En el entorno del 38º aniversario del golpe de Estado que derrocó a Allende, en Santiago de Chile se sucedieron manifestaciones estudiantiles, encuentros regionales por los derechos humanos y manifestaciones duramente reprimidas por los Carabineros. Oculta tras la cordillera de los Andes, la realidad chilena oscila entre una luminosa primavera estudiantil y el otoño de una impunidad que no termina de deshojarse.
Santiago tiene un dulce y primaveral aroma a álamos. Encerrada entre los picos de la cordillera y las sierras de la costa, que lo separan del porteño Valparaíso, a la ciudad no llega la húmeda brisa de la costa y acumula el smog de sus grandes industrias. Las frías mañanas de setiembre se calientan con el sol de mediodía hasta que vuelven a bajar las temperaturas en la tardecita. Son tiempos de las clásicas afonías de estación…
Sin embargo, en Chile, desde hace ya cuatro meses hay una primavera estudiantil y una afonía por protestas que a muchos les recuerda aquellos días en que, dos décadas atrás, la juventud floreció en contra del régimen dictatorial y se rechazó en plebiscito una reforma constitucional que hubiera perpetuado al general Augusto Pinochet en el poder. Aquel “No” emitido el 5 de octubre de 1988 tenía un clima de movilización similar al que hoy viven los trasandinos.
El jueves 8 de setiembre en todas las ciudades de Chile hubo movilizaciones estudiantiles. Sólo en Santiago las protestas se mantuvieron en suspenso. Los jóvenes dirigentes de las principales universidades mantenían dinámicos debates sobre cómo responder a un cronograma de negociación propuesto por el gobierno luego de tres meses de reclamos. Las diferencias tácticas fueron alentadas con subjetividad por los medios de comunicación que informaban sobre el comienzo de una crisis gremial.
Esa mañana en Plaza Italia, un grupo de jóvenes enmascarados realizó una concentración no autorizada (en Chile aún hay que pedir permiso para protestar o para entregar una carta a las autoridades) que fue duramente reprimida por la fuerza de carabineros. Reclamaban justicia por la muerte del joven Manuel Gutiérrez, asesinado por la represión en una manifestación estudiantil de agosto. Las imágenes de pedradas, coches lanza aguas, gases lacrimógenos, corridas y caos se exhibían en los noticieros junto a una apresurada decisión de los docentes de rechazar la propuesta de negociación del gobierno que implicaba un largo y semanal cronograma de discusión.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), reclama gratuidad y calidad en una Enseñanza que sólo recibe un 0,5% de Producto Bruto Interno (PBI) del país, frente a un 15 % que se destina a las Fuerzas Armadas. Se invierte 30 veces más en represión que en educación. El problema existe desde tiempos de Pinochet y no se cambió en los gobiernos de la Concertación encabezados por los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet
La enseñanza, totalmente privatizada, se convirtió en un negocio lucrativo gracias a un sistema de subsidios del Estado, que permite un sistema de especulación por el que quienes pretenden la carrera universitaria deben pagar mensualidades de 400 dólares en una sociedad con un salario promedio de 750 dólares. Más de la mitad de los estudiantes no pueden terminar su carrera y sus familias quedan endeudadas. El 80 % de los universitarios no llega a titularse.
El viernes 9, en la ocupada Universidad de Santiago de Chile (la vieja Universidad Técnica del Estado, UTE, como le siguen llamando los chilenos) se realizó un homenaje al cantante Víctor Jara en el mes aniversario de su asesinato por el régimen militar. En el gigantesco campus coexistieron los estudiantes “en toma” y los miembros de las delegaciones que asistieron al 3º Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia, para debatir –como antes lo habían hecho en Buenos Aires y Montevideo- sobre la impunidad regional de las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras.
