Ajuste y represión K

Paulatinamente, se ha ido instalando y consolidando una mayor represión por parte del gobierno, el estado nacional y los estados provinciales, contra las protestas sociales. Sin ánimo de ser exhaustivo, y tomando solo los dos últimos años, aquí van algunos recordatorios.
Enero 2010, represión a trabajadores agrarios en Entre Ríos; hubo heridos, detenidos y denuncias de golpizas y torturas en comisarías.
Enero 2010, represión violenta en Salta a estudiantes que protestaban contra el aumento del boleto.
Marzo 2010, represión en Neuquén a una marcha de los organismos de derechos humanos; heridos y detenidos.
Mayo 2010, violenta represión a unos 200 pobladores que exigían la libertad de un dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados, que había sido detenido por la policía.
Junio 2010, un muerto y numerosos heridos en la represión a los manifestantes que protestaban por el asesinato, a manos de la policía, de un joven de 15 años, en Bariloche.
Junio 2010, represión a pobladores indígenas que reclamaban contra los desmontes (destinados a aumentar el área sojera); detenidos y heridos.
Octubre 2010, asesinato de Mariano Ferreyra, con la complicidad de la policía.
Diciembre 2010, tres muertos y varios heridos en el Indoamericano.
Diciembre 2010, represión a estudiantes que protestaban contra la nueva ley de educación provincial, en Córdoba.
Febrero 2011, asesinato de dos jóvenes por la policía, en José León Suárez.
Febrero 2011, violenta represión a ambientalistas y pobladores que protestaban por las mineras, en Catamarca.
Junio 2011, represión a docentes que se manifestaban en reclamo de mejoras, en Santa Cruz.
Julio 2011, represión para desalojar a familias que habían ocupado tierras del ingenio Ledesma, con el resultado de cuatro muertes (algunos militantes de la CCC).
Agosto 2011, represión en Salta contra gente que intentaba ocupar tierras, con cinco heridos y varios detenidos.
Agosto 2011, violenta represión en Tucumán contra pobladores que intentaron ocupar tierras; heridos y detenidos.
Octubre 2011, represión a los jujeños que habían hecho un acampe en Avda de Mayo y 9 de Julio, en Capital, con heridos y detenidos. Los manifestantes protestaban por el estado de terror y la represión que sufrían en su provincia.
Octubre 2011, el gobierno nacional intenta, con la ayuda de un juez, armar una causa contra el dirigente ferroviario de izquierda “Pollo” Sobrero.
Noviembre 2011, un muerto durante la represión a los qom, para desalojarlos de tierras, en Formosa.
Noviembre 2011, también en Formosa, violenta represión, con un saldo de unos 20 heridos, y detenidos contra trabajadores de la Unión del Personal Civil de la Provincia, que protestaban contra el ajuste.
Diciembre 2011, represión a trabajadores que se manifestaban contra el ajuste, en Santa Cruz.
Enero y febrero 2012, represión a trabajadores camioneros en Santa Cruz, con el saldo de numerosos heridos. Represión, con heridos y detenidos, manifestantes (pobladores, activistas ambientalistas, militantes y dirigentes políticos) en Catamarca y Tucumán. Andalagá virtualmente cercada por grupos de choque pro-minería. También represión en Chilecito, La Rioja, donde la gente que festejaba la tradición chaya, y participa de las manifestaciones contra las mineras, fue agredida por la policía con bastones y balas de goma; 20 heridos. Represión en Mar del Plata a militantes de CTA que manifestaban contra el aumento del boleto del transporte público.
Cada uno de estos episodios suma gente a la lista de procesados por la Justicia. Decenas de activistas y luchadores tienen en estos momentos causas abiertas.
Por otra parte, en diciembre de 2011 se aprobó la ley antiterrorista. Esta ley considera que es agravante para cualquiera de los delitos contemplados el que hubieran sido realizados con el fin de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Los críticos señalan que el uso de un lenguaje excesivamente abstracto y de conceptos imprecisos, genera el riesgo de que la Ley se aplique contra las protestas sociales. Los defensores por izquierda de la ley dicen que se introdujo una cláusula según la cual los agravantes previstos no se aplicarán cuando el hecho del que se trate tuviera lugar en ocasión del ejercicio del derechos humanos o sociales, o de cualquier otro derecho constitucional. Pero esto sigue siendo vago (¿cuándo y quién determina si se están defendiendo derechos constitucionales?), y da amplio margen para la criminalización de la protesta social.
Vinculado a lo anterior, acaba de conocerse el llamado “Proyecto X”, una red de espionaje montada por la Gendarmería para detectar y recoger información sobre militantes sociales y políticos. Su existencia fue reconocida por el mismo jefe de Gendarmería, Héctor Schenone. Es que Schenone presentó un escrito dirigido al juez Oyarbide, en diciembre pasado, en el marco de la causa que se está llevando contra dirigentes obreros del pasado conflicto de Kraft. Allí explicó que Gendarmería recopila datos sobre dirigentes, militantes y luchadores gremiales, estudiantiles, políticos. La información recopilada incluye inmuebles, recursos financieros o bancarios, documentos personales y hábitos. Asimismo, los gobiernos de La Rioja y Catamarca han defendido la “necesidad” de hacer inteligencia sobre militantes políticos y ambientalistas (para detectar a los“infiltrados” que vienen a molestar en la provincia, etc.).

