Desde documentos de las Madres de Plaza de Mayo de La Plata hasta información sobre hospitales o el Poder Judicial provincial.
A partir de este viernes, investigadores y activistas de derechos humanos podrán acceder de manera online al catálogo de documentos que almacena el Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Buenos Aires, que no solo resguarda información sobre el terrorismo de Estado sino que también lo hace sobre la búsqueda de justicia.
“En un contexto donde el Gobierno nacional busca revivir discursos negacionistas y reivindicar el terrorismo de Estado a través de anuncios engañosos, el Estado bonaerense reafirma y fortalece su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, a partir de la publicación de este catálogo del APM para toda la comunidad”, dice Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de Axel Kicillof.
El APM se creó en 2020 para dar cumplimiento a la ley del Registro Único de la Verdad, que consagra el derecho de todo integrante de la comunidad a conocer acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de niños y todo el catálogo de violaciones de los derechos humanos perpetradas en el período 1976-1983.
Desde diciembre de 2023, funciona en lo que fue el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata –que dependía de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército. El Destacamento estaba emplazado en pleno centro platense y, desde allí, se coordinaban distintos operativos.
Desde la web, se puede acceder a la descripción de los más de 30 fondos documentales con los que cuenta el APM. Entre otros, conserva documentación sobre los hospitales provinciales, el Poder Judicial bonaerense durante la dictadura y el funcionamiento de Radio Provincia. Hay también entrevistas registradas por el Archivo Oral, que se creó el año pasado.
El APM también cuenta con información sobre las Madres de Plaza de Mayo de La Plata así como conserva algunos fondos personales. Entre otros, hay documentación aportada por Ana María Careaga, sobreviviente del centro clandestino conocido como Club Atlético y una de las hijas de Esther Ballestrino de Careaga, secuestrada el 8 de diciembre de 1977 de la Iglesia de la Santa Cruz.
En el Archivo también puede consultarse el fondo documental perteneciente a Marta Moreira de Alconada, cuyo hijo Domingo Roque Alconada fue secuestrado y desaparecido en diciembre de 1976. Referente de las Madres platenses, Marta Alconada es recordada por ser quien suplica ayuda a la prensa extranjera que fue a Plaza de Mayo a cubrir su ronda cuando se jugaba el mundial de fútbol de 1978.
Además, está disponible la documentación donada por el abogado Ramón Torres Molina, que presidió el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) hasta 2015 y acompañó como letrado a distintos organismos de derechos humanos.
“Los archivos son un eje central de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, porque contribuyen con insumos para las causas judiciales sobre delitos de lesa humanidad, al desarrollo de políticas reparatorias hacia las víctimas, y porque son esenciales para reconstruir y divulgar nuestra historia reciente”, sostiene Moreno.
El APM está emplazado en lo que era el Destacamento de Inteligencia 101, que funciona actualmente como sitio de memoria.
El 24 de marzo, el Gobierno nacional anunció que enviaría documentación encontrada en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación (AGN). Sin embargo, no se precisó qué documentación era ni cuándo estará disponible. Durante el gobierno del Frente de Todos (FdT), se hizo un relevamiento en la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se creó un programa para analizar los documentos disponibles. En esa línea, la interventora Cristina Caamaño habilitó la entrega de documentación a organismos de derechos humanos y a quienes la requirieron a título personal.
Desde la intervención de la AFI --que continuaron Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi-- se envió documentación a distintos juzgados, particularmente al de Daniel Rafecas, que instruye la investigación sobre los centros clandestinos que regenteó la SIDE –Automotores Orletti y las bases Bacacay.
El Gobierno de Javier Milei dijo que “desclasificaría” información de la SIDE en cumplimiento del decreto 4/2010 que firmó Cristina Fernández de Kirchner para contribuir con los juicios de lesa humanidad. Por ese decreto, se crearon los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) en Defensa y se replicó la experiencia en Seguridad. Patricia Bullrich puso fin a ese trabajo cuando fue ministra de Mauricio Macri. Luis Petri hizo lo propio en marzo del año pasado.
El ANM –que viene afectado por los despidos de trabajadores que sacuden a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– corre riesgo de ser absorbido por el AGN. El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona le anticipó al diario Clarín que no quería “duplicar” organismos.
Se puede consultar el catálogo del Archivo Provincial de la Memoria desde acá.
https://apm.mjus.gba.gob.ar/index.php/
Luciana Bertoia
29 de marzo de 2025 - 00:01
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