El contraste no podría ser mayor. El 1° de octubre pasado, más de 2 millones de personas fueron a votar en Cataluña, desafiando el sabotaje del gobierno de Rajoy y una represión policial intensa. La concurrencia a las urnas del 43% del padrón representó una victoria política del derecho a la autodeterminación, por un lado, y de la corriente nacionalista catalana, por el otro. El objetivo declarado del nacionalismo es constituir una república independiente en el marco de la Unión Europea y de la Otan. El fin de semana reciente, sin embargo, el Estado español intervino la Generalitat sin la menor resistencia del gobierno catalán, mientras el Parlament votaba, pero en un vergonzoso sigilo, la separación de Cataluña del Reino de España. Un desmoronamiento político, que se acentuó por la partida clandestina del presidente Puigdemont a Bélgica. La justificación del ‘viaje’ para “consultar a las autoridades europeas”, agrandó la magnitud del desbarranque. En el partido de Puigdemont ya se alistan candidatos que reniegan del planteo independentista.
La debacle política del catalanismo había sido anunciada un poco antes cuando el mismo Puigdemont se manifestó dispuesto a adelantar unas elecciones generales a cambio de evitar la intervención. El adelantamiento significaba dejar de lado la declaración de la independencia y la convocatoria a una Constituyente, y proceder a la elección de un nuevo parlamento y un nuevo gobierno en los términos previos al referendo del 1° de octubre -o sea en los términos de la Constitución de la monarquía española. Quien había bregado por esta salida era el PSOE. Rajoy puso como condición que el Parlament desautorizara el plebiscito independentista, lo que de efectivizarse hubiera liquidado electoral y políticamente al nacionalismo catalán. El camino para la aceptación de la intervención del Estado, sin embargo, ya estaba trazado. La independencia no fue nunca, en realidad, un objetivo político del nacionalismo catalán, que siempre defendió la dependencia financiera de la burguesía residente del Banco Central Europeo -opuesto a la secesión.
Este desenvolvimiento de la crisis determinó que la coalición españolista de PP-PSOE-Ciudadanos también alterara sus planes. Cambió el tiempo de intervención de seis meses a cincuenta días, descontando que ayudaría a quebrar una resistencia del aparato del Estado en Cataluña. Pudo remover así, sin mayores inconvenientes, la jefatura de la policía catalana y de otros aparatos de seguridad. Los acusados por delito de sedición no podrán participar de los comicios. La intervención, además, se extenderá todo el tiempo necesario hasta la formación del nuevo gobierno. O sea que tutelará el proceso político, plagado de crisis, para la formación del nuevo gobierno.El frente catalán, sin embargo, ya ha aceptado concurrir a las elecciones. El Estado español ha obtenido una victoria política imponente y logró dar vuelta el tablero en tres semanas.
¿El fin de la crisis? Los cincuenta días que faltan para las elecciones son más que suficientes para producir nuevos episodios y giros políticos. La entrega sin pelea ha desmoralizado al frente catalanista; es incuestionable. Acepta ir a elecciones impuestas por una intervención, porque excluye cualquier otra posibilidad política. Las cuestiones de fondo, sin embargo, no han sido resueltas. Es llamativo que Ciudadanos reclame que el partido más votado del campo intervencionista tenga a su cargo la formación del próximo gobierno en caso de ganar las elecciones. Descuenta que el PP no dejará su condición de ultraminoría en Cataluña y de que el PSOE (PSC) podría sufrir un retroceso. Un resultado de estas características fragmentaría al campo españolista y repercutiría, sin duda, en la gobernabilidad del Estado. El Partido Nacionalista Vasco, por su lado, ha decidido no votar el Presupuesto 2018, en repudio a la intervención de Cataluña, lo que deja a Rajoy sin mayoría en el Congreso. Un tercer contendiente es Podemos, que atraviesa una crisis interna, incluidas las expulsiones, debido a la posición de la dirección de Iglesias a favor de un pacto entre nacionalistas catalanes y el gobierno de Rajoy. En resumen, Cataluña asiste a un proceso de implosión política, al mismo tiempo que el Estado español ha ingresado en un régimen político “de excepción”.
La defensa del derecho a la autodeterminación nacional no puede ser esgrimida en abstracto, o sea, al margen de las condiciones políticas concretas, de un lado, y de las fuerzas en presencia, del otro. Mientras la derecha catalana esgrimió este principio como una carta de negociación con el Estado español, la izquierda lo igualó a una revolución social, una torpeza enorme que disfraza el carácter de clase capitalista de una separación de Cataluña del Estado español. Desde esta página, la defensa del derecho a la autodeterminación ha sido desarrollada en la perspectiva de la unidad socialista de los pueblos ibéricos -que tienen también aspiraciones nacionales frente al Estado central. La perspectiva del socialismo debe atravesar los caminos del desarrollo político concreto y agotar las ilusiones de las falsas salidas intermedias de contenido capitalista -o sea, explotador y opresor.
El socialismo internacionalista se presenta ante las masas como un defensor consecuente de la libertad nacional -incluso en una época en que la viabilidad de los Estados nacionales se encuentra superada. La experiencia de Yugoslavia -la superbalcanización de los Balcanes- es una prueba contundente de que la creación de miniestados periféricos sirve a la opresión imperialista e incluso a la barbarie. En otra geografía del planeta, la política del nacionalismo kurdo de crear mini-estados petroleros (en Irak o Siria) está llevando a la ruina la causa nacional kurda, que solamente puede avanzar en una lucha contra el imperialismo y el sionismo, por una Federación Socialista del Medio Oriente. La nación kurda se enfrenta a una nueva frustración nacional, como la que tuvo lugar enseguida después de la Primera Guerra Mundial.
Como ocurrió con la represión del 1° de octubre, la intervención de Cataluña, por parte de la troika monárquica (PP-PSOE-Ciudadanos) y la UE, ha suscitado manifestaciones de repudio en toda España, y con ello un nuevo desarrollo político de la conciencia de los trabajadores. La crisis del Estado y el despertar de las tendencias democráticas representa una excelente oportunidad para dar un nuevo impulso a la construcción de un partido revolucionaria de la clase obrera.
Abajo la intervención a Cataluña, abajo la monarquía, por una Asamblea Constituyente libre y soberana, por la Unidad Socialista de Europa.
Jorge Altamira
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