La reciente decisión política de recuperar el control de la emblemática empresa nacional YPF es una decisión soberana positiva que abre expectativas y también numerosos interrogantes, a la par que pareciera insertarse en un nuevo giro en la política gubernamental.
Los hidrocarburos son un recurso estratégico para cualquier país y particularmente para uno como Argentina cuya matriz energética dependen en un 90 por ciento de estos recursos. Así la reapropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en poder de la multinacional Repsol es un avance. Este avance fue obligado por la fuerte caída de la producción hidrocarburífera y su contrapartida, la importación de energía que pegó un salto explosivo de 4.500 millones de dólares en el 2010 a 9.400 en 2001. Alguna estimaciones valúan esas necesidades para el año en curso en no menos de 12.000 millones de dólares, una cifra más que significativa para unas finanzas públicas que ya no nadan en la abundancia.
Un dato adicional es la deuda de YPF, en cuatro años se triplicó mientras que su patrimonio caía un 30 por ciento en el mismo período. La conclusión sale sola, giraba al exterior montos superiores incluso a las ganancias reales mientras que se endeudaba se descapitalizaba y desinvertía.
Un avance con interrogantes
Se trata de un punto de partida que debe ser apoyado, y bregar para que se supere. YPF explica en promedio solo un tercio de la producción hidrocarburífera (33 por ciento del petróleo, 25 del gas, 50 de la refinación) mientras que los otros dos tercios, que también perdieron producción, continuarán la explotación bajo la forma de las concesiones actuales. Este avance es insuficiente porque alcanza solo a una porción de YPF que además como empresa mantiene el status jurídico anterior. De alguna forma se intenta seguir el modelo Petrobras, sociedad anónima mixta con gerenciamiento tipo privado .
Sin embargo Argentina no es Brasil. Para desarrollar la industria, que de eso se trata, necesita un esquema energético a precios subsidiados y diferenciados por sectores de la economía. En otros términos, energía a bajo costo para mejorar los niveles de productividad de los sectores no competitivos.
Cuando tanto se alaba al modelo Petrobrás conviene recordar el papel sub-imperial que jugó, cuando el presidente Evo Morales enviara el ejército a los campos petroleros para garantizar y custodiar su nacionalización, sin olvidar las presiones sobre el gobierno Lula. Cuando el descubrimiento de yacimientos en el lecho submarino profundo, capa pre-sal, el entonces presidente Lula planteó destinar parte de esa nueva renta petrolera a crear un fondo social para financiar entre otros su estratégico programa “Hambre Cero”. Petrobras se negó terminantemente a ceder recursos a lo que Lula respondió proponiendo crear otra empresa petrolera estatal 100 por ciento que administraría todas las actividades del pre-sal. Es un antecedente no despreciable .
Ahora es cuando
Se trata de un avance que hay que superar ya que el proyecto presentado nada dice de los decretos desreguladores vigentes desde los ’90, ni de los contratos de concesión por fuera de YPF, menos aún del concepto de libre disponibilidad del crudo que da plena libertad a los concesionarios, lo que aparece como contradictorio con el objetivo general enunciado: “…lograr el autoabastecimiento y también generar saldos exportables”.
Hay que avanzar sobre la reapropiación parcial de YPF dando de baja la normativa desreguladora del sector, auditando integralmente todas las concesiones y las reservas, terminando con el principio neoliberal de “libre disponibilidad” y avanzar hacia una empresa 100x100 estatal. Pasos necesarios para consolidar el avance logrado que deben inscribirse en un plan energético nacional de larga duración.
Iniciativa y reorientación política
La reapropiación de parte del paquete accionario tiene una dimensión política simbólica que supera el propio acto expropiatorio. Implica por un lado la recuperación de la iniciativa política por parte del gobierno. Conviene recordar que en el primer trimestre del año en curso, con el impresionante 54 por ciento de apoyo en las elecciones presidenciales de octubre pasado recién estrenado, la realidad le cambió la agenda al gobierno.
Como hemos explicado desde esta misma columna este cambio de agenda fue resultado de la combinación del masivo rechazo popular a la megaminería en las provincias del noroeste; la tragedia ferroviaria que sesgó 51 vidas y el reconocimiento implícito de una situación energética que no está colapsada pero si en crisis latente.
Pero junto con la recuperación de la iniciativa la situación pareciera contener un nuevo giro en la política gubernamental. La declamada “profundización del modelo” fue oportunamente reemplazada por la “sintonía fina”, que sin llegar a desplegarse parece ahora haber quedado relegada (congelamiento de la quita de subsidios y su correlato en las tarifas, levantamiento del techo a las paritarias, al menos en el sector privado, nuevo impulso al crédito subsidiado). Este cambio ha sido coronado por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y ahora con la estatización parcial de YPF. Todo rodeado de fuertes definiciones en torno a la defensa del mercado interno, al sostenimiento de la demanda y a la defensa del salario y el empleo frente a la crisis mundial.
¿Todas estas medidas y definiciones implican un nuevo giro en la política gubernamental? Las definiciones del viceministro de economía en su vehemente presentación ante la Cámara de Senadores parecieran indicar que están más emparentadas con la etapa que se abriera con la captura de renta agraria extraordinaria y la estatización de las AFJP que con la sintonía fina.
En este sentido conviene registrar que en el reciente Congreso de Economistas Heterodoxos realizado en esta capital, del que también hemos dado cuenta en esta columna las ponencias más discutidas fueron las que sostenían las tesis de una “Economía tirada por la demanda”. No es de descartar que estos debates hayan influenciado favorablemente en las disputas al interior del gobierno en favor de las tendencias mercado internistas, que pareciera finalmente se han impuesto.
¿Si así fuera, como definir la etapa que ahora se abre? Es temprano todavía, probablemente termine resultando una mixtura de las dos anteriores. Esto parece estar implícito en el propio discurso presidencial: “Ya nadie piensa en un Estado empresario, tampoco ya, luego de lo que pasó en 2008, nadie puede pensar en un mercado que se autorregula sin la intervención del Estado” (Conferencia de la UIA en noviembre del 2010).
Es en esta relación contradictoria, entre una realidad –local e internacional- que empuja cada vez más a una intervención decidida del Estado y un discurso oficial que encorseta esta intervención en sus costados reguladores, que los trabajadores y el movimiento popular deben intervenir. Por que no han de ser indiferentes a como se resuelva esta contradicción, que encierra el debate sobre el rol del Estado y la Cuestión Nacional, tan desdibujada en estos tiempos de mundialización del capital.
Eduardo Lucita
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