¿Qué explicación?

a) Una K explicación

En principio, hay dos maneras fundamentales en que podría explicarse esta sucesión de hechos. Una de ellas, común entre los defensores del gobierno K, consiste en tomar cada caso por separado, o a lo sumo, estableciendo alguna conexión meramente externa entre ellos. La situación política se evalúa poniendo los + y – para operar aritméticamente con los “datos”. Siempre aislados, existentes cada uno en sí mismo, sin posibilidad de que perturbe a los otros. Y lo más importante, sin que ningún hecho “negativo” conecte con la esencia K-liberadora. Así, se garantiza que la cuenta siempre salga bien. Por ejemplo, cada represión en las provincias se explica por las características específicas de los gobiernos o de los policías y jueces involucrados en los episodios. Hace poco Sabatella presentó este argumento; el gobierno nacional estaba libre de cualquier sospecha. Otros casos, (como el Indoamericano), no necesitan muchas vueltas, ya que derivan de la esencia fascista de Macri. En cuanto a la aprobación de la ley antiterrorista, se explicará por las exigencias de la lucha contra el narcotráfico, más alguna imperfección, propia del apuro para votar la ley (nadie es perfecto). Y la inteligencia que hace Gendarmería sobre los luchadores, es un problema de Gendarmería. ¿A quién se le ocurre que la ministra Garré pueda estar involucrada? Una cosa es la ministra de Seguridad, y otra completamente distinta es la Gendarmería. Hay comunicación, pero seguramente será para hablar del tiempo, o de los problemas que tiene River para ascender a la A. Sólo a la prensa desestabilizadora, y a la izquierda funcional a la derecha, se le puede ocurrir establecer alguna conexión.
Pero además, los errores y problemas hay que interpretarlos en el marco de la batalla empeñada contra la “derecha enquistada y retrógrada” (léase Scioli y su banda, intendentes del Gran Buenos Aires, el “aparato” del PJ, y similares). O, alternativamente, en el cuadro de la épica batalla contra los “grupos económicos” (la Barrik no es un “grupo”) y contra el imperialismo en Malvinas. Por eso, y frente a estas descomunales tareas, ¿qué importancia tiene que Gendarmería haga un poquito de inteligencia sobre los troskos? Y así pueden seguir muchos argumentos, igualmente inteligentes. Lo fundamental es mantenerse en el método analítico. Y cuando no se pueda, siempre quedará el recurso de escribir alguna Carta-intelectuales-K, que con su habitual claridad conceptual, despejará cualquier duda de los indecisos.