En salones contiguos del centro de conferencias, debatían los activistas sociales y los estudiantes. Unos, analizando lo que perdura de un pasado reciente. Otros, elaborando tácticas para elaborarse un futuro. Ambos, coincidiendo en que hay que modificar el presente. Por momentos, era tentador ir a escuchar al vecino. Los jóvenes estudiantes chilenos no desconocen el origen de sus problemas y son duramente críticos con la transición que siguió a la dictadura. El titulo “Justicia en transición” de la reunión latinoamericana les llamaba la atención… “Justicia es lo que necesitamos todos”, comentó uno de los ocupantes.
La protesta estudiantil ha obtenido un apoyo mayoritario (80%) en la población que sufre el lucro en otros escenarios. En la salud, las Isapres (Instituciones de salud previsional) tuvieron un desorbitante superávit del 70% gracias a los contratos del terciarizado sistema estatal. En la previsión social, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) creado en 1981 registran graves pérdidas mensuales por sus especulativas inversiones en la bolsa europea.
La desigualdad social se señala como trasfondo de la crisis que sufre hoy el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en un Chile cuya economía se ha extranjerizado gracias a las políticas neoliberales. Hoy el 70% del PBI del país está en manos de empresas extranjeras y el resto de la riqueza se concentra en una decena de familias encabezadas por el propio Piñera (2,4 billones de dólares de capital, según el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural).
El sábado 10, se difundía la decisión de los estudiantes que, sin rechazar el diálogo con el gobierno, ponían condiciones y prioridades. Exigían que se pospusieron los plazos para el otorgamiento de becas y créditos (de allí salen parte de las ganancias y el lucro de las empresas de estudio), se pospusiera el debate parlamentario de una serie de proyectos de ley sobre la educación (todos ellos profundizan el actual sistema), y se cerrara la llave de recursos para las instituciones que lucran o no dan calidad educativa.
Paralelamente, en el flamante Museo de la Memoria, las organizaciones latinoamericanas por los derechos humanos aprobaban el Compromiso de Santiago, donde se coincidía en la necesidad de terminar con la impunidad regional para cerrar los procesos de transición a una verdadera democracia, fortalecer los sistemas judiciales, denunciar las complicidades de civiles con las dictaduras y plantear sus reclamos, a través de los legisladores presentes, ante la Unión de Naciones del Sur (UNASUR).
Ya nadie recuerda a los 33 mineros que hace un año conmovieron al mundo cuando fueron rescatados con vida en la mina San José. Entonces, el presidente Piñera sacó réditos políticos con su presencia en el lugar. Algo similar quiso hacer con el trágico accidente aéreo sufrido por 21 personas que realizaban tareas de ayuda humanitaria en la Isla Juan Fernández. Los informativos concentraron sus informes en el caso, pero esta vez la presencia presidencial no permitió elevar el bajo 27% de los índices de aprobación de la gestión.
Los medios de comunicación chilenos están concentrados en el grupo de familias adineradas, que favorecieron a la oposición contra los gobiernos de la Concertación. Durante su gobierno, Bachelet terminó por “ganarse” el diario La Nación, que de periódico intervenido por el pinochetismo se constituyó en órgano oficialista de centro izquierda. Al asumir Piñera, el diario cerró y sólo existe una edición electrónica. El gobierno no tiene hoy oposición en prensa. Los titulares de los diarios del día siguiente recordaban el atentado a las torres gemelas de Nueva York. En las portadas no se hacía referencia al aniversario del golpe de 1973.
Ese domingo 11 la Alameda amaneció calma. Es el día en que las familias santiagueñas se concentran en los Moll (Shopping) y quienes sólo trabajan en la capital se quedan en sus hogares, particularmente Valparaíso. La amplia avenida Bernardo O’Higgins (como en realidad se llama) tenía dispuestos vallados en las cercanías de la presidencial La Moneda. La concentración convocada por grupos políticos y sociales en el 38º aniversario del golpe de Estado respetó las vallas y tomó por un delineado camino de calles laterales rumbo al cementerio donde yacen los restos del derrocado presidente de la Unión Popular.
“¡Presidente Salvador Allende!”, grito una voz aguda. ”¡Presente!”, respondió la multitud. “¡Presidente Salvador Allende!”, reiteró. ”¡Presente!”, “¡Ahora!” “¡Y siempre!” “¡Ahora!” “¡Y siempre!”… Las consignas y los cantos no cesaron en la marcha de cinco kilómetros hasta llegar al Cementerio General donde se encuentra el memorial y se había instalado un escenario. Más de 30 mil personas componían la columna encabezada por los familiares de los 3000 desaparecidos y ejecutados por la dictadura.
Tiene 23 años. Es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Feuch). Se llama Camila Antonia Vallejo Dowling y se ha transformado en un ícono de la huelga estudiantil chilena. Ha impactado por su claridad y profundidad al plantear los reclamos de los universitarios, pero además de ser una bella mujer, es afiliada a las Juventudes Comunistas de Chile. Ingredientes suficientes para su mediatización. Ingredientes suficientes para que una funcionaria del Ministerio de Cultural escribiera en su Twitter: “Se mata a la perra y se acaba la leva”.
Acosada por los medios de prensa, protegida por la seguridad de su partido político, Camila marchó junto al resto de los manifestantes, luciendo la camisa granate de la organización. Su agenda la administra una compañera de la Feuch. En los últimos cuatro meses no ha tenido un momento libre. De un debate a otro. De un programa a otro. De una asamblea a otra. Ella responde con una sonrisa a quienes la saludan. Camila lleva en su pecho una foto de Juan Luis Rivera Matus, sindicalista comunista desaparecido en 1975, cuyos restos fueron recuperados en 2001 en una unidad militar, para desmentir la versión oficial del Ejército que lo incluía en un grupo de 400 que supuestamente fueron arrojados al océano.
Cuando la marcha llegaba al cementerio, un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos se les sumaron y encendieron gomas en la calle. Era la señal que esperaba para actuar la fuerza de choque de los carabineros, que a distancia había acompañado a la columna. En segundos se desató la represión. Aparecieron “guanacos” lanzando agua,” zorrillos” tirando gases, cargó la caballería y los “pacos” a la carrera buscaron sus presas. Los encapuchados respondieron con piedras. Los manifestantes se desperdigaron por calles laterales o dentro del cementerio. Las delegaciones extranjeras quedaron encerradas en el vallado del estrado. El caos duró unos minutos. Los suficiente como para mostrar otra realidad chilena.
Los noticieros centrales destacaron los incidentes. Nada se informó de los planteos de los estudiantes o de la lectura del Compromiso de Santiago en el acto. Esa noche en varias poblaciones del entorno capitalino se sucedieron las quemas de gomas y hubo intercambio de disparos, como ocurre todos los 11 de setiembre. En Villa Francia, un ómnibus fue incendiado.
El lunes 12, la ciudad volvió a su normalidad. Algunos comentaban los incidentes del día anterior. Otros, se asombraban ante las declaraciones del obispo evangélico Hédito Espinoza, quien en el Te Deum del domingo rechazó una ley de aborto terapéutico y otra sobre a la convivencia en pareja: “Hoy día se está luchando por la ley de minorías sexuales y mañana tendremos que orientar al pedófilo, a aquel que le gusta el incesto o a aquel que está con la zoofilia”, bramó.
Algunos medios sugerían la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia rechace un eventual pedido de extradición argentino sobre el prófugo juez federal Otilio Romano, quien debe responder por delitos de lesa humanidad en su país. También se especulaba sobre un “canje” por el ex guerrillero chileno Galvarino Apablanza, asilado en Buenos Aires y requerido en Chile por el homicidio de un legislador pinochetista… Santiago tiene un dulce y primaveral aroma a álamos, pero también puede volver a emitir un otoñal hedor a impunidad.
Roger Rodriguez
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