nación por sus reivindicaciones sociales y por una federación de repúblicas socialistas ibéricas. Esto plantea en primer lugar la necesidad de una nueva dirección de las luchas de los trabajadores, de la juventud, los estudiantes y los sectores populares independiente de la burguesía, ajena al reformismo y las corrientes nacionalistas.
El proceso electoral del 21 de diciembre tiene implícito nuevas contradicciones en la vía de la lucha democrática. El Gobierno quiere forzar que las listas de las formaciones nacionalistas excluyan a los dirigentes encarcelados. Las listas electorales van a estar de hecho bajo la tutela judicial y serán los juzgados los que impugnen ante la Junta Electoral Central la presencia de los dirigentes encausados por el delito de sedición. Esquerra Republicana de Cataluña anunció que sus listas estarán encabezadas por Oriol Junqueras y los restantes dirigentes presos de esa formación. Pero Oriol Junqueras ya ha dado un paso atrás y ha propuesto como cabeza de lista a una dirigente que no está procesada. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya expresó la opinión del Gobierno: los encausados por sedición no pueden formar parte de las listas electorales. Las formaciones nacionalistas acatan la señal y sus dirigentes emprenden la retirada.
Estamos desde luego ante una ofensiva antidemocrática por la que se pretende regimentar esas elecciones y sustraerlas de la esfera de la voluntad popular para disciplinarlas de forma completa al pacto PP-PSOE-Ciudadanos. Una posición socialista revolucionaria, de independencia de clase, pasa por rechazar esas limitaciones antidemocráticas, y la exigencia de una asamblea constituyente realmente soberana en la que se debata la organización del estado español. Los socialistas revolucionarios vamos a proponer en esa asamblea constituyente una república socialista federativa en la que las naciones ibéricas puedan tener una expresión independiente.
El endurecimiento de la legislación penal con la creciente criminalización de la protesta social es un proceso de larga data en España en el que se han sumado los esfuerzos del PSOE y del PP de forma alternativa. La tendencia hacia la regimentación policial de la sociedad y la aplicación arbitraria del arsenal judicial contra las disidencias políticas y sociales es una escalada que amenaza toda expresión de independencia de clase y abre la puerta a la aplicación de graves figuras penales a cualquier forma de resistencia civil y métodos de lucha propios de la clase obrera como las ocupaciones de fábricas mientras el derecho de huelga se ve seriamente limitado por las crecientes exigencias de servicios mínimos que pretenden esterilizar ese método de lucha. Las cárceles españolas tienen muchos presos por luchar y dirigentes populares y sindicales están amenazados con la cárcel. La aplicación torticera del arsenal judicial en Cataluña es la manifestación a un nivel más elevado de este proceso bajo la forma de un intento de superar la crisis de gobernabilidad por una incipiente evolución bonapartista del régimen en un intento de sostener una monarquía cuyos apoyos son los partidos burgueses y no los trabajadores o las clases populares españolas.
El gobierno se encuentra en una lucha “contra reloj”: tiene que hacer retroceder al movimiento de resistencia, aplastar la movilización de masas en Cataluña antes que en el resto de la Península aumenten los conflictos contra su política económica que confluirán naturalmente con las movilizaciones catalanas. También el avance de las denuncias de corrupción contra el PP que ya tocan directamente a Rajoy apuran la intervención del gobierno.
La etapa de lucha que se abre tras los acontecimientos de Cataluña desde el punto de vista de la independencia política de los trabajadores se debe centrar en la Derogación de la legislación represiva, la Libertad de los dirigentes sociales y políticos catalanes presos y de todos los presos por luchar en todo el estado español, Denunciar la naturaleza antidemocrática de las elecciones del 21 de diciembre a través de una lista electoral formada a partir de un frente de combate de los CDR, partidos de izquierda y organizaciones sindicales clasistas, Por una Asamblea Constituyente de todo el estado español, Por un gobierno de los trabajadores, Contra la monarquía, Por una Federación Ibérica de Repúblicas Socialistas, Contra la ley mordaza, Las reformas laborales antiobreras y retaceos jubilatorios, Contra los ajustes y despidos, Pleno empleo para todos con salarios dignos. En este sentido consideramos una tarea progresiva un frente de las organizaciones de izquierda, los sindicatos combativos, los CDR, y otras organizaciones de luchadores como alternativa al independentismo de la pequeño burguesía y la burguesía catalana. Un frente que se pronuncie por la unidad de los trabajadores de la Península y por una salida socialista.
Llamamos a los luchadores por la independencia política de los trabajadores a la formación de una verdadera plataforma de combate por un política obrera independiente de la burguesía y la burocracia en el camino de un partido obrero.

Grupo Independencia Obrera
27 de noviembre de 2017