El Departamento de Estado registra cuidadosamente las violaciones a los derechos civiles y a las libertades públicas en el mundo entero. Cada año publica un informe en el que figuran las que se perpetran en todos los países del planeta, menos en EE.UU., desde luego. Se encontrarían semejanzas si lo hiciera.
El presidente Obama cerró el 2011 estampando su firma al pie de la Ley de autorización de la defensa nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), que faculta a la Casa Blanca a detener en instalaciones militares sin cargos ni proceso y por tiempo indeterminado a todo sospechado de terrorismo, aunque sea estadounidense. “Aprobé esta ley –dijo– pese a que tengo serias reservas respecto de algunas disposiciones... y quiero aclarar que mi gobierno no autorizará la detención militar indefinida sin proceso de ciudadanos estadounidenses. Creo que ello quebrantaría nuestros valores y tradiciones más importantes como Nación.” (www.washingtonpost.com, 31/12/11)
Lástima que había insistido ante el Congreso para que esa providencia fuera incluida. Washington critica que en países como Cuba, China y Camboya no se respeten, como no se respetan, las garantías legales de los imputados. De Guantánamo a la fecha, en EE.UU. tampoco.
Como su antecesor W. Bush, Obama se arroga el derecho de pasar a mejor vida a cualquier presunto terrorista o instigador del terrorismo. El año pasado autorizó la ejecución extrajudicial del clérigo radical Anwar al Aulaqi, nacido en Nuevo México y asesinado en Yemen por un avión no tripulado. El Departamento de Justicia expidió un memorándum secreto que daba luz verde al acto, del que se encargó la CIA (www.washingtonpost.com, 30/9/11). Más: el mes pasado, funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que el presidente tiene la facultad de dar esta clase de órdenes (AP, 1º/12/11).
Nigeria, Irán y Siria practican estos métodos que el Departamento de Estado enjuicia con razón, son los mismos de las dictaduras militares de América latina y de Israel también, pero sería vano esperar que haya alguna referencia a EE.UU. en sus informes. Es que nadie tiene por qué meterse en lo de uno, especialmente uno.
El ocupante de la Casa Blanca decide si un acusado será juzgado por un tribunal civil o una Corte militar, medida impuesta por W. Bush que Obama observa. Pero Washington denunció a Egipto por mantener dos sistemas judiciales separados, el militar y el civil, para procesar a ciertos imputados, civiles incluidos. Obama amplió el poder discrecional de vigilancia de la ciudadanía que la Ley Patriótica concedió a W. Bush: la NDAA obliga a empresas y organizaciones a proporcionar información sobre las finanzas y contactos de un ciudadano; el uso de las llamadas “comunicaciones de seguridad nacional” permite que, sin causa probable alguna, las instituciones proporcionen datos personales, teléfonos, direcciones electrónicas y otros de cualquier persona, actos que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe. Pakistán y Arabia Saudita se distinguen por un ejercicio similar.
La Casa Blanca suele ordenar la detención de presuntos terroristas con base en documentación calificada de secreta y que no presenta en los tribunales federales porque su divulgación “atenta contra la seguridad nacional”. Esto facilita que muchos casos ni se traten en la Justicia civil y ningún acusado puede probar que no es un terrorista. Hay manga ancha para torturar a los detenidos: con W. Bush se extendió el uso del “submarino”, que levantó protestas en EE.UU., pero Obama declaró en el 2009 que no permitiría que el personal de la CIA fuera investigado o juzgado por métodos que violan el derecho internacional (www.wahingtonpost.com, 17/4/09). Del mismo modo, Irán y Siria se han negado a aceptar investigaciones independientes de denuncias de torturas formuladas contra sus gobiernos.
El aparato interno de seguridad ha crecido en EE.UU. de manera inmensurable. Una investigación del Washington Post determinó que 1271 organismos del gobierno y 1931 empresas privadas se dedican a espiar a la población y se desconoce con exactitud el monto de los fondos multimillonarios destinados a estas actividades. Un ejemplo: los grupos de tareas contra el terrorismo del FBI pasaron de 35 en el 2002 a 106 en el 2010, constituyendo una suerte de Estado secreto dentro del Estado (www.washingtonpost.com, 19/7/10). Es evidente que el viejo concepto del general Eisenhower sobre el complejo militar-industrial ha quedado atrás.
El senador republicano Lindsey Graham sostiene, como no pocos de sus colegas, que tales medidas son la debida respuesta al terrorismo: “La libertad de expresión es una gran idea, pero estamos en guerra”, dijo (www.csnews.com, 3/4/11). Claro que, para la Casa Blanca, el terrorismo nunca se acabará y tampoco esta clase de guerra. Al menos, hasta que EE.UU. termine de invadir países para asegurarse el dominio mundial.
Juan Gelman
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