b) Una explicación desde el marxismo

Frente a lo anterior, habría otra explicación que intenta buscar un “universal” que permita comprender que los particulares y singulares (las políticas ante las manifestaciones ambientalistas, el espionaje X-K, etc.) no son arbitrarios, ni están desconectados. Me apresuro a aclarar: no significa que no haya matices y diferencias. Pero las diferencias (entre Scioli y Garré, por caso) se establecerán en el marco de una identidad común. Esto es, las formas particulares y los singulares tienen que comprenderse a partir de algún principio unificador, que conecta lo que puede aparecer a primera vista como aislado, inconexo.
Pues bien, esta explicación alternativa dice que nuestra sociedad está atravesada por el antagonismo entre el capital y el trabajo. Esto diferencia por el vértice este enfoque del que defienden el gobierno y los militantes K, los partidos de la oposición burguesa y de la clase media semi-izquierdista (estilo partido Comunista). Todos ellos tratan de conciliar al capital y el trabajo. En cambio, y en palabras de Marx, partimos de que “los intereses del capital y del trabajo asalariado son opuestos diametralmente”.
Sin embargo, esto todavía es demasiado general. Por razones que he explicado en otras notas, hoy el conflicto se da en condiciones específicas. El capital necesita bajar los salarios para recuperar competitividad en el mercado mundial, dada la erosión del “modelo” basado en el tipo de cambio alto. La quita de subsidios, el tope a los aumentos que puedan establecerse en paritarias, el veto al salario mínimo logrado por los trabajadores rurales y la negativa a aumentar el mínimo no imponible a las ganancias (impuestos a los salarios), obedecen a esta necesidad. Remarco que es una necesidad del capital “en general”, al margen de que sea argentino o extranjero. No es un conflicto establecido en términos “nacionales” (como pretende Pino Solanas), sino de las dos clases sociales fundamentales. De ahí la conformidad general de la Unión Industrial con el gobierno.
Ahora bien, ¿qué decir del rol del Estado en todo esto? Según la visión “atomista”, el Estado no está conectado (o vinculado) necesariamente al capital, ni a sus intereses. Puede estarlo, como no estarlo; la relación es externa, en este enfoque. La política estatal no está marcada por la necesidad sino, en última instancia, por el personal a cargo (por eso, nada mejor que un izquierdista puesto a funcionario, dirán algunos).
Como muchos ya imaginan, mi visión es opuesta. Bajo el modo de producción capitalista el Estado es,necesariamente, capitalista, y no puede no ser capitalista. Bajo el capitalismo, “el Estado es el instrumento de dominación del capital sobre la clase de los trabajadores” (Altvater, p. 89). Y aunque la adecuación del Estado -sus formas, instituciones, funcionamiento- a las necesidades del capital siempre es problemática, es un hecho también que “el carácter del Estado como Estado burgués impregna -satura- todas sus funciones” (ídem, p. 101). Entre ellas figura, en primer lugar, salvaguardar y mejorar en lo posible las condiciones de explotación del trabajo. Y los funcionarios, aunque reciten la teoría de la plusvalía, actuarán en consonancia con la lógica general.
Lo anterior explica por qué el Estado argentino hoy está desplegando una política acorde con la necesidad del capital. Lo cual no quiere decir que todo lo que hace el Estado (o el gobierno de CK) es simple y directamente funcional a los intereses del capital de conjunto. Por ejemplo, la política de Moreno con respecto a las importaciones es cuestionada por muchos empresarios. Pero no debería concluirse de aquí que el gobierno K está enfrentado al capital (y por eso reprime a los ambientalistas, etc.). Para explicarlo con un ejemplo histórico: el gobierno de Isabel Perón y López Rega fue muy criticado por la clase capitalista, a pesar de que desarrollaba una política ferozmente anti-obrera y de derecha. De la misma manera, hoy decimos que, al margen de tensiones entre grupos y fracciones de la clase dominante, la orientación profunda del gobierno K está determinada por intereses de clase precisos, que no son precisamente los del trabajo. Cuando se está apretando el cinturón de los trabajadores, el conflicto social debe ser desactivado-reprimido-desviado. Para este fin, todo vale: inteligencia e intimidación sobre activistas y dirigentes de izquierda; agitación del nacionalismo y propaganda por la “unidad nacional”; aislamiento de los elementos “anti-patria” y subversivos; palos, gases y procesamiento de manifestantes; amenazas de despidos por parte de las patronales; mantenimiento del trabajo en negro y precarizado para amplios sectores; y un 6,7,8 hablando de cualquier cosa menos del conflicto. En el mismo sentido, reprimir las protestas ambientalistas es esencial, no solo para mantener los negocios mineros, sino también para desactivar toda forma de organización popular (u obrera) que ponga en cuestión el derecho de la clase dominante de decidir qué negocios convienen.
Con esta perspectiva también podemos leer otros conflictos. Por ejemplo, el deseo de sectores pro-K (incluidos funcionarios) de cambiar los métodos de la policía bonaerense no necesariamente está en contradicción con lo que hemos explicado. Una policía que no ampare las redes de prostitución, o no asesine chicos de los barrios pobres, puede tener mayor legitimidad, a los ojos de la población, a la hora de reprimir una manifestación de trabajadores. De la misma manera, se puede entender que algunos hechos son lógicos. Por ejemplo, se ha afirmado que hay una contradicción entre el aumento del 100% de las dietas de los legisladores, y el ajuste (o topes) sobre los salarios que promueve el Gobierno. Pero esto es no entender de qué estamos hablando. El ajuste se hace para aumentar las ganancias de la clase capitalista. Por lo cual, el aumento de los ingresos de los representantes del capital es coherente con la orientación global. No todos somos lo mismo, como se encargó de enfatizar un diputado, en defensa de sus aumentados ingresos.

Difícil coyuntura

En base al análisis precedente, podemos pronosticar que, en la medida en que se incremente el conflicto por el reparto del ingreso, la línea represiva va a continuar, a menos que haya un ascenso de luchas y movilizaciones en defensa de las libertades democráticas. Algunos han señalado que acciones como la encarada por Gendarmería están prohibidas por ley y por la Constitución, y que se puede accionar legalmente. Pero estos son papeles. Lo que suceda efectivamente va a depender de relaciones de fuerza, sociales y políticas. En especial, del grado en que el problema sea asumido por las masas trabajadoras y el pueblo, las únicas que pueden transformar una idea, o una consigna, en “fuerza material”.
De todas formas, hay que ser consciente del punto en que estamos: no solo el Gobierno tiene un amplio respaldo de la población, sino también el apoyo militante de mucha juventud y de sectores que, en otras circunstancias, se hubieran movilizado en defensa de las libertades democráticas. El caso paradigmático es el de Madres de Plaza de Mayo (Bonafini); pero dista de ser el único. Hay que remar entonces desde una posición muy desfavorable (seguramente este mismo texto será considerado por muchos progresistas poco menos que “contrarrevolucionario”). En estas condiciones, la unidad de acción en defensa de libertades democráticas me parece esencial. Aquí no habría que abrigar ningún tipo de sectarismo.

Texto citado: Altvater, E. (1988), “Notas sobre algunos problemas del intervencionismo del Estado”, en El Estado en el capitalismo contemporáneo, Sonntag y Valecillos (edit.), pp. 88-133.

Rolando Astarita