Las declaraciones de Gómez Centurión, Darío Lopérfido o el mismo Macri niegan la existencia de 30 mil desaparecidos y de un plan genocida. La Nación escribe el libreto negacionista que levanta Cambiemos.
Como suscribe un editorial del oligárquico y ultrarreaccionario diario La Nación: “Los constituyentes de 1853, en circunstancias históricas de graves enfrentamientos internos, supieron elevar la mirada y proponer la unión nacional como pauta programática para la convivencia de los argentinos (…) En el marco de la Guerra Fría, la Argentina, como otros países de la región, se vio sometida a la acción de grupos armados empeñados en imponer la revolución con orientación marxista leninista. El modelo era Cuba y sus operaciones no tomaban en cuenta la institucionalidad como valor a respetar. Enfrentaban tanto a gobiernos constitucionales como de facto”.
Se reabre un debate sobre el pasado que no está resuelto e incomoda a la clase capitalista, que fue la que colaboró, sustentó y aprovechó el genocidio llevado a cabo por el llamado Proceso de Reorganización Nacional.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 no fue esencialmente la respuesta al accionar de la guerrilla, que había sido diezmada luego del pase a la clandestinidad de Montoneros, y el ERP derrotado con el Operativo Independencia y el asalto a Monte Chingolo. La finalidad de la Junta Militar fue poner fin a un ascenso obrero y popular que amenazaba con llevarse puesta a la burguesía argentina en medio de una catástrofe económica. Para lograrlo debía aniquilar a toda una generación de obreros, estudiantes, intelectuales, militantes políticos de algunas fracciones del peronismo combativo y la izquierda que se plantearon la lucha política abierta contra el imperialismo y el capitalismo. Esta generación no surgió de la nada, sino que fue la expresión más radicalizada del estallido de la insurgencia obrera y popular el 29 de mayo de 1969, conocida como el Cordobazo, que hirió de muerte al Gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y al régimen de dominio que había surgido luego de la revolución fusiladora de obreros de 1955. Esta generación cuya fuerza motora era la clase obrera protagonizó una verdadera lucha de clases en el sentido estricto del término, con insurrecciones locales, huelgas salvajes, ocupaciones de fábricas y establecimientos, manifestaciones violentas y hasta una huelga general política entre junio y julio de 1975 que desbandó a los líderes de los grupos fascistas que actuaban bajo el amparo del Gobierno peronista. Los obreros pusieron en pie sindicatos clasistas, comisiones internas combativas, grupos de autodefensa y coordinadoras interfabriles. El movimiento estudiantil se lanzó a la unidad activa con la clase obrera y la izquierda comenzó a crecer exponencialmente. Fue el momento de mayor cuestionamiento al capitalismo argentino de la segunda mitad del siglo XX. Por eso la burguesía y su Estado le declararon la guerra.
El dictador Alejandro Lanusse, responsable de la Masacre de Trelew, puso fin a la proscripción del peronismo, con el objetivo de lidiar con las masas mediante el desvío electoral, lo que permitió el retorno de un Perón que prometía la "patria socialista" y daba vía libre a los pistoleros de la Triple A. Muerto Perón en 1974, Isabel Perón y José López Rega fracasaran en su intento de poner fin a la insurgencia por la vía de las bandas paramilitares que reclutaban policías, matones de la burocracia sindical y lúmpenes. Las huelgas del ‘75 fueron las que le pusieron fin al intento de ajuste salvaje para salvar al capitalismo argentino del ministro Celestino Rodrigo y al reinado de “Lopecito”. El peronismo se agotó como fuerza para lidiar con los trabajadores, y la clase capitalista dio vía libre al golpe militar, con el que colaboraron posteriormente tanto radicales, como peronistas y el Partido Socialista, entre otros. Si en aquel momento la clase obrera no avanzó más fue responsabilidad exclusiva de su dirección, el peronismo y su burocracia sindical, que sostuvo a una Isabel Perón odiada por las mayorías populares. Pero también porque la guerrilla peronista jugó el papel de contener dentro de la alianza policlasista del peronismo a los jóvenes trabajadores y estudiantes radicalizados y junto con el ERP, encarnaron una estrategia pequeñoburguesa que separaba de la lucha real de las masas a sus militantes para llevar a cabo una guerra de aparatos que despreciaba la auténtica guerra de clases. Fueron los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas, los que llevaron a cabo el plan de exterminio, siguiendo los mandatos del imperialismo y los consejos de Pío Laghi y la Iglesia Católica.
