Los voceros de Maduro ahora desmienten las filtraciones realizadas el lunes de la semana pasada por Reuters sobre el supuesto contenido de la llamada que tanto Trump como Maduro confirmaron haber mantenido el 21 de noviembre durante 15 minutos.
Según Reuters, en esa conversación Trump le había impuesto un ultimátum a Maduro hasta el viernes siguiente para que dejara el poder. Sin embargo, los comentarios públicos de Trump sobre esa charla se limitaron a decir que “no fue ni buena ni mala, solo una llamada”.
Los voceros del presidente venezolano recién este sábado comenzaron a desmentir la versión de Reuters, al afirmar que la conversación transcurrió con cierta cortesía y que incluso se habló de la posibilidad de realizar un encuentro presencial entre ambos mandatarios. Según esta versión, los trascendidos falsos de Reuters tuvieron por finalidad calmar a los gusanos encabezados por Marco Rubio, furiosos por la llamada.
El gobierno de Trump también quedó en ridículo el miércoles pasado al pedirle al gobierno venezolano autorización para retomar los vuelos de extradición de migrantes venezolanos, apenas tres días después de haber declarado —unilateralmente y fuera de todo derecho— cerrado el espacio aéreo venezolano.
Al respecto, Maduro también tuvo una conversación con Erdogan, el presidente de Turquía, en la que acordaron que retomaría los vuelos, en lo inmediato, la línea aérea de ese país.
Las autoridades venezolanas no ordenaron en ningún momento detener los vuelos y declararon que incluso los bombardeos a las barcazas que ha efectuado el Comando Sur en el Caribe nunca fueron en el mar venezolano, sino en aguas internacionales.
Según voceros del gobierno venezolano, las filtraciones de Reuters también podrían ser una gran cortina de humo para tapar la expropiación y el robo flagrante que tanto los gobiernos norteamericanos como el exgobierno paralelo de Juan Guaidó cometieron sobre CITGO, y que se terminó de consumar esta semana.
El saqueo de los activos venezolanos
CITGO Petroleum Corporation, el principal activo de la República Bolivariana de Venezuela en el extranjero, era la filial norteamericana de Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa de refinación, transporte y comercialización que en Estados Unidos gestiona tres grandes refinerías y una red de 14.885 estaciones de servicio, y que tiene capacidad para refinar 800.000 barriles diarios.
Esta semana, la corte de Delaware —paraíso fiscal sin controles ni impuestos— aprobó la venta forzosa de las acciones de la empresa para repartir el producto de la subasta —con un oferente elegido a dedo— entre múltiples acreedores. El robo fue alevoso, ya que se otorgó al oferente por 5.900 millones de dólares un activo valuado entre 30.000 y 40.000 millones. El proceso judicial en Estados Unidos se originó por demandas de acreedores, encabezados por la minera canadiense Crystallex, que reclamaron indemnizaciones por expropiaciones realizadas por el gobierno de Chávez.
Esta fue la culminación de un proceso de despojo que comenzó con el reconocimiento internacional del gobierno de Juan Guaidó en 2019 por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA. Hay 1.600 personas comandadas por Guaidó y Machado que cobraban hasta ahora sueldos —del dinero confiscado a CITGO— en carácter de miembros del gobierno de Venezuela en el exilio. Recibían un sueldo directamente desde Washington. CITGO es el origen de la fuga de millones de dólares que han desaparecido. No lo dicen los bolivarianos, sino sus propios socios en el negocio. Lo dijo Julio Borges, un exsocialdemócrata de Acción Democrática que, tras saltar por múltiples partidos, finalmente recaló como canciller infiel de Guaidó: “Debemos pasar los bienes a un fideicomiso para evitar que la plata de los venezolanos vaya a las cuentas bancarias de Guaidó” (Tiempo Argentino, 6/12).
La venta forzada de CITGO ocurre cuando ya —pasadas las elecciones— Guaidó y sus funcionarios no tienen argumentos para seguir manejando sus finanzas. A CITGO se suma la expropiación de las 31 toneladas de oro venezolano confiscadas en Londres por el Banco de Inglaterra, el avión carguero de Conviasa confiscado en Argentina por el gobierno de Alberto Fernández y Monómeros, una petroquímica binacional colombo-venezolana usurpada por los gobiernos derechistas de Colombia —y que luego fue devuelta por el presidente Gustavo Petro—.
Crisis en el Pentágono por el asesinato de los náufragos
De los 23 ataques a barcazas que el Comando Sur realizó en el Pacífico y en el mar Caribe, el único que le está trayendo complicaciones a Trump es el del 2 de diciembre, cuando ocurrió un segundo ataque para rematar a dos sobrevivientes que flotaban en el agua alrededor de la barca prendida fuego. Hasta los republicanos están cuestionando este accionar, probablemente porque les permite desligarse de los hechos sin acusar directamente a Trump, ya que, aunque consideren legales los ataques en el mar, atacar enemigos a la deriva es considerado un crimen de guerra.
Todo el asunto es de una hipocresía despampanante, ya que Estados Unidos no le declaró la guerra a ningún país, razón por la cual todos son asesinatos ordinarios; y si lo hubiera hecho, las 83 ejecuciones en su totalidad también serían crímenes de guerra por la desproporción de la fuerza. El Pentágono no ha presentado ni una sola prueba de que alguna de las 23 barcazas haya contado con armas. El argumento que esgrime Washington es que las barcazas transportan drogas letales para los estadounidenses —de lo cual tampoco hay pruebas—, y todas las operaciones estarían avaladas por un memorándum secreto de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia. Pero no hay ni declaración de guerra ni justificación legal para un ataque a gente desarmada y sin pruebas, y absolutamente todo queda desmentido por la capacidad de navegación de las barcazas, que hace imposible un viaje desde allí hasta las costas estadounidenses por la distancia a recorrer.
Sin embargo, la hipocresía de la burocracia norteamericana les permite cuestionar el asesinato de los dos náufragos, lo cual fue suficiente para desatar una crisis que pide un fusible: la pelota se la están tirando entre el llamado “ministro de Guerra” Hegseth, que impartió la orden, y el almirante Bradley, que la ejecutó. Mientras tanto, Hegseth acumula problemas legales y políticos. Además de su responsabilidad en los ataques, una investigación interna del Pentágono lo halló culpable de utilizar la aplicación Signal en su dispositivo personal para transmitir información confidencial sobre operaciones en Yemen, poniendo en riesgo a las fuerzas estadounidenses. (The New York Times, 3/12)
Además, el 12 de diciembre el jefe del Comando Sur debe dejar el cargo, al que ya había renunciado hace meses por desacuerdos con los operativos. Asumirá en su lugar el teniente general Evan L. Pettus, de la Fuerza Aérea. El viernes pasado, el gobierno de Trump publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en la que se refirió explícitamente a la doctrina Monroe —América para los americanos— y habló de frenar la migración indocumentada, combatir el narcotráfico y expandir la presencia estadounidense en el hemisferio occidental. Como para Occidente Trump entiende América, queda claro que Washington profundizará su ofensiva en la región, pero sin cohesión y plagada de contradicciones.
El sábado, miles de estadounidenses se movilizaron contra la guerra en Venezuela. También hubo movilizaciones en ese sentido en Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana, España, Colombia y el País Vasco. En cambio, las movilizaciones convocadas por María Corina Machado a favor de la invasión fueron raleadas de asistentes. Una de las mayores fue en Buenos Aires, con menos de 500 personas, y contó con la participación de Patricia Bullrich, es decir, con el apoyo del gobierno nacional. En Madrid, apenas llegaban a 30. El ataque del Comando Sur en el Caribe no es contra Maduro, sino contra toda América Latina.
Aldana González
08/12/2025
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