Los resultados del domingo mostraron una fuerte división del electorado entre el proyecto oficialista y el de la derecha cuyas fracciones ya anunciaron que sumarán fuerzas de cara al balotaje.
En una campaña con gran protagonismo del presidente Rafael Correa, la Alianza PAIS encabezada por Lenín Moreno se presenta como la continuidad y profundización de la “revolución ciudadana” y el “socialismo del siglo XXI”; como la continuidad de un proyecto nacional y popular. No obstante el propio Correa declaró tras emitir su voto que “queda mucho por hacer”; un reconocimiento disimulado de que los grandes problemas sociales no han sido resueltos. Un hecho evidente, expresado en una importante pérdida de votos para el oficialismo que pasó del 57% en 2013 al actual 38%.
El plan de la derecha
Recubierto en la falsa promesa de “crear un millón de empleos” el principal candidato opositor, Guillermo Lasso, encabeza las aspiraciones de los sectores más concentrados del capital financiero ecuatoriano: poner el país andino a tono con los gobiernos derechistas que retornaron a la región con Macri en Argentina y Temer en Brasil.
Lasso es uno de los mayores banqueros de Ecuador y en el pasado se desempeñó como Superministro de Economía durante el gobierno del neoliberal y represor Jamil Mahuad (1998-2000 que no pudo terminar su mandato por la rebelión popular). Así, Lasso fue uno de los responsables de la dolarización, que además de entregar la soberanía económica significó un golpe inflacionario contra las masas obreras y populares y una confiscación de los ahorros de amplios sectores de clase media.
Concretamente, el plan se basa en aplicar duros ajustes al pueblo para “ordenar las cuentas” y “atraer inversiones”. Salir del ALBA, el bloque económico que impulsó Hugo Chávez, y romper los vínculos políticos con Venezuela y Bolivia, para reorientar el país hacia la Alianza del Pacífico que alienta EEUU y de la que forman parte Chile, Perú, México y Colombia.
La otra variante de la oposición derechista, encabezada por el Partido Social Cristiano, proponía un plan similar. De hecho, la lucha por el segundo puesto funcionó como una suerte de “elección interna” para dirimir quién iba al ballotage.
La estrategia oficialista
Lenín Moreno promete profundizar la “revolución ciudadana” con medidas para generar más trabajo, diversificar la producción petrolera y fortalecer la educación entre otras. Oculta que la nueva presidencia de Alianza PAIS incluirá ajustes económicos acordes al nuevo “escenario internacional” como de hecho ya viene llevando adelante el presidente Correa.
A la vez, también quiere realizar ciertos cambios en la forma de conducir el gobierno caracterizada por un fuerte personalismo del presidente al estilo de Chávez o Evo Morales. Moreno ha prometido abrir el diálogo con quienes “coincidamos en los grandes objetivos nacionales, que tengan buena fe, que con sinceridad, con una tregua sana nos pongamos a conversar”.
Responde así al amplio rechazo de sectores de clases medias que, siguiendo la propaganda de la derecha y los grandes medios, repudian las formas de gobierno más autoritarias así como la corrupción que durante la campaña tuvo un nuevo escándalo con las vinculaciones de funcionarios de Correa con la brasilera Odebrecht.
Por otro lado apunta a una relación menos traumática con la oposición o por lo menos intentar crear las herramientas que la faciliten. En síntesis, tratar de articular una “transición” lo más ordenada posible de la salida del poder de Correa, e incluso dejar una puerta abierta a una nueva postulación en el futuro.
La consulta popular ligada a la elección general que impulsó Correa para prohibir que los políticos en altos cargos del estado puedan tener cuentas en paraísos fiscales, va en esta misma línea y es una respuesta a los recurrentes escándalos de corrupción que afectan su administración a la vez que un intento de golpear directamente a Lasso, principal representante de la burguesía financiera de Guayaquil fugadora serial de capitales.
La “revolución ciudadana” de Correa
Tras un periodo de grave crisis social, política y económica entre 1997 a 2005, que incluyó varias revueltas populares, el proyecto llevado adelante por Rafael Correa desde su asunción en enero de 2007 siguió parte del repertorio de los gobiernos posneoliberales que hegemonizaron la región desde la primera mitad de la década del 2000. Mayor intervención estatal en la economía, implementación de planes sociales, reformas en el régimen político para reconstruir la legitimidad perdida entre las masas, renegociación de contratos con las grandes empresas y monopolios nacionales y extranjeros. Siempre manteniendo lo esencial de la estructura capitalista dependiente de la economía nacional, la dolarización, las ganancias empresarias, el pago de la deuda externa, la extranjerización del campo, la banca y otros sectores productivos.
El propio Correa reconoció los “límites” de su “revolución ciudadana”. Por ejemplo en enero de 2012 dijo, “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes de cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” (Diario El Telégrafo, 15/01/12).
En los últimos años, con la caída del precio de materias primas y commodities, el gobierno de Correa giró a derecha al igual que el resto del “progresismo” latinoamericano aplicando ajustes a distintos sectores obreros y populares. Al mismo tiempo, favoreció las ganancias capitalistas muy en particular de la banca y los monopolios imperialistas. Muchos de estos ajustes incluso fueron en abierta contradicción con los postulados más progresistas de la nueva Constitución Nacional (2008).
Así, entregó la administración de los principales puertos del país a capitales extranjeros, lo mismo que las principales cuencas petroleras y explotaciones mineras que llevó por supuesto al enfrentamiento, con represión y hostigamiento incluidos, a las comunidades de pueblos originarios y grupos ambientalistas.
Impuso leyes de flexibilización laboral, favoreció al “agrobusiness” que experimenta un gran crecimiento es los últimos años e incluso envió al Congreso un proyecto de ley que por su contenido se la conoce popularmente como la “Ley Monsanto”.
En esta misma línea, la última acción de importancia estratégica que llevó a cabo Correa es la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que fortalece el rol “primario exportador” de la economía ecuatoriana y su dependencia de las grandes potencias imperialistas.
Todas estas políticas de ajustes, aunque revestidas por un discurso progresista, ya han provocado un fuerte retroceso en los “logros” sociales alcanzados durante los años de bonanza económica y es la razón de fondo de que el oficialismo no llegue al 40% y pueda evitar la segunda vuelta electoral el 2 de abril, donde incluso no tiene asegurado ganar.
Al no existir una alternativa de los trabajadores y sectores populares independiente de las distintas variantes patronales, el fracaso de la “revolución ciudadana” lo capitaliza la derecha. Un triunfo de Lasso significaría claramente una nueva victoria para la derecha latinoamericana, los sectores más concentrados de la clase dominante y para el imperialismo y sus monopolios. Pero una continuidad del correísmo, con más o menos cambios según la relación de fuerzas le permita, también significará mayores ajustes contra los trabajadores y el pueblo pobre y la continuidad del modelo extractivista exportador que se ha profundizado en todos estos años.
Diego Dalai
No hay comentarios.:
Publicar un comentario