viernes, diciembre 19, 2025

Presupuesto: los liberticidas no lograron derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario y perdieron la mayoría oficialista


Diputados delegó la deuda pública, la llave del Presupuesto, en manos de Caputo. 

 El gobierno liberticida logró una votación a favor del proyecto de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, en la Cámara de Diputados, pero en contrapartida sufrió una dura derrota al no poder efectivizar que se derogaran las leyes en Emergencia en Discapacidad y la del Financiamiento Universitario, cuyo veto fue rechazado por el Congreso anterior. La sesión de Diputados también truncó el plan del gobierno de darle un tratamiento exprés a las “reformas” que quieren introducir los libertarios, o sea sin pasar por las comisiones. Estas derrotas son interpretadas como un fuerte golpe para la dupla Karina Milei y Martín Menem, quienes estuvieron a la cabeza de las negociaciones para darle mayor contundencia al ajuste fiscal y a la reducción del Estado. Durante los dos primeros años de gobierno de Milei, los liberticidas gobernaron prorrogando los presupuestos previos – una facultad constitucional, y disponiendo de facultades delegadas otorgadas por el Congreso, para llevar adelante un uso discrecional de las partidas.
  Después de más de 10 horas de debate el gobierno logró aprobar la ley de leyes con 132 votos afirmativos (LLA, PRO, UCR, MID y los bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan y Catamarca), 97 por la negativa (Fuerza Patria, FITU, Encuentro Federal y Marcela Pagano, la ex libertaria que integra el bloque País Federal) y 19 abstenciones (Provincias Unidas y Coalición Cívica). Al darse vuelta algunos aliados, la nafta no le alcanzó para que se derogue el capítulo 11 y más precisamente el artículo 75 del mismo, que plantea la derogación de las leyes de financiamiento en discapacidad y universitario, con 123 votos negativos contra 117 positivos y dos abstenciones. Según fuentes periodísticas, Milei estaría dispuesto a vetar su propio Proyecto de Presupuesto y volver a las prórrogas – algo improbable. La inesperada derrota se debió a los votos negativos de los diputados de Tucumán (dos de tres), Catamarca (los tres), Neuquén (Karina Maureria), el salteño Bernardo Biella y el radical correntino Diógenes González, mientras que legisladores de la UCR, Gerardo Cipollini y Darío Schneider, se abstuvieron y se sumó las ausencias de Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID (Letra P, 18/12). O sea que se rompió la mayoría parlamentaria del oficialismo. Una rebelión en el proyecto de escribanía. 
 Pablo Juliano de Provincias Unidas manifestó que “el último mes repartieron 66 mil millones de pesos. Se la dieron a los que mandaron al arco como Osvaldo Jaldo (Tucumán), que recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto. A Jalil le están dando 10.500 millones por mes." (Ídem) Los “esfuerzos” libertarios para comprar voluntades llevó al presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, antes de la votación en general, a formular dos reformas: por un lado, habilitó un fondo especial de $21.347 millones a la "Jurisdicción 5 del Poder Judicial" y por el otro, “facultó al jefe de Gabinete a aumentar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.” Pero las reformas introducidas por Benegas Lynch fueron a parar al capítulo 11 y automáticamente se cayeron. 
 Otro de los puntos fundamentales para el gobierno era el de blanqueo de capitales. Con 130 votos a favor y 107 en contra el gobierno logró que se vote afirmativamente “la modificación del Régimen Penal Tributario, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones y priorizando la intervención penal en casos de mayores sumas. La iniciativa, que lleva el nombre de Presunción de Inocencia Fiscal, también garantiza una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias en el que el organismo auditor presupone lícitos los activos patrimoniales” (Ámbito, 18/12). 
 Avanzando en el desarrollo de la sesión, el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, puso sobre la mesa la designación de los tres miembros para la Auditoria General de la Nación (AGN). La designación de Mónica Almada (LLA), a Juan Forlón (Fuerza Patria) y Pamela Calletti (representantes de las provincias), terminó crispando a Cristian Ritondo, que buscaba uno de los tres lugares para el PRO, Aseveró "que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara", anunciando un resquebrajamiento entre “republicanos” y “libertarios”. A continuación, los bloques de PU, PRO, UCR y FITU se retiraron del recinto. Los que se quedaron sentados, básicamente peronistas, libertarios y provincialistas, votaron a mano alzada a los nuevos miembros de la AGN, quienes, entrada la madrugada, juraron en la misma sesión. La maniobra fue urdida por Martín Menem quien pactó con el kirchnerismo e Innovación Federal (Salta y Misiones). Ritondo y el PRO en su conjunto, podrían enarbolar una de las frases predilectas del presidente: “Roma no paga traidores”. 
 La cuestión del Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal Monetaria que prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, con penas de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación para funcionarios que dicten normas que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados, se cayó por la falta de quórum. Algo más inconstitucional no se consigue 
 El oficialismo tampoco logró progresar en otro de los puntos - la eliminación de ajuste automático por inflación (medida por el INDEC libertario) de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares por inflación, incluidas en el artículo 70 del caído capítulo 11.
 Lo que estuvo ausente en las más de 10 horas de sesión es el tratamiento de la deuda pública, nada menos. Es un aval de hecho a las deudas que tome Caputo para pagar los vencimientos de deuda del año, sea externa como interna. El Congreso renuncia a ejercer una obligación constitucional, lo cual pone por encima de él al Banco Central y al Tesoro. Milei y Caputo necesitan afrontar vencimientos de deuda ‘soberana’ de 2026 y 2027 - entre 35.000 y 52.000 millones de dólares, según quién la calcule. 
 Diputados ha delegado el verdadero poder político en la camarilla de Caputo, o sea del tesorero Bessent y el JP Morgan. La libertad política se ha ido al carajo. 

 Lucas Giannetti 
 18/12/2025

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