Reproducimos la declaración elaborada por el grupo Agenda Revolucionaria de Bolivia, difundida el 27 de agosto pasado.
El texto que presentamos a continuación fue publicado originalmente en https://agendarevolucionaria.wordpress.com/2016/08/27/gobierno-vs-cooperativistas-la-crisis-del-mineral-de-fondo/
Tres mineros y un viceministro (Rodolfo Illanes, viceministro del Interior), han muerto en el reciente conflicto suscitado entre cooperativas mineras y el Gobierno boliviano. El cuerpo de Illanes fue abandonado en la carretera luego de su deceso, que habría involucrado un derrame cerebral tras ser secuestrado y golpeado por los movilizados, en represalia por la muerte -a causa de impacto de bala- de tres mineros durante la represión policial desplegada por el Gobierno.
Aliados del Gobierno
El sector “cooperativista” minero, fue desde el principio uno de los aliados más sólidos de Evo Morales. Alineados al denominado “proceso de cambio”, los cooperativistas ocuparon importantes carteras dentro del aparato gubernamental (cargos en el ministerio de trabajo, viceministerio de transportes y directorios de la COMIBOL) y como parte de las listas del MAS obtuvieron casi una decena legisladores en la Asamblea Plurinacional. Eso explica que hayan sido uno de los sectores más privilegiados en diez años del gobierno nacionalista indigenista. No sólo se les otorgó créditos con dineros estatales, están exentos de pagar impuestos, se les amplió las áreas de explotación, proporcionándoles vetas abundantes en desmedro de la minería nacionalizada y se les permitió la transferencia de estas concesiones a privadas y transnacionales (durante el conflicto el gobierno sacó a la luz 41 contratos de concesión que las cooperativas tendrían con privadas, para explotar mineral por tiempo indefinido).
Incapaz de crear fuentes laborales y sin intención alguna de nacionalizar la minería, el gobierno de Morales optó por potenciar la expansión de las cooperativas mineras, que lejos de cumplir con los principios cooperativos de solidaridad y de asociación sin fines de lucro, no son otra cosa que empresas privadas en manos de un puñado de socios-accionistas que explotan a un ejército de más de 180 mil obreros mineros que no tienen derecho a la sindicalización ni beneficios sociales y son obligados a dar la vida por sus patrones, tal como ha sucedido en esta oportunidad con los tres mineros asesinados durante la represión policial.
Choques bajo la presión de la crisis del mineral
Las modificaciones a la Ley General de Cooperativas Mineras, previstas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, son en apariencia las generadoras del conflicto y de la movilización de los cooperativistas, que entre sus demandas más importantes está el rechazo a que sus obreros puedan “sindicalizarse”- en realidad la ley solo habilitaba a las cooperativas de servicios-, el beneficio de tarifas diferenciadas de electricidad, la suspensión o disminución de las regulaciones ambientales para su sector y mantener la opción de negociar directamente contratos con privados y transnacionales.
Que el gobierno impulse tales modificaciones legislativas que chocan con los intereses de sus aliados más importantes, de ningún modo significa que esté dándole un giro izquierdista a su política minera, más al contrario: en un país que sigue siendo altamente minero, la política del Gobierno en el rubro fue apaciguar los pedidos de nacionalización a costa de alimentar el cooperativismo para debilitar al movimiento obrero sindicalizado y mantener la hegemonía de las transnacionales (el 72% de la minería está en manos de las transnacionales, 21% en manos de las cooperativas y sólo 7 % explotado por la Corporación Minera de Bolivia)
El choque entre cooperativistas y el gobierno se produce bajo la presión de la crisis, donde el precio de los minerales, al igual que los del petróleo, ha descendido. Se trata en el fondo de una pugna por la renta minera que, tanto gobierno y cooperativas, obtendrían a través de negociar áreas de explotación con las transnacionales. No en vano el ministro de Gobierno argumentaba que “La cooperativa no hace nada más que recibir su título (de concesión minera), lo entrega a una empresa privada y recibe un porcentaje de las utilidades por esa operación de intermediación entre el Estado y una empresa”. Sucede que en un panorama de crisis, donde los ingresos estatales han disminuido, el gobierno necesita de esos fondos que hoy van a manos de los cooperativistas (en un 19%) dejando al estado solo un 1% (Correo del Sur, 2014). Y no es que el gobierno tampoco se ha propuesto afectar a los contratos firmados con anterioridad entre los cooperativistas y empresas privadas, sin embargo, presionados por la crisis, los cooperativistas buscan incrementar sus áreas de explotación, seguir firmando contratos con privadas y no quieren ningún tipo de carga que siga afectándoles (se niegan a cumplir obligaciones ambientales y continuar al margen de las ley laboral).
Falsa defensa de los recursos naturales y giro derechista del MAS
Durante el conflicto, y de manera hipócrita, el gobierno se ha presentado como el defensor de los recursos naturales criticando al sector cooperativista devenido en empresa privada, aspecto que no se molestó en mencionar, sino más bien fortalecer, en sus diez años de gobierno. La supuesta empatía del gobierno con la sindicalización de los trabajadores en el seno de las cooperativas mineras, no fue más que un chantaje que utilizó el gobierno para frenar las demandas cooperativistas.
El conflicto no marca un inusitado y repentino “giro izquierdista” por parte del gobierno, se trata más bien de un paso más hacia la consolidación total de su giro derechista. Sucede que por su crecimiento exponencial en los últimos años, y por las características de trabajo de extracción de mineral, las “cooperativas” mineras, como cualquier empresa privada en el marco capitalista buscan su expansión. Pero no queda descartado que en época de crisis del mineral, esa fuerza que constantemente ha pugnado por invadir y presionar sobre la incipiente minería nacionalizada, ejerza presión también sobre la minería privada (con la que hoy tiene negocios) y en su afán expansivo atente incluso contra la nunca cuestionada minería privada transnacional. Estamos entonces ante un gobierno que se coloca de garante del gran capital (al cual se queda con el 80% de las utilidades mineras y no se lo ha tocado lo más mínimo), a fuerza de alejarse de su propia base social cooperativista tan ampliamente protegida y reforzada en pasados años. Es decir se consolida la alianza con el gran capital a costa de chocar con los cooperativistas. Y es que, en un escenario de crisis el gobierno se posiciona con los que realmente tienen el poder: las transnacionales.
Ni con los patrones cooperativistas ni con el gobierno represor y garante de las transnacionales
En resumen, las muertes no sólo confirman el carácter represor del gobierno masista – sin importar si se trata de sus propios aliados-, sino que son la expresión violenta de las rupturas y choques que se empiezan a producir marcados por la ausencia del colchón económico que significó el periodo de bonanza y que le había garantizado la “gobernabilidad” a Evo Morales. Sin embargo la política minera sigue intacta: no hubo nacionalización de la minería, la minería nacionalizada es parasitaria, se profundizó la primarización de la economía, el rentismo estatal y la hegemonía transnacional.
En ese marco, no se puede estar ni a lado de los “cooperativistas” explotadores de obreros, ni a lado del gobierno represor garante de las transnacionales. Se debe exigir un juicio de responsabilidades al propio Jefe de gobierno, por las muertes, y se debe plantear la nacionalización total de la minería, no sólo de las cooperativas mineras, bajo control obrero en la producción y la administración, y la urgente sindicalización de todo el sector “cooperativistas”.
Raquel Mila Matías (Agenda Revolucionaria)
La Paz, Bolivia
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