Egipto, luego del golpe de Estado

Una disputa feroz busca definir la orientación del gobierno que asumió con el golpe de Estado, en la cual intervienen activamente los países árabes y las potencias occidentales -en especial Estados Unidos.
Washington no ha interrumpido la asistencia a las fuerzas armadas egipcias y acaba de autorizar la entrega de cuatro aviones F 16 que formaban parte de acuerdos previos. Cuestionado en un primer momento, ingresó en el gabinete El Baradei, aliado de los norteamericanos. El nuevo gobierno debe llegar a un acuerdo con el FMI, el que exige fortísimas medidas de austeridad.

Países árabes al acecho

Tres de las más ricas monarquías árabes se han apresurado a apoyar económicamente a los militares. “Han entregado 12 mil millones de dólares, en fondos en efectivo y líneas de préstamos a Egipto -una decisión que apunta no sólo a sostener una transición agitada, sino también a desplazar a sus rivales islamistas y estrechar vínculos dentro de un Medio Oriente turbulento” (The New York Times, 10/7). Arabia Saudita y los Emiratos árabes anunciaron un paquete de ayuda de 8 mil millones de dólares. Kuwait prometió otros 4 mil millones. Esta movida de Arabia Saudita representa un tiro por elevación contra Qatar, con quien sostiene una fuerte confrontación. “Qatar, en alianza con Turquía, ha dado un importante apoyo financiero y diplomático a los Hermanos Musulmanes y a otros grupos islamistas que están operando en los campos de batalla de Siria y, antes de ello, lo hicieron en Libia” (ídem).

Al filo de la cornisa

Los militares hacen malabarismos para tratar de preservar la coalición de fuerzas que motorizó el golpe. Finalmente, lograron evitar la deserción de Al Nur, la corriente ultraislamista que cuestiona la composición del nuevo gobierno. Por otra parte, esa organización recibe presiones de su propia base, la cual se está sumando a las movilizaciones organizadas por los Hermanos Musulmanes.
Sin embargo, Al Nur (principal partido salafista de Egipto) no vetó el nombramiento del flamante primer ministro interino, Hazem al-Beblawi, quien integró el gabinete en la transición entre la caída de Mubarak y el ascenso de Morsi. Beblawi es un hombre del establishment económico.
Al Nur “mantiene una postura ambivalente frente al nuevo proceso político. Su propuesta para resolver la crisis actual se basa en la formación de un comité de sabios que explore una salida aceptable tanto para los Hermanos Musulmanes como la oposición laica” (El País, 10/7).
Pero el malestar mayor va unido al otorgamiento de poderes casi absolutos al nuevo presidente. Son los superpoderes que, en su momento, intentó infructuosamente obtener Morsi. Incluyen la capacidad de aprobar leyes por la vía ejecutiva, de dictar la política presupuestaria y declarar el estado de emergencia.
El gobierno ha anunciado la convocatoria a un referéndum sobre enmiendas a la Constitución. Luego se producirían las elecciones legislativas, seguidas por los nuevos comicios presidenciales. Sin embargo, los superpoderes abren sospechas sobre una prolongación del régimen militar.
La oposición burguesa laica contra Morsi, nucleada en el Frente de Salvación Nacional, el cual integra la coalición gobernante, rechazó el decreto. El movimiento juvenil Tamarrod, organizador de las marchas multitudinarias que forzaron la destitución militar de Morsi, criticó el texto por “dictatorial”.
El debut del nuevo gobierno ha estado acompañado por todas estas fracturas.

Pablo Heller