Decíamos que es un debate que se reabre sobre un pasado no resuelto porque el “Pacto de Impunidad” que condicionó a la democracia burguesa argentina desde la restauración democrática de 1983 intenta ser reconstruido luego de que la movilización popular lo socavara. Fue ella quien logró la condena de algunos centenares de criminales de la dictadura e impuso a la justicia burguesa el reconocimiento de la existencia un plan sistemático de exterminio desde el Estado contra todo un grupo nacional, que constituye la base jurídica de la definición de genocidio.
Luego de la crisis del 2001, el kirchnerismo expropió discursivamente las reivindicaciones de justicia de los movimientos de Derechos Humanos, cooptó a sus dirigentes, y lo convirtió en parte del relato expiando al peronismo por los crímenes de la Triple A y sin que se juzgue a todos los responsables militares, civiles, empresariales y eclesiásticos. Luego intentó una política de reconciliación con las Fuerzas Armadas que tuvo como protagonistas a genocidas como César Milani y represores como el también ex carapintada Sergio Berni, que redundó en el espionaje político a través del Proyecto X.
Decíamos que el debate era incómodo porque fueron los grandes grupos capitalistas -a los que el kirchnerismo permitió, según sus propias expresiones, levantarla en pala- los principales beneficiarios y promotores del golpe. Fueron los partidos de la burguesía los principales colaboradores.
Como sentenciaba Balzac, “detrás de cada fortuna hay un crimen”, y las manos chorreantes de sangre de las patronales argentinas y el imperialismo son las que digitan el discurso de la derecha en el poder. Veamos a los protagonistas: Juan José Gómez Centurión, un falso combatiente de Malvinas, un carapintada que se alzó en armas contra Raúl Alfonsín para exigir la impunidad de los criminales que participaron en la represión. Darío Lopérfido, hoy miembro de la oligárquica familia Mitre, a quienes los militares entregaron parte de Papel Prensa, y ex funcionario de un Gobierno de la Unión Cívica Radical como el de Fernando De la Rúa, que plagó de cadáveres los alrededores de la Plaza de Mayo en diciembre del 2001 para intentar aplastar una rebelión popular. Mauricio Macri, el hijo de Franco, el empresario que esquilmó al Estado y es recompensado, había salido de la dictadura genocida como uno de los grupos económicos más importante de la Argentina. Como cuenta Gabriela Cerruti: "Los Macri transitaron los últimos meses del gobierno peronista reunidos con Licio Gelli de la Logia P2 y José López Rega acordando construir el ‘Altar de la Patria’ que resguardaría los restos de Juan Domingo Perón y Eva Perón y unos meses después del golpe militar eran parte de la mesa chica del equipo económico y político de los militares. Con la llegada del gobierno peronista al poder, en 1973, el grupo tenía siete empresas. Finalizada la dictadura militar, el holding tenía 47 empresas".
Los argumentos de Cambiemos buscan reinstalar la idea de la reconciliación nacional y vuelve a ser el diario mitrista quien escribe el libreto: “Tras una cifra falsa del número de muertos y desaparecidos para que alcanzara la categoría de genocidio”. Intentan deslegitimar las reivindicaciones históricas de los movimientos de los derechos humanos. Unos mediante la restauración de la “Teoría de los dos demonios”, que pone un signo igual entre el terrorismo de Estado y la violencia ejercida por las clases subalternas y los grupos guerrilleros, exculpando al Estado de sus crímenes. Otros reivindicando a los represores como luchadores que cometieron excesos dentro de una "guerra sucia", según la doctrina contrarrevolucionaria francesa, contra una subversión sin dios, ni patria. Esta última es un calco del discurso videlista.
Si el kirchnerismo se reapropió de retazos de “memoria” para su operación de restaurar la autoridad del Estado y pasivizar al país convulsionado en el pos 2001, el macrismo busca borrar toda memoria de un genocidio de clase, legitimar un nuevo relato reaccionario de “los dos demonios”, como un aviso claro: son representantes de una clase que puede volver a hacerlo si las condiciones lo requieren.
El relato kirchnerista siempre rechazó que haya habido un genocidio de clase, lo consideraba un golpe contra un Gobierno "popular" y un proyecto "industrialista". La lucha contra el negacionismo macrista hay que encararla desde el punto de vista de recuperar para el presente la memoria revolucionaria de nuestra clase obrera, señalando a sus enemigos, reivindicando en la lucha contra el imperialismo y el capitalismo a nuestros hermanos caídos.
Facundo Aguirre
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