El 16 de agosto de 1990 comenzó la Marcha por el territorio y la dignidad, que llegó a La Paz luego de 34 días de caminata desde el oriente de Bolivia. Fue la primera acción colectiva de envergadura de los pueblos de tierras bajas, la Amazonia y el Chaco, que estaban sufriendo el despojo de las empresas madereras que explotaban los bosques y del latifundio que se expandía sobre sus territorios.
Salieron 300 marchistas y llegaron a La Paz más de 800 de pueblos dispersos en los territorios más diversos: 190 del Parque Isiboro-Sécure, 85 del Bosque Chimán, 135 de San Lorenzo, 82 del Ibiato, 25 de San Francisco, 42 de Santa Cruz y varias decenas de otros sitios donde habitan mojeños, yuracarés, guaraníes, mosetenes y otros, según detalla el libro Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, coordinado por Álvaro García Linera.
Según el autor, hoy vicepresidente, la marcha fue exitosa y tal fue la presión moral de esta inédita movilización que el gobierno tuvo que emitir apresuradamente ocho decretos, entre los cuales se reconocían cuatro territorios indígenas (p. 218). Uno de ellos es el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), de donde procedían la mayoría de los indígenas.
Sobre esta marcha histórica se ha escrito y reflexionado mucho, ya que representó un viraje en la historia social y política de Bolivia.
Uno: es el comienzo de la recomposición del movimiento popular luego de la derrota obrera-minera-sindical de 1985-1986, que abre el periodo neoliberal-privatizador en Bolivia. En 1990 gobernaba Jaime Paz Zamora y el modelo estaba en su apogeo.
Dos: la marcha visibiliza pueblos que durante décadas estuvieron sumergidos y no estaban organizados más que en sus comunidades, pero sobre todo puso sobre la mesa un nuevo tema: los territorios.
Tres: la marcha es una tecnología de protesta más eficaz que los paros, huelgas de hambre y bloqueos, que permite conseguir apoyos a lo largo del trayecto, como ya había sucedido en 1986 con la marcha de los mineros desde Potosí a La Paz, como señala Félix Patzi.
Cuatro: cuando los marchistas llegan a la cumbre que separa el Altiplano de los Yungas y la Amazonia, a cinco mil metros de altitud, se produce un encuentro de hermandad entre los pueblos de tierras bajas y los de tierras altas, aymaras y quechuas. El sacrificio ritual de una llama convoca a la construcción de un país confederado de naciones originarias. Ahí nace la Bolivia plurinacional, 18 años antes de ser reconocida en la Constitución.
Cinco: los pueblos de tierras bajas buscan el reconocimiento de sus autoridades tradicionales y la autorrepresentación política que permita eliminar las intermediaciones étnicas con las que por lo general los pueblos indígenas negocian con el Estado (García Linera, p. 255). Esta revolución teórica y política va de la mano de la demanda de autonomía y autogobierno, como señala Héctor Díaz-Polanco.
Seis: la marcha fue un triunfo, tanto por los decretos que el gobierno se vio forzado a emitir como por el masivo apoyo popular que obtuvo; por haber instalado nuevos temas y nuevos actores en el escenario político. Los pueblos de tierras bajas fueron capaces de marchar contra la corriente neoliberal hegemónica, y en esa resistencia activa se fortalecieron y comenzaron a forjar un amplio frente social que con el tiempo derrotó al modelo.
En los años siguientes se sucedieron varias marchas tanto de pueblos de tierras bajas, que exigían la titulación de sus tierras comunitarias, como de otros sujetos que resistieron el neoliberalismo.
El TIPNIS tiene una superficie de 1.2 millones de hectáreas que albergan bosques húmedos que regulan el cauce de los ríos amazónicos que bajan hacia las llanuras, y es una zona de especies endémicas habitada por 64 comunidades de tres pueblos originarios. Tiene una zona colonizada de 125 mil hectáreas, donde viven unos 15 mil colonos, gran parte de ellos cultivadores de hoja de coca. En 2009 el presidente Evo Morales entregó a los indígenas mojeños, yuracaré y chimanes el título colectivo de un millón 91 mil 656 hectáreas, que beneficia a sus 7 mil habitantes.
En abril de 2010 el mismo gobierno aprobó un préstamo del brasileño BNDES para que la empresa brasileña Constructora OAS comenzara la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de 305 kilómetros, entre los departamentos de Cochabamba y Beni. La obra corta en dos el TIPNIS, forma parte del corredor bio-oceánico de la IIRSA (Iniciativa para la Infraestructura de la Región Sudamericana) y corre en paralelo al bloque petrolero Sécure, sobre el cual la española Repsol adquirió los derechos por 30 años.
El 15 de agosto comenzó la octava Marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas, que está siguiendo la misma ruta de la de 1990. Los motivos no son muy diferentes, los pueblos son los mismos y también algunos de los que marchan. Lo que ha cambiado en dos décadas es que al neoliberalismo privatizador le sucedieron las megaobras de la IIRSA para acelerar la circulación y extracción de bienes comunes. Ya son 524 proyectos, por casi 100 mil millones de dólares, que atraviesan el continente.
El segundo cambio es que ahora son los estados, sobre todo Brasil, a través del BNDES y grandes empresas como OAS, una de las principales contribuyentes en las campañas electorales de Lula, quienes promueven estas obras que aumentan la desigualdad entre pueblos, regiones y países.
El tercer cambio es el del propio gobierno de Evo Morales. Dice que las demandas son innegociables, acosa a las organizaciones en vez de debatir argumentos y enfrenta indios con indios al movilizar a los miembros del MAS contra la marcha. No son los impactos ambientales lo que está en el centro, sino el respeto a los pueblos.
Si la marcha de 1990 marcó el comienzo del ocaso del modelo privatizador, la de ahora puede estar mostrando los límites éticos del proceso plurinacional.
Raúl Zibech
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