La crisis de la exfiscal general y el gobierno sigue su curso, luego que saliera de manera imprevista del país, surgieran acusaciones cruzadas de corrupción, así como la nueva crisis con Colombia.
Los acelerados movimientos alrededor de la destituida fiscal general Luisa Ortega Díaz por la fraudulenta Constituyente han mostrado a un chavismo actuando con saña contra una de sus principales disidentes durante la mayor crisis que ha tenido el gobierno de Maduro. En tan solo quince días la vida de la ex Fiscal dio todo un giro, empezando por su destitución, acusaciones intempestivas de corrupción junto a su esposo, el diputado también chavista Germán Ferrer, hasta terminar refugiándose en Colombia.
La crisis con la ex fiscal general comenzó cuando denunciara la ruptura del orden constitucional tras dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le quitaban competencias a la Asamblea Nacional y limitaban la inmunidad de los diputados, y luego criticando la actuación de la fuerzas de represión para contener las movilizaciones contra Maduro, en las que han muerto más de un centenar de personas. Se trataba de la principal fisura del chavismo con quien ocupara un cargo de gran relevancia desde el 2007, ratificada en el 2014 y cuyas funciones terminarían recién en el 2021. Para la alta cúpula del PSUV se trataba de la principal afronta y rápidamente hizo actuar sus fuerzas políticas en el aparato del Estado, con el TSJ a la cabeza, para removerla de su cargo. Pero no bastaría con eso.
La Constituyente de Maduro, arrogándose poderes “plenipotenciarios”, en la primera sesión resolvió votar por unanimidad la destitución inmediata de la que hasta ese entonces fungía como Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, designando a Tarek William Saab, que cumple simultáneamente funciones de Defensor del pueblo, para que asumiese el cargo como titular del Ministerio Público. De tal manera que ahora Tarek Saab es al mismo tiempo acusador en nombre del Estado y defensor ante supuestas arbitrariedades del mismo Estado.
Cuando fue sustituida Luisa Ortega Díaz, la alta cúpula del PSUV llegó a leer la sentencia del TSJ que aprobaba la realización del antejuicio de mérito en su contra, en la que resolvía suspenderla del cargo e inhabilitarla de cualquier función pública, un dictamen que prohibía su salida del país, congelar todas sus cuentas bancarias y enajenación de todos sus bienes. Pero aún había más por parte de las altas esferas del chavismo, probablemente temiendo que la ex fiscal comenzara a hablar más de la cuenta de las corruptelas en el gobierno.
Por eso, al poco tiempo llegaron las acusaciones de corrupción, primero por parte de la cúpula del PSUV. Diosdado Cabello, uno de los que en verdad dirige la amañada Constituyente sin necesidad de ocupar cargo directivo alguno en la misma, denuncia al diputado Germán Ferrer y a varios altos cargos del Ministerio Público bajo el mando de Ortega por formar parte de esta supuesta red de extorsión. Inmediatamente el TSJ ordena la detención del diputado Germán Ferrer y otros integrantes de la Fiscalía, una solicitud de detención cursada por el nuevo fiscal general, Tarek Saab, quien sin mucha demora dio por ciertas las acusaciones de Diosdado Cabello. Así, de un momento a otro, Luisa Ortega Díaz, pasó de importante figura del chavismo a ser la mayor traidora hasta llegar, según palabras de Maduro, a ser parte integrante de “toda una red que protegía la corrupción”.
Pero la exfiscal decidió soltar lo que sabía pero que hasta el momento no había dicho, atribuyendo la "persecución sistemática" del Gobierno de Maduro hacia ella y personal del Ministerio Público a la investigación del caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht a funcionarios de la región. "Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos y personajes que se enriquecieron", afirmó en un enlace telefónico con la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina en la ciudad mexicana de Puebla el pasado viernes, según reseñaron agencias como Efe. "Esta investigación involucra al señor Nicolás Maduro y su entorno", por lo que cualquier información que sea remitida al Ministerio Público "va a ser utilizada para fines contrarios a los previstos", la evidencia sería destruida y la información aprovechada "para atentar contra la fuente", advirtió Luisa Ortega.
De aquí en más, se sumó la crisis con Colombia, luego de que Juan Manuel Santos, declarara que la exfiscal general se encuentra en Bogotá "bajo protección" del Gobierno colombiano. La voz más contundente fue la del sucesor de Ortega en el Ministerio Público, Tarek Saab, que afirmó en Twitter que el "apoyo incondicional" a quien llamó la "exfiscal prófuga" confirma "que Colombia es el epicentro" de la "conspiración internacional" que dice que existe contra Venezuela. Llegó a afirmar que Santos ha continuado con la "repugnante tradición de exmandatarios" de su país de dar "protección a venezolanos asociados al terrorismo" y el "narcotráfico", y tachó su decisión de ofrecer asilo a Ortega de "afrenta al gentilicio nacional". En la misma línea se pronunció el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, que calificó de "cínica" la decisión de Colombia respecto a Ortega y señaló a Santos por "proteger la corrupción y el delito en Venezuela".
Pero lo que se desprende de toda esta saña contra la exfiscal general, en un proceso vertiginoso luego de instalada la Constituyente, es parte toda una política de la alta cúpula del chavismo de buscar disciplinar sus propias filas, sobre todo en todo aquel alto personal de la burocracia chavista, anticipándoles las acciones que terminarían sufriendo en caso que se animen a seguirle los pasos. Son conocidas las divisiones que hay en la alta esfera del chavismo, pero frente a la derecha siempre se han caracterizado por cerrar filas en función de ver peligrar sus intereses políticos y materiales, pues se trata de toda una burocracia corrupta y grupos económicos surgidos al calor de las prebendas del Estado de la que esta misma burocracia es parte, además claro, de todo el tinglado de intereses propios dentro de las Fuerzas Armadas que han sido el principal sostén del gobierno de Maduro.
Por eso no es del todo desatinado, y es muy seguro que sea así, lo que sostiene la exfiscal al afirmar que su “persecución sistemática” también tiene que ver con los casos de sobornos de la firma brasileña Odebrecht a funcionarios del gobierno, cuestión que el chavismo ha venido tapando. Pero aquí la fiscal peca de omisión entonces, pues no se trata de un asunto reciente, siendo que en otros países ya hay hasta detenidos altos funcionarios que estaban involucrados, mientras que en el Venezuela reinó un hermético silencio en todo este tiempo. Luisa Ortega lo suelta ahora como un arma para defenderse, pero en todo un período anterior, mientras no tenía problemas abiertos con la alta cúpula del chavismo, no destapó la olla de semejante escándalo.
De esta manera, más allá de que sean ciertas o no las acusaciones contra la fiscal –difícil saberlo, pues así como desde el gobierno son capaces de montar entramados también son ciertos los altos niveles de corrupción en el mismo y otras esferas del Estado-, lo que sí es claro es que muestra al desnudo a todo un gobierno en descomposición, carcomido por altos niveles de corrupción. Ya es una práctica en las altas esferas del chavismo que cada vez que alguien de alto nivel se abre del gobierno –sean por las razones que fueren- inmediatamente le sacan a la luz pública todos sus manejos políticos inescrupulosos y de corruptelas pero jamás hay casos en que las denuncias surjan mientras se mantienen fieles al gobierno. Esto pone en evidencia todo lo podrido en el gobierno y en las altas cúpulas del chavismo, en todos los niveles y estratos, siendo que se usa como arma política la corrupción ya sea para hacer callar, disciplinar o directamente condenar a cualquiera de sus integrantes, facilitando este trabajo todo el manejo completo de las estructuras de poder del Estado.
Milton D'León
Caracas @MiltonDLeon
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