En los últimos días el espectacular movimiento de masas que tomó las calles del país mostró su fuerza obligando al gobier
no a responder a algunas de sus demandas. La primera de ellas fue la reducción del reajuste de las tarifas de transporte colectivo en diversas ciudades.
Además, el gobierno federal y los políticos burgueses -repudiados en las calles-, temiendo un desgaste mayor, archivaron el PEC 37 (Proyecto de Enmienda Constitucional), vista por algunos sectores entre los movilizados como un proyecto de garantía de impunidad a los políticos, mientras el corrupto Renan Calheiros, presidente del Senado, en una maniobra para intentar amenizar el repudio a esta desgastada instancia del régimen, anunció que va a acelerar la votación de un proyecto de ley que instituiría el boleto gratuito para los estudiantes.
Gobernadores como Tarso Genro (PT), de Rio Grande do Sul, acordaron y rápidamente encontraron medios para instituir el boleto gratuito para los estudiantes. A eso se suma la prisión (primera desde 1988) del diputado Natan Donadon (PMDB-RO) por desvío de dinero, algo impensable en la coyuntura anterior a las movilizaciones. Fue votada en la Cámara de Diputados una propuesta de destinar parte de los canon del petróleo a la educación y la salud, que ya fue cuestionada en el Senado y está a años luz de distancia de la demanda de 10% del PBI para la educación reivindicada por varios movimientos sociales (ver otro artículo sobre este tema en el site de la LER-QI). También fue aprobada en el Senado una ley que caracteriza a la corrupción como un “crimen hediondo”, a pesar de que los propios juristas consideran que poco cambiará la situación estructural de la impunidad reinante.
Todo esto expresa la fuerza de las movilizaciones iniciadas por la juventud por el elevado costo de los transportes que se irradió en todo el país conquistando apoyo popular y estimulando una movilización social sorprendente. Los políticos, rechazados por las masas, ahora mansos y astutos, intentan con sus medidas y promesas aparecer como quienes “escuchan las voces de las calles”. En verdad, pretenden amortiguar el choque y desviar la atención, considerando parcialmente algunas cuestiones sociales para retomar el poder de iniciativa, al mismo tiempo que esperan zafar evitando que la bronca popular avance en cuestionamientos efectivos de sus negocios capitalistas en beneficio propio, dejando al país y a la mayoría de la población inmersa en el descalabro de los servicios públicos, el aumento del costo de vida y todo tipo de opresión.
El vaivén de la Constituyente “exclusiva” propuesta por Dilma y el PT
Sin embargo, el tema que mayormente se ubicó en el centro de los debates fue el movimiento de Dilma en el pronunciamiento que hizo el 24 de junio en el que afirmó que propondría al Congreso un plebiscito para aprobar la convocatoria a una Constituyente “exclusiva” para la “reforma política”, criticada por su propia base de apoyo, y evidentemente por la oposición.
Más allá del hecho de que una Constituyente “exclusiva” sea una medida antidemocrática y tramposa que trataría apenas algunos temas previamente definidos y restringidos a temarios de interés del gobierno y del PT, el griterío que se apoderó del Congreso se debe al hecho de que una maniobra de ese tipo en medio de una situación de movilización popular y amplia politización nacional podría ser un tiro por la culata, aumentando la inestabilidad política.
Esta propuesta es antidemocrática porque, primero, usurpa a las “voces de las calles” y permite a los políticos rechazados determinar qué es lo que el pueblo debe tratar, canalizando todo el debate abierto nacionalmente por las movilizaciones hacia pequeños cambios controlados y cosméticos en el régimen con el fin de “maquillar” los aspectos más monstruosos de autopreservación y privilegios de la casta de políticos parásitos que gobiernan el país. El pueblo en las calles quiere “tratar” temas como los servicios públicos, la corrupción, los recursos y prioridades nacionales, enfin, cuestiones como “quién” tiene, controla, administra y distribuye la riqueza nacional producida por el trabajo de la mayoría de la población, pero los políticos, autoritariamente, quieren restringir la voluntad popular a lo que les interesa.
Algunos analistas consideran que este movimiento de Dilma buscaba en realidad ubicar a la presidenta como la mayor receptora de la “voz de las calles”, mientras el Congreso quedaría como responsable por poner límites a los cambios propuestos, en un intento de autopreservación que paralizase las movilizaciones y permitiese retomar el control de la situación. Sea como sea, si ese hubiese sido el objetivo de Dilma, el balance es que ella no obtuvo más que críticas, incluso del propio Lula, que calificó la maniobra como “una torpeza”, evidentemente recién ahora, después de que no resultó, ya que en la crisis del mensalão el propio Lula hizo esa misma propuesta. Así, su retroceso de la ya antidemocrática propuesta de Asamblea Constituyente “exclusiva” es una demostración de la cobardía del gobierno frente a las movilizaciones y de la imposibilidad de unir intereses tan diferenciados entre los diversos partidos y fracciones burguesas.
Frente a esto, la Asamblea Constituyente “exclusiva” fue sustituida por el gobierno petista por una propuesta de plebiscito que versaría sobre algunos temas relacionados con la reforma política, que el gobierno ya venía intentando construir. Entre los temas estarían el financiamiento de las campañas políticas (público, privado o mixto) y qué modelo de voto (distrital, proporcional o mixto), el fin de las coaliciones electorales, entre otros que podrían ser negociados con los partidos del régimen. Entretanto, la propia base partidaria del gobierno demuestra que está lejos de darle un cheque en blanco. Frente a la propuesta de plebiscito, diez de los principales partidos de la base aliada al PT declararon su apoyo a ese intento de desvío, pero sugirieron la inclusión de una consulta sobre la imposibilidad de reelección y extensión del mandato presidencial a cinco años, entre otras “preguntas”. Aunque todos hayan declarado que eso no busca cambiar las reglas para las elecciones del 2014, cuando Dilma intente su reelección, la simple sugerencia de esa consulta como parte del plebiscito generó malestar entre el gobierno y la base aliada, que indica la tendencia a profundizarse la emergencia de contradicciones en este bloque. Otro debate no resuelto es a partir de cuando las resoluciones del pretendido plebiscito pasarían a tener vigencia, si antes o después de las elecciones del próximo año.
Los políticos dicen “escuchar las voces de las calles”, pero en realidad pretenden garantizar sus intereses, evitar al máximo los riesgos de su poder, fuente de privilegios inexplicables y negociados vergonzosos a favor de los capitalistas y contra los intereses de la nación, de los trabajadores y el pueblo. Aunque eso no esté definido, ni tampoco la propia realización de dicho plebiscito, ya que la oposición burguesa declara que solo acepta un referendum y no hay acuerdo en la propia base del gobierno sobre cómo “organizar” la “consulta popular”, lo que está claro es que esa maniobra es un intento de la casta política nacional de cerrar este momento de movilización y politización.
Se trata de un intento de auto-reforma del régimen, usurpando la voluntad popular de terminar con los mecanismos políticos de corrupción, negociados y privilegios que priman en el Legislativo y también en el Ejecutivo y el Judicial (aunque para la población este último sea falsamente visto como “menos corrupto”), al que necesitamos oponer una política efectiva. Debemos contraponer a esta maniobra de “los de arriba” una respuesta efectiva a los más profundos anhelos de la juventud, de los trabajadores y del pueblo por cambios reales, tanto políticos como sociales. La voluntad popular expresada en las calles deber ser organizada por la izquierda, organizaciones sindicales, populares y estudiantiles con total independencia de los partidos políticos patronales y de este régimen podrido que es responsable directo de los males que afligen a la mayoría de la población mientras una minoría parasitaria -capitalistas y políticos patronales- viven como “nobles”.
Los políticos burgueses y corruptos no pueden transformar el régimen en beneficio del pueblo
La cuestión más importante de por qué el plebiscito no puede servir a los intereses de la mayoría de la población es que no podemos depender o confiar en que los mismos políticos burgueses y corruptos serían los responsables de promover los cambios que necesitamos. Las cuestiones que compondrán el plebiscito serán determinadas por la misma casta política nacional de acuerdo con sus propios objetivos, que harían a la población optar entre los intereses de un ala compuesta por el gobierno y otra compuesta por la oposición burguesa. Todo esto en nombre de desviar cualquier transformación de fondo y callar “la voz de las calles” que Dilma y los políticos dicen escuhar, pero que no ven la hora de diluir.
Cuestiones realmente candentes y que llevaron a la inmensa mayoría a las calles, como la necesidad de transporte, educación y salud públicos, gratuitos y de calidad quedarían afuera. No es una coincidencia. Se trata de transformaciones que los políticos de la burguesía, sean del gobierno o de la oposición, no pueden resolver, pues, en realidad, no son sirvientes del pueblo sino “funcionarios” de los grandes monopolios capitalistas nacionales e internacionales que lucran miles de millones mientras los servicios públicos son degradados y caros para la mayoría de la población.
La reducción de los aumentos de las tarifas de transporte, la aplicación en algunas ciudades del boleto gratuito para los estudiantes son medidas mínimas que en verdad significarán, para los gobernantes “dar algunos anillos para no perder los dedos”, pero de hecho el transporte continúa carísimo, de pésima calidad y fuente de expropiación por parte de los patrones que monopolizan el sector y los políticos –municipales, estaduales y nacional. Estas medidas, de parte del gobierno, no reducirán un centavo los exorbitantes lucros y subsidios de los patrones, lo que significa que la población seguirá cargando con los costos de un servicio público privatizado, inseguro y de pésima calidad. Las movilizaciones deben seguir, organizarse y fortalecerse para luchar por la causa fundamental de la crisis del transporte –la privatización, los subsidios- para imponer la única medida verdaderamente capaz de garantizar el transporte de calidad, seguro, gratuito para los sectores vulnerables o incluso para todos, sin ningún subsidio a los empresarios: la estatización de los transportes (ómnibus, subte y trenes), sin indemnización, bajo control de los comités de trabajadores y usuarios, y la institución de impuestos progresivos a las grandes fortunas y a la facturación de las empresas.
Todos los políticos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial quieren engañar al pueblo. Ni plebiscito ni referendum: por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Contra las propuestas tramposas (reforma política, Constituyente Exclusiva, plebiscito o referendum) que los políticos preparan para hacer parecer que “escuchan a las calles” pero en verdad buscan “cambiar algo para que nada cambie” (altos salarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial al servicio de los empresarios y monopolios), todas las corrientes, partidos y organizaciones clasistas, combativas, antigubernamentales y anticapitalistas que actúan al interior de este proceso deberían formar un Polo Clasista y Democrático (con representantes electos en las escuelas, universidades, barrios, movimientos sociales, sindicatos) que exija a los sindicatos de la CUT y demás centrales sindicales, del MST y de la UNE que rompan con el gobierno y asuman la lucha por las reivindicaciones expresadas en las movilizaciones, unificando a los trabajadores con la juventud y los sectores en lucha, para imponer la convocatoria a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que discuta e imponga la voluntad popular sobre todos los problemas y reivindicaciones que afligen la mayoría de la población: nacionalización del sistema financiero, de la tierra, de los servicios públicos y de las empresas estratégicas, empleo, salario, derechos laborales, civiles y sociales, no al pago de la deuda pública y la ruptura con los tratados con los grandes monopolios capitalistas y países imperialistas que saquean nuestras riquezas y recursos.
Una Asamblea verdaderamente democrática con diputados electos proporcionalmente según la población de cada lugar, considerando el país como distrito único, donde los grupos puedan asociarse y lanzar candidatos sin restringirse a los partidos legales (desafiados públicamente), con mandatos revocables y sin los escandalosos privilegios de la casta política actual del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decretando que ningún diputado, juez y alto funcionario del poder gane más que un profesor.
LER-QI, Brasil
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