Venezuela: Dos semanas de Constituyente

En las dos semanas de sesiones que lleva la Asamblea Constituyente, el gobierno de Maduro ha impuesto un paquete de medidas con las cuales pretende manejar la crisis. La Constituyente debutó con la destitución de la fiscal general Luisa Ortega, la otrora ultrachavista que había tomado distancia del gobierno y desafiado al régimen bolivariano; a renglón seguido, aprobó las nuevas bases de funcionamiento político del país proclamando a la Constituyente como poder supremo de la nación, asignándole al resto de las instituciones vigentes un status subordinado. En consonancia, Maduro revalidó su cargo como presidente ante el nuevo organismo, que tiene en sus manos la facultad de disolver la Asamblea Nacional. El nuevo organismo ha absorbido en los hechos las funciones legislativas que antes cumplía la Asamblea, reducida a un cascarón vacío. Entretanto, el gobierno ha continuado en forma implacable con el descabezamiento de alcaldes opositores.
El régimen bolivariano ha derivado en estado de excepción permanante, manejado por la camarilla que usufructúa el poder sostenida, a su vez, por la cúpula militar. La Constituyente ha oficiado de instrumento y de pantalla para ese tránsito... Pero el gobierno de Maduro hasta ahora no ha llevado esta tendencia hasta el final y no ha procedido a disolver la Asamblea Nacional y, del mismo modo, sigue reconociendo los estados regionales administrados por los gobernadores.
La última medida tomada por la Constituyente es adelantar las elecciones a gobernador para octubre, cuya convocatoria estaba prevista originalmente para el 10 de diciembre. Como es sabido, los gobernadores tienen su mandato constitucional vencido desde diciembre del año pasado, cuando deberían haberse celebrado las elecciones. Maduro había esquivado las elecciones regionales frente al temor fundado de que iba a sufrir una paliza electoral que hubiera terminado por sancionar su hundimiento definitivo.

La oposición

El giro de la política oficial tiene que ver con el cambio de escenario en las últimas semanas. Maduro logró recuperar la iniciativa política, en tanto el desenlace de la Constituyente ha derrumbado a la oposición. La prensa habla de una “desmoralización” en las filas de la derecha (La Nación, 10/8). Las últimas convocatorias de la oposición, asimismo, han sido muy reducidas en número de asistentes y esa tendencia está en aumento. “Desde la elección del 30 de julio se ha rebajado la tensión en las calles, tras más de cuatro meses de protestas contra el gobierno que han dejado unos 120 muertos. La oposición (…) está teniendo problemas para mantener la protesta en la calle. La última marcha contra las recientes condenas a alcaldes opositores registró mucho menos apoyo que el de pasadas ocasiones” (El Mundo, 12/8).
En torno de la convocatoria a las elecciones a gobernadores, la derecha se dividió entre los partidarios de concurrir y los partidarios de no hacerlo, pero finalmente prevaleció la primera opción. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que nuclea a todas las fuerzas de la oposición, resolvió presentar candidatos comunes en las elecciones regionales en diciembre. Más que el amor, los ha unido el espanto, de cara a un cuadro de desinflle y derrumbe que hoy reina en sus filas. Está fresco en la memoria de todos su incapacidad para frenar la realización de las recientes elecciones a Constituyente.
La oposición concurre a sabiendas de que el proceso está viciado y tiene un carácter abiertamente proscriptivo. El régimen bolivariano ha aprovechado la nueva situación para inhabilitar la presentación de varios de los candidatos opositores más reconocidos y ubicados en distritos clave. Por ejemplo, el líder opositor Henrique Capriles, doble candidato presidencial, no podrá presentarse a la reelección como gobernador del estado de Miranda. Siguiendo esa misma línea, el gobierno ha procedido a la destitución de intendentes opositores, acusados de no haber reprimido las protestas callejeras.
La decisión de la derecha de presentarse de todos modos a las elecciones proviene, probablemente, de una imposición del exterior en que las grandes potencias están procurando armar una transición controlada que culmine con el relevo del régimen chavista. Las elecciones a gobernador son un terreno del que pretende valerse el imperialismo en el juego de sus presiones y negociaciones diplomáticas en Venezuela. Más allá de las amenazas de una invasión planteada por Trump, la línea predominante en la Casa Blanca está dirigida a buscar una salida negociada. El vicepresidente Pence en gira por Latinoamérica “bajó el tono del mensaje de Trump (sobre una intervención militar a Venezuela) y enfatizó los ejes en la presión económica y diplomática” (Clarín, 16/8).
Ni siquiera prospera la idea de un embargo. Las corporaciones petroleras yanquis acaban de enviar una carta al presidente norteamericano declarándose contra una medida de esta naturaleza que paralizaría las destilarías dependientes del crudo venezolano. Al mismo tiempo, han advertido sobre su inconveniencia en el plano político, pues agitaría el sentimiento antinorteamericano en el país y el continente, y terminaría favoreciendo a Maduro, quien podría abroquelar la opinión pública contra la injerencia imperialista.
Esto es lo que ha venido explotando Maduro en los últimos días. Las bravuconadas de Trump, según lo destacan algunos analistas norteamericanos, están dictadas más que por el escenario internacional por el frente interno. El magnate busca exhibir un liderazgo y una iniciativa en el plano mundial que no ha logrado imponer dentro de sus propias fronteras. En lo que se refiere a Venezuela, Trump ha seguido el libreto que vienen agitando Marcos Rubio, el diputado gusano por Florida, quien es uno de los miembros de la Comisión de Inteligencia del Congreso, que es la que debe pronunciarse sobre los vínculos de Trump y sus colaboradores con el gobierno ruso y que podría derivar en un impeachment contra el presidente.

Límites insalvables

Más allá del respiro que el gobierno haya logrado, esto tiene patas cortas si Maduro y compañía no son capaces de ofrecer una salida al descalabro nacional y a la situación popular desesperante. En las dos semanas de sesiones, el gobierno no implementó ninguna medida distinta de las que ha tomado durante tres años, frente al hundimiento económico y social de Venezuela afectado por una caída del 20% del PBI y a una hiperinflación que el gobierno no tiene la intención de enfrentar.
Continúa la reducción del consumo y la atención sanitaria. Los dólares, cada vez más exiguos, que se necesitan para alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad son destinados a pagar la deuda externa. La Constituyente viene a convalidar la política oficial de violento ajuste contra las masas, que es el tributo y la garantía para el pago de los acreedores, y la privatización petrolera y minera, que va de la mano de la abolición del monopolio estatal del comercio exterior de combustibles.
Lejos de abrir un nuevo horizonte, la Asamblea Constituyente viene a convalidar el rumbo oficial. En su afán de sobrevivir, Maduro ha estrechado vínculos con Rusia. A cambio de nuevos préstamos, el gobierno venezolano debería entregar al gobierno de Putin yacimientos del Orinoco y avanzar en la privatización petrolera y minera. Esta “asociación”, sin embargo, es un salvavidas de plomo que ni siquiera asegura a Venezuela salir de su penuria financiera. Estos mismos métodos son los que ha utilizado con China, lo cual no ha impedido que le suelte la mano, pese a todas las concesiones que se le otorgó.
Partiendo del cuadro expuesto, la Asamblea Constituyente lejos de cerrar la crisis, es un momento de ella. El retroceso de la oposición, muy probablemente, haga salir a luz las disidencias en el oficialismo que hasta hoy están reprimidas y se ventilaban en forma reservada. Algunos analistas han puesto de relieve que el ala liderada por Maduro no excluye una mediación con la derecha, en tanto Diosdado Cabello sería partidario de afianzar un régimen de camarilla, disolviendo la Asamblea Nacional y barriendo con las instituciones del régimen actual que siguen en vigencia. De la misma manera, habrá que ver cómo se refractan en el interior de la Constituyente la enorme crisis social que se agrava día a día.
Entramos en una nueva transición de carácter convulsivo. La tarea del momento político actual es hacer emerger un polo político independiente de la clase obrera, que tiene condiciones de abrirse paso apoyándose y nutriéndose de las múltiples tendencias combativas y clasistas que existen en el país. La condición para ello es la ruptura política con el chavismo y la independencia política de todas las variantes patronales, lo que, a su vez, es un requisito insoslayable para derrotar a la derecha y sus maniobras golpistas.

Pablo Heller