Después de las movilizaciones multitudinarias de este miércoles y del inmediato veto presidencial posterior, la hoja de ruta del conflicto universitario anuncia dos pasos que parecen descontados. En primer lugar, se convocó a una sesión especial del Congreso para rechazar el veto presidencial. Milei no solo no contaría esta vez con los votos radicales que lo apuntalaron en el caso de la ley jubilatoria -tampoco con al menos una parte de la bancada del PRO. En Senadores, y después de las 150.000 personas que marcharon en Córdoba, hasta el mileísta Luis Juez se ha acordado súbitamente de sus “deberes con la universidad pública”.
Pero si los cómplices de Milei se preparan para rechazar el veto, lo hacen a sabiendas de lo que ocurrirá a renglón siguiente: el gobierno va a desconocer la ley promulgada, remitiendo cualquier discusión sobre los recursos universitarios al presupuesto 2025, por un lado, y a las paritarias con los gremios docentes y no docentes, del otro.
El previsible ninguneo de la ley de “financiamiento” tiene un fuerte y reciente antecedente en el incumplimiento, por parte de este gobierno, de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología de 2021, que prevé un escalonamiento de gastos “hasta que el rubro represente en 2031 el 1% del Producto Bruto”. Interrogado por los recortes impuestos por el gobierno a esos gastos, Guillermo Francos y la Secretaría del área señalaron que “su texto (el de la ley de la Ciencia) no prevé sanción alguna al Poder Ejecutivo en caso de incumplimiento” y que “simplemente faculta al jefe de gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos”.
Con este u otros argumentos, el gobierno desconocerá a la ley que “encomienda” al gobierno aumentar los salarios universitarios. En cuanto a la remisión del punto al presupuesto 2025, el proyecto presentado por el gobierno consolida el brutal recorte a las universidades. Aunque el debate parlamentario modificará en algo esa situación, ello sólo valdrá para los recursos generales de las universidades y no para establecer aumentos salariales, que continuarán dependiendo de la paritaria.
Parlamentarización
Así las cosas, la lucha universitaria se ha metido en una encerrona que no es nueva, y que ha caracterizado a otros grandes conflictos educativos. En el cuatrimestre pasado, la gigantesca movilización del mes de abril le impuso al gobierno un aumento de recursos universitarios que fue a parar a los gastos generales que manejan los rectores. Pero los salarios docentes y no docentes quedaron hundidos en una pérdida del orden del 50% respecto de noviembre de 2023. El segundo cuatrimestre comenzó con una enorme inquietud salarial y un fuerte paro de tres días. La lucha, sin embargo, quedó supeditada a la ley de financiamiento aprobada por los Diputados con la anuencia de los rectores, la oposición dialoguista, el FITU y las burocracias sindicales de las federaciones docentes y no docentes. La perspectiva de una huelga por el salario quedó supeditada a los vaivenes parlamentarios del proyecto de “financiamiento”. La “segunda marcha federal”, largamente anunciada, se fue postergando semana tras semana. Una vez concretada, no buscó la Plaza de Mayo para reclamar por los aumentos salariales, sino que se dirigió al Congreso a pedir la “insistencia” de una ley que el gobierno va a ningunear.
Así, lo que había arrancado como una vigorosa lucha salarial terminó encapsulada en una tramitación parlamentaria, en favor de una ley de redacción difusa y resultado incierto. Es el camino que ya recurrieron en innumerables oportunidades las burocracias docentes, con resultados más o menos similares. En los años 90 y 2000, se votaron leyes de “financiamiento” que, con similares exhortaciones a las de la ley actual, establecían porcentuales del PBI para la educación “como un todo” o “encomendaban” al Ejecutivo recomposiciones de presupuestos. Después de todas estas leyes de financiamiento, la situación de los salarios docentes de todos los niveles -y no sólo ahora- nos exime de todo comentario. En la misma línea, las burocracias estatales y docentes suelen disimular la ausencia de una lucha por las consabidas movilizaciones al Congreso cuando se discuten “presupuestos”, que jamás incluyen una pauta salarial concreta.
En esta historia de maniobras contra los salarios, la única novedad en este conflicto es la complicidad del FITU y del aparato del PO en la operación distraccionista. En el pasado, el PO las denunciaba, y llamaba a la docencia a levantar un pliego claro y una lucha por el salario docente como el primer planteo de una defensa de la educación pública.
Al tiempo que anticipa que ninguneará la ley de financiamiento, el gobierno reiteró que derivará la cuestión de los salarios universitarios a la paritaria. Allí, se servirá del empantanamiento legislativo para ofrecer alguna “salida” ruinosa, que cristalice la confiscación salarial operada en estos meses. En definitiva, la propia ley de “financiamiento” ofrece a la paritaria como “alternativa” para fijar los salarios de docentes y no docentes. Moriñigo, el secretario del consejo de Rectores, adelantó que el 5.8% ofrecido a los docentes es “insuficiente”, pero las cosas cambiarían si se reiterara esa cifra durante tres meses sucesivos. Descontando la inflación esperada de esos mismos meses, la “contrapropuesta” implicaría un aumento real del 10% frente al 50% de pérdida salarial incurrida.
Las centrales sindicales universitarias, mientras tanto, juegan a no ver lo que tenemos por delante -insistencia, ninguneo, “salida” salarial miserable. Es necesario que este escenario político y sindical se discuta abiertamente en las asambleas docentes. Para salir del atolladero legislativo, hay que recuperar nuestro pliego: en lugar de ambiguos “financiamientos”, reclamar el 50% de aumento salarial para todas las categorías; ningún cargo simple por debajo de la canasta familiar; recomposición similar para las becas estudiantiles y reinstalación de todos los cursos y cargos caídos por los recortes. Este programa, que es también una estrategia antagónica a la encerrona de estos meses, debe ser la base para un plan de lucha y una huelga educativa que arranque los reclamos planteados.
Marcelo Ramal
03/10/2024
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