La segunda jornada de movilizaciones contra las AFP (sistema de jubilación privada semejante a lo que fueron las AFJP argentinas) sumaron, según sus organizadores, cerca de 600 mil personas en Santiago y más de un millón de personas en todo el país. Las protestas se inscriben en la línea de las movilizaciones multitudinarias de julio y fueron que organizadas por el Movimiento No + AFP.
Por ley, los trabajadores chilenos deben destinar entre el 10 y el 12% de su sueldo mensual a las AFPs (cuyos orígenes se remontan al pinochetismo y que han continuado bajo los sucesivos gobiernos democráticos), que invierten a la vez esos recursos en acciones y bonos, tanto en Chile como en el extranjero. Un verdadero robo al salario puesto a disposición de la especulación financiera y del capital bancario. Los aportes salen del bolsillo de los laburantes, pero hoy, el 91% de las pensiones pagadas bajo el mecanismo de retiro programado apenas alcanzan el 61% del salario mínimo. Este mega negocio fue emparchado por Bachelet en 2008 con el llamado “pilar solidario”, una supuesta reforma al sistema jubilatorio mediante la cual el Estado se hizo cargo de las pensiones que quedaban por fuera del sistema privado, dejando intacto el negocio de los bancos y poniendo el Estado a cargo de las jubilaciones que no fueran rentables.
Hace pocos días, una investigación realizada por la radio Bío Bío reveló que 104 políticos han sido o son parte del negocio de las AFP y que 40 ex ministros (incluyendo dos actuales) han sido o son miembros de los directorios de estas empresas (La Nación, 22/8).
Las movilizaciones multitudinarias –a lo que deben añadirse las protestas estudiantiles por la gratuidad educativa- prueban los límites de la política de contención de Bachelet, cuya imagen está en un piso histórico (15%). En función de estos propósitos de regimentación popular, la Concertación devino en Nueva Mayoría e incorporó al PC al gobierno.
Salida
El Partido Obrero Revolucionario, que intervino en las movilizaciones y participó de la reciente Conferencia Latinoamericana convocada por el PO de Argentina y el PT de Uruguay, levanta como planteo una pensión del 83% móvil, por la restitución inmediata de los aportes patronales con su respectiva eliminación de las contribuciones salariales y por la transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones, el cual esté bajo el control y administración de representantes de trabajadores activos y pasivos.
En Chile comienza a abrirse una nueva etapa política, donde el agotamiento de la experiencia concertacionista –como señalan las tesis de la Conferencia Latinoamericana desarrollada en Montevideo- abre un campo de acción para construcción de una alternativa obrera y socialista.
Martin Sanchez
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