La crisis política en Nicaragua lleva tres meses y la brutal represión del gobierno de Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo ya dejó más de 400 muertos. Por la movilización independiente y una salida obrera y popular.
Lo que comenzó el 19 de abril con protestas lideradas por trabajadores de la salud y jubilados contra la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluía el aumento de las cotizaciones de trabajadores y una deducción del 5% en las pensiones, fue apenas el estopín que desató una crisis sin precedentes desde la década de los ochenta en Nicaragua. La misma ya se venía incubando tras una larga política de Ortega de acuerdo con las cúpulas empresariales y organismos financieros internacionales, completamente antipopular, acompañada de un autoritarismo represivo cada vez más creciente.
Por eso, el recule de Ortega de la imposición de la Ley de Pensiones, buscando detener la rabia que se comenzaba a desatar y que fue protagonizada en sus inicios por miles de jóvenes y estudiantes universitarios que se fue extendiendo a todo el país, no fue capaz de contener un proceso profundo donde millares se fueron sumando en cada una de las ciudades y pueblos en sendos procesos de movilizaciones. Eran jóvenes, pobladores de las barriadas populares de Managua y otras ciudades como Masaya, León, Estelí, entre otras; sectores populares, campesinos, clases medias frustradas, que hartos de la situación decían, ¡basta!
Quienes, además de movilizarse, levantaban barricadas en sus lugares de protesta y tranques en las principales carreteras del país. El gobierno de Ortega-Murillo respondió con una brutal e inusual represión con saldo de muchos muertos y heridos.
En una situación donde importantes sectores empresariales deciden tomar distancia de Ortega, incluyendo a la alta jerarquía de la Iglesia Católica que también venía aliada al gobierno. Ahora, con un discurso opositor, y con la bronca popular creciente en las calles, buscan una salida negociada, y si la misma no prospera, voltear a Ortega para imponer un gobierno aún más derechista y que impulse su programa proimperialista. Se crea la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el marco de un “diálogo nacional”, donde la Conferencia Episcopal actúa de mediadora. Una Alianza Cívica liderada y hegemonizada centralmente por las principales cámaras empresariales como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), pero en la que participan “representantes” del sector estudiantil, dirigentes campesinos y lo que se da en llamar representantes de la “sociedad civil”. En dicha Alianza está presente la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura F. Dogu.
No falta a la cita la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno imperialista de Estados Unidos enviando delegados a negociar con el gobierno nicaragüense. Con un discurso de “democracia” y de “derechos humanos”, que le sirve en bandeja Ortega con su autoritarismo y escalada represiva, discuten una “transición política” y se habla de anticipar las elecciones presidenciales. Puro cinismo: lo que buscan es ver cómo de la crisis –sea mediante una “transición” o mediante la salida de Ortega-Murillo–, surge un gobierno aún más afín a sus intereses. Allí está recientemente Honduras para atestiguarlo donde el imperialismo avaló toda la represión de un gobierno cuya génesis estuvo en el golpe de Estado de 2009, luego del escandaloso fraude electoral, o el propio gobierno de Michel Temer en Brasil oriundo de un golpe institucional.
Por eso, en la reciente reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se aprobó una declaración en la que se incluye una solicitud para adelantar las elecciones a marzo de 2019, dos años antes de lo previsto. El documento “insta” al gobierno a que "apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional". La iniciativa fue impulsada por siete países (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú), contando con el respaldo de México, luego del “pedido” que realizó la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal. Además de EEUU y Canadá, se trata de gobiernos representantes de la derecha latinoamericana, apoyada además por los gobiernos de países de Europa.
Esta es una clara línea de injerencia por parte de Estados Unidos y de otras potencias imperialistas que incluye a organismos como la Unión Europea (UE), acompañados de dicha derecha continental. Esta línea no solo concede a Ortega el tiempo suficiente para negociar su salida del gobierno, sino que busca una transición pactada lejos de las demandas de la población movilizada; y en caso de que aquel no acepte este plan, acelerar su salida. La OEA “urge” a Ortega a que participe “de buena fe” en el Diálogo Nacional del que forman parte el gobierno, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la patronal a través del COSEP.
La medida es una línea mandatada por los organismos internacionales, que declara su condena nada más por los “actos violentos” contra los universitarios y jóvenes que enfrentaron la represión a manos de la policía y fuerzas paramilitares que dejó como saldo dos asesinados durante el 15 de julio. Como se ve, buscan darle una salida a Ortega, dejándolo impune de los más de 400 crímenes contra la población. No es una novedad este tipo de “presión” ejercida por Estados Unidos desde la OEA o la ONU, para dar una “salida pactada” a la crisis, puesto que el imperialismo estadounidense busca que la resolución lo beneficie para los reacomodos políticos y económicos que se dan a nivel internacional, y seguir manteniendo al conjunto de América Latina como su enorme patio trasero. De la mano del imperialismo y de una oposición patronal profundamente proimperialista, cualquier salida será favorable a los intereses de las grandes trasnacionales y contraria al pueblo trabajador.
Así, acelerada la crisis política, el aumento de la brutal represión se ha visto signada por el estancamiento del “Diálogo Nacional” propuesto por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y aceptado por Ortega. Cabe señalar que este “diálogo” ha sido suspendido de manera intermitente y se encuentra estancado no sólo porque Ortega se ha negado a detener la represión –primera demanda para establecer las mesas de diálogo que incluyen el debate sobre un proceso de “democratización” en Nicaragua–, sino por la creciente movilización a nivel nacional con una destacada participación del pueblo nicaragüense que exige su salida.
Aunque este “diálogo” permanece en un impasse político, es casi seguro que las negociaciones entre los sectores que lo conforman continúen a espaldas de los sectores en lucha; y donde hay una tendencia a poner a prueba la relación de fuerzas en las calles. Y es que en vísperas de la Asamblea General de la OEA en Washington, sus miembros ya habían mantenido comunicación con el gobierno de Ortega, para acordar modificaciones al sistema electoral; muestra de ello fue que su secretario general, Luis Almagro, declaró apoyar elecciones adelantadas siempre y cuando se suscitaran en un marco de “transparencia institucional”, lo cual apostaba desde inicio a darle tiempo a Ortega para derrotar la movilización social y pactar con los empresarios la transición.
En este escenario se inscribe el aumento de la escalada represiva y los ataques de paramilitares y parapoliciales, incluyendo el uso de francotiradores contra la población. A pesar de eso, continúan resistiendo algunos de los bastiones históricos –y hasta hace poco incluso con gran peso electoral para el sandinismo–, en ciudades como Masaya, Estelí, León, Carazo, entre otros.
En recientes declaraciones a la cadena estadounidense Fox News, Daniel Ortega, luego de sentirse “un poco más seguro” tras la brutal escalada represiva que al parecer ha contenido momentáneamente el movimiento, aseguró que un adelanto de las elecciones en el país crearía "inestabilidad e inseguridad" y "empeoraría las cosas". Y con total descaro, le lanza la culpa de los muertos a la población que se ha rebelado diciendo que “han sido originados por grupos paramilitares financiados por algunos diputados opositores y el narcotráfico”. Además, Ortega “asegura” que en los últimos días se ha dado un proceso de "normalización"; lo que no dice es que si esto es así es por el uso brutal de la represión con muertos que se cuentan por centenas y miles de heridos.
Pero si se ha llegado a esta situación como sostiene Ortega, no solamente ha sido producto de la represión. Desde el inicio, el gobierno del FSLN apostó a “pegar para negociar” ya que ha tenido a su favor que la oposición y el imperialismo no tienen por ahora un recambio político y temen un agravamiento de la crisis que afecte la “gobernabilidad” y, sobre todo, que las movilizaciones terminaran en un “estallido social” de gran magnitud que volara todo por los aires. Por eso, se ha venido presentando, tal como lo reafirma en la entrevista con Fox News, como el único garante de la estabilidad económica y política, para discutir en mejores condiciones, mientras continúa recrudeciendo la represión y trata de desgastar al movimiento de protestas.
Los límites que ha tenido la movilización, un balance necesario
Como hemos escrito, lo que se ha desarrollado en Nicaragua desde el punto de vista de movilización de masas no se veía desde los años ochenta. Ciudades, pueblos y barrios emblemáticos de la época de la Revolución del 79, y que por años fueron bastiones del gobierno del FSLN, se rebelaron de una manera inusual, con una juventud que despertaba con el crujir político, y una vieja generación que aún mantienen latente ciertos métodos de lucha de hace apenas 35 años. Así población de ciudades emblemáticas –como el caso de Masaya– llegaron hasta protagonizar un proceso de semi insurrección, expresando una combinación entre tendencias profundas a la movilización y alcanzando niveles de resistencia, autoorganización y autodefensa.
Los pobladores recurren a las viejas formas de lucha heredadas de la Revolución nicaragüense de 1979, como el levantamiento de barricadas, instalando trincheras y tranques (bloqueos) para impedir el ingreso de las fuerzas represivas y de paramilitares de manera espontánea; pero donde además se han quedado sin representación de cualquier autoridad gubernativa haciéndose del control de las ciudades. Fue en el desarrollo de estos elementos de autoorganización y autodefensa, con un alto grado de espontaneidad, donde ganaron fuerza las consignas contra el gobierno, exigiendo la salida de Ortega y Murillo, y que desataron la ira represiva del gobierno, que ordena ataques de manera sistemática por elementos paramilitares, acuerpados por la policía y el Ejército para combatir este proceso y disciplinar a la población que se rebela.
Estas expresiones tuvieron una participación destacada de jóvenes, campesinos y mujeres que se pusieron al frente, pero su gran límite fue estar bajo una dirección política y líneas de actuación impuesta por la dirección de la Alianza Cívica, en manos de la patronal (COSEP) y las cúpulas de la Iglesia católica.
Pero sobre todo, al no haberse desarrollado estas medidas junto con sectores de la clase trabajadora –que garantizan el funcionamiento de los servicios y la industria del conjunto del país– levantando ésta sus demandas como sector organizado, rompiendo con la burocracia sandinista y encabezando la movilización del conjunto del pueblo oprimido y explotado. De esta forma, el grueso de los trabajadores actuaron diluidos en el proceso de movilización, o contenidos vía las centrales o sindicatos estatizados cuya burocracias, afines al gobierno, impidieron que los trabajadores actuaran a través de sus organizaciones y con sus propios métodos de lucha.
Son estos elementos, su potencialidad y la posibilidad de superar los actuales límites, los que han causado también un gran temor dentro de los sectores empresariales. Es que los empresarios de las cámaras como el COSEP nada temen tanto como la “desestabilización” que una mayor rebelión obrera y popular podría ocasionar; prefieren no arriesgar todo lo que lograron bajo el “orteguismo”: mercados “abiertos” al capital extranjero, libertad para avanzar con la concentración de tierras y la destrucción ambiental, altas ganancias gracias a la superexplotación de la mano de obra y los subsidios del Estado, adhesión a los “consejos” del FMI y el capital financiero internacional.
Claramente, la política de la burguesía opositora es impedir que la movilización en su conjunto se vaya radicalizando cada vez más y se extienda, y que terminen de peligrar sus intereses. Temen que la movilización ya no solamente se dirija contra Ortega, sino también con los sectores empresariales que pactaron con Ortega desde el 2006. A este hecho se suma la preocupación del imperialismo estadounidense, ya que de abrirse un escenario de una mayor desestabilización o “estallido social” en la región, afectaría la recomposición –en términos de hegemonía– que tanto le interesa mantener a Estados Unidos sobre la región del istmo centroamericano.
Para eso recurrieron a la política del “diálogo nacional” o a “paros nacionales” controlados, para aplacar los niveles de combatividad de los sectores movilizados y crear las condiciones óptimas para una salida política a la crisis que sea contraria a los intereses del pueblo trabajador, que garantice los intereses de la patronal y el imperialismo.
Lamentablemente, los “voceros” de la coalición estudiantil compartieron y comparten el plan de una “salida negociada” de la Alianza Cívica, en línea con lo que dicen las cámaras empresariales, más allá de su retórica. El hecho de ser parte de una alianza con los sectores empresariales indica claramente que lo que buscan es la salida de Ortega, pero para un gobierno de recambio afín a los intereses de los grandes empresarios. Si en verdad están a favor del pueblo deben romper con dicha Alianza Cívica y luchar por las demandas fundamentales de los trabajadores, el pueblo pobre y los campesinos nicaragüenses, cuestión a la que se oponen claramente los empresarios del COSEP y la alta jerarquía de la Iglesia Católica.
Los trabajadores, la juventud y el pueblo a estas alturas necesitan un balance claro. Una salida de Ortega favorable a sus intereses no será de la mano de las cámaras empresariales, de la Iglesia Católica defensora de los intereses de los de arriba y de los terratenientes. La subordinación del movimiento de protesta a la política proimperialista del COSEP y la Iglesia fue y sigue siendo un grave escollo político para que el proceso se desarrolle y triunfe. Por eso, se hace necesario más que nunca romper con la Alianza Cívica de los empresarios y la Iglesia y su programa, para que la vanguardia que se ha comenzado a forjar en estas luchas pueda orientarse de manera independiente y con una perspectiva superior. Esta necesaria delimitación está ligada a la discusión profunda de un balance de la lucha, y a la tarea de multiplicar, consolidar y desarrollar la organización que ha comenzado a germinar en las barricadas, tranques y tomas, una conquista que no debe diluirse por las ilusiones en el “diálogo nacional”, soldando a la par la unidad de los trabajadores y el pueblo en las calles.
El carácter del gobierno de Ortega y el giro a derecha del “progresismo” sandinista
El regreso de Ortega en 2006, después de las elecciones y del gran pacto que realizó con la alta jerarquía de la Iglesia católica –enemiga de la Revolución nicaragüense– junto a los sectores empresariales, fueron los elementos que jugaron a su favor para llegar al gobierno con los planes del FMI bajo el brazo.
La tercera presidencia consecutiva del líder del FSLN supo beneficiarse de la división y debilitamiento de la derecha conservadora, así como del crecimiento económico promedio anual del 5% desde el año 2011, debido al auge de la demanda de materias primas y las exportaciones a los Estados Unidos. Aunque este último aspecto sobre el crecimiento económico, permitió reducir algunos de los índices sociales escandalosos y desarrollar determinados programas de asistencia social, a fines del 2017 un tercio de la población vive en pobreza, recrudecida por la precarización laboral y bajos salarios (la mayoría sobrevive con 100 dólares al mes) de los que se beneficia la patronal nicaragüense y las empresas extranjeras.
Dejando toda retórica izquierdista en el pasado, la gestión de Daniel Ortega concentró el poder político buscando beneficios económicos para su familia; basado en métodos autoritarios y atacando con mayor represión las libertades democráticas y los movimientos de protesta. Pero además, ese poder político se vio respaldado por sectores de la burguesía y una casta burocrática, donde Ortega actúa como administrador de los negocios capitalistas en el país.
Esto fue expresión en Nicaragua del giro a derecha que se dio en los últimos años de los llamados “progresismos latinoamericanos”, como el que pretendía encarnar Ortega y la administración del FSLN, adquiriendo un curso fuertemente bonapartista reaccionario y en detrimento de los trabajadores y los sectores populares. Incluso de buenas relaciones con el imperialismo, ligado a mantener un discurso reivindicativo demagógico de la Revolución de 1979, solo como retórica para dar legitimidad a su gobierno, el cual únicamente ha servido para cobijar los planes que han beneficiado a las grandes élites y a viejos sectores de la burocracia sandinista, quienes escalaron hasta formar parte de grandes grupos económicos empresariales y del Ejército.
Contra el gobierno de Ortega, impulsar la movilización independiente de la patronal proimperialista
Pero a pesar de su dureza represiva y discursiva, el gobierno de los Ortega-Murillo está debilitado. Ha perdido base social y los viejos pactos con el empresariado y la Iglesia, claves para su hegemonía de 12 años, se han desvanecido. Y los intentos por retomar el control se basan en la fuerte represión, lo que lo llevará a negociar en otras condiciones con las cúpulas patronales.
Así, el régimen político de dominio del matrimonio Ortega-Murillo se encuentra en un agotamiento y crisis abierta (aunque ésta no acaba aún de definirse), teniendo como elemento desestabilizador también la crisis económica. De ahí que Ortega termina decidiendo aplicar el ajuste del FMI, pero cuyo costo político al desatarse la crisis es que el sector empresarial termina distanciándose del gobierno y se une a la Alianza Cívica.
Y es que si bien Ortega ha demostrado ser el enemigo número uno de la movilización, también hay que señalar que los sectores empresariales que llaman a “paros cívicos y pacíficos” (una mezcla de lockout patronal con sectores populares que participan expresando el hastío de la situación), como ya lo hemos expresado más arriba, lo hacen de una manera controlada para ejercer presión a Ortega.
La patronal y la oposición proimperialista buscan utilizar el descontento con el régimen encabezado por Daniel Ortega para imponer un gobierno todavía mas sometido y subordinado al imperialismo. Ante eso, es fundamental impulsar la movilización independiente de los trabajadores, la juventud y el pueblo pobre, ya que son las mismas patronales que se enriquecieron bajo Ortega las que quieren entregar aún más el país al imperialismo. Para eso debemos poner en pie una verdadera alternativa de los trabajadores, los campesinos pobres y la juventud, que luche por una salida revolucionaria y acorde a las necesidades y demandas profundas del pueblo nicaragüense.
Ortega habla de los últimos días de “normalización”, pero lejos está de alcanzar un proceso de desmovilización, tal como lo vimos en las marchas del “Día del Estudiante” y que en muchas ciudades y pueblos se resiste a la represión. No hay que dejarse engañar con los discursos de Ortega.
Lo que la situación aún reclama es la preparación de una verdadera huelga general indefinida, con movilización y tranques, para paralizar realmente al país y poner en las calles toda la fuerza de los trabajadores, los campesinos y las masas populares, confiando en sus propios métodos y organización. Para ello, es necesario generalizar la organización de comités y otros organismos de lucha, capaces de tomar en sus manos las múltiples tareas del levantamiento, incluyendo la autodefensa contra la represión estatal y las bandas paramilitares. Pero también su coordinación y centralización nacional, democráticamente organizada como un gran frente de las organizaciones en lucha y que adopte un programa propio, obrero y campesino ante la crisis nacional. Superando así a la dirección de la Alianza Cívica, gran traba para la movilización independiente.
Como hemos expresado antes, los trabajadores y entre ellos, muchos jóvenes y mujeres participan de la lucha en sus barrios, pueblos y ciudades. Sin embargo, la clase obrera como tal, como sujeto social y políticamente diferenciado, está todavía invisibilizada. Y esta es una seria dificultad para el desarrollo de la rebelión, porque son los trabajadores los que pueden paralizar la producción en los centros vitales de la economía nacional. Hasta ahora pesan las condiciones de precarización, extrema explotación y recorte de derechos de organización impuestos por los empresarios y el régimen, como ocurre, por ejemplo, con los más de 100.000 obreros y obreras que laboran en las “maquilas” de las Zonas Francas, principalmente en Managua.
Las principales organizaciones sindicales, como la Central Sandinista de Trabajadores (CST), el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT, cuyo secretario general es también diputado y preside la Asamblea Nacional), la federación de trabajadores de la salud, la Confederación del magisterio y otras, son controladas por el Gobierno, a través de una burocracia que ha cerrado filas en su defensa. Pero es el desarrollo mismo de la movilización en curso el que abre la posibilidad de que los asalariados de la industria, los transportes y servicios, etc., sacándose de encima esa “losa burocrática”, comiencen a jugar un papel superior. ¡A poner de pie el movimiento obrero, para luchar por sus demandas y las de todo el pueblo! ¡Fuera la burocracia de los sindicatos! ¡Por la independencia de los sindicatos ante el Estado, el FSLN y la patronal!
Por ello, también es necesario hoy más que nunca que el movimiento de masas se plantee la autorganización de todos los sectores en lucha; campesinos, mujeres, estudiantes y la juventud que resiste de forma heroica. Y donde la clase trabajadora tiene el enorme desafío de mostrar su potencial, poniéndose a la cabeza de la preparación de una verdadera huelga general organizada desde las bases trabajadoras que lleven a un mayor impulso y extensión de las movilizaciones en todo el país.
Para que la gran energía que ha demostrado el movimiento de masas no termine desgastada en una mesa de negociaciones ni utilizado como base de maniobra para una salida proimperialista, la salida independiente debe ser el norte para los sectores más progresivos que están luchando. Y esto implica la ruptura por izquierda con la Alianza Cívica y su política de diálogo con el represor Ortega. Los trabajadores del campo y los sectores urbanos tienen el reto de pelear por superar a sus direcciones en manos de la burocracia sandinista y romper con los sectores empresariales para ir hasta el final y conquistar el conjunto de sus demandas. Para ello es necesario levantar un programa obrero que acaudille las demandas de los demás sectores explotados y oprimidos.
Luchemos por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana
Distintas perspectivas se abren para Nicaragua, cruzadas por el impacto que pueda tener una mayor represión gubernamental y el descontento que se expresa en las calles. Primero, que por la vía de la negociación o de la caída de Ortega, sea capitalizada por la oposición derechista y la patrona proimperialista. Otra opción es que, producto del endurecimiento de Ortega, su bonapartismo y el uso indiscriminado de la represión, termine por tomar el control, y sobre esa base discutir una transición más ajustada a sus intereses. O bien una salida favorable para los trabajadores.
Es necesario decir claramente que ni el bonapartismo de Ortega y Murillo, ni una salida de la mano de la patronal proimperialista (sea que incluya un “gran acuerdo nacional” o imponer la salida de Ortega y un gobierno más favorable a sus intereses) son alternativas para los trabajadores y el pueblo. Hay que luchar por una salida que verdaderamente dé respuesta a las profundas aspiraciones democráticas del pueblo “nica”.
Contra estas salidas, enemigas del pueblo trabajador, los planes de “transiciòn” y adelantamiento de elecciones, los socialistas pensamos que es necesario levantar la lucha por una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana, para que el pueblo decida democráticamente sobre todos los grandes problemas nacionales, mediante representantes elegidos por voto popular y revocables, que ganen lo mismo que un trabajador especializado. Una Asamblea Constituyente que concentre el poder ejecutivo y legislativo, eliminando el cargo presidencial que es una figura solo destinada a mantener el orden capitalista, eliminar el Poder Judicial, esa casta de jueces que no elige nadie, suplantándolos por jurados populares elegidos por sufragio universal. Se trata en suma de una Constituyente donde se discuta la resolución efectiva de todas las demandas económicas, democráticas y sociales del pueblo trabajador, campesino y popular.
