La catástrofe de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, con crímenes fatales que golpean fundamentalmente a las barriadas populares, es el producto del avance de la descomposición social que es responsabilidad de todos los gobiernos. La delincuencia y el crimen organizado están metidos hasta los huesos con el poder político y judicial y las fuerzas de “seguridad”, entre ellas la “maldita Bonaerense”.
La amenaza de Milei de intervenir la provincia busca correr la responsabilidad del gobierno nacional de esta crisis. Con esto, que viene de un gobierno acusado por estafa y que está aplicando un enorme ajuste contra el pueblo, busca consolidar un poder personal reaccionario y reforzar el aparato represivo de la Bonaerense para seguir pactando con el copamiento narco.
El principal candidato de La Libertad Avanza de PBA, Espert, es socio de un narco detenido hoy en EE.UU., y su principal aliado, Ritondo, fue denunciado por Arroyo Salgado cuando el abogado que este tenía en su cartera de seguridad bajo el gobierno de Vidal se convirtió en abogado de narcos de la zona norte de PBA.
Es mentira que a la provincia de Buenos Aires la gobierne el “garantismo”. La policía bonaerense la vienen manejando, por designio de Kicillof, Berni y sus sucesores con una línea de reforzamiento y mano dura al estilo Bullrich. La crisis que vivimos es resultado del fracaso de esta orientación. La población carcelaria se duplicó en los últimos 15 años al compás del agravamiento de la descomposición social. El PJ acaba de votar de forma unánime la Ley de Reiterancia para ir masivamente a prisiones sin juicio, derecho a la defensa y sin condena.
En la provincia de Buenos Aires, 6 de cada 10 pibes son pobres. La juventud se encuentra privada del acceso a la educación, privada de un trabajo estable e incluso también del acceso a un programa social. En este medio crecen los consumos problemáticos de drogas legales e ilegales. Esta es la vulnerabilidad en la que se monta un enorme sistema que a cada paso cuenta con la complicidad de algún sector de poder. El golpe del gobierno nacional a los comedores populares, las organizaciones sociales, la salud y la educación le deja el terreno abierto a los narcos en los barrios.
Mientras, el único Hospital nacional de tratamiento de adicciones, el Bonaparte, está siendo vaciado por la política de Milei y tampoco existen dispositivos adecuados en la provincia de Buenos Aires.
La Delegación Tráfico de Drogas Ilícitas de La Matanza tiene condenas por allanamientos ilegales para quedarse con el dinero y la droga incautada ilegalmente. El poder judicial ampara los negociados ilegales. Los vecinos de Franco Vera, asesinado en Morón, denunciaron la connivencia de la Bonaerense con los narcos. Cinco policías bonaerenses mataron al hincha de Alvarado, Matías Paredes, mientras se encontraban de civil portando sus armas reglamentarias. Son botones de muestra de una realidad que abarca a toda la provincia de Buenos Aires.
El circuito de la impunidad se cierra con el lavado del dinero sucio, de la mano de los sucesivos blanqueos de capitales que han impulsado los gobiernos de Macri, CFK y de Milei, quien contó con el votó unánime del Senado para embolsar dólares de la trata, el narco y otros delitos que padecen cotidianamente los trabajadores.
Por eso, el punitivismo fracasó en resolver este problema. La aprobación de las llamadas “leyes Blumberg” bajo el gobierno de Néstor Kirchner -que aumentaron las penas, prohibieron las salidas anticipadas de prisión y eliminaron el beneficio del “dos por uno” que le permitía a los condenados contar doble los días de prisión previos a la sentencia- y el reforzamiento de esta orientación no redundaron en una caída de la criminalidad.
El combate a la delincuencia y el narcotráfico debe partir en primer lugar de un cuestionamiento y enfrentamiento a los principales organizadores del delito desde su cabeza, terminando con la complicidad del poder político, judicial y de las fuerzas de seguridad con las zonas liberadas y la venta de drogas en la provincia. Hay que poner en pie en cada barrio centros de atención integrales contra las adicciones, reforzando la salud, la educación, y terminando con la enorme miseria social que golpea a las barriadas de todo el país. Llamamos a una intervención popular por este programa.
Partido Obrero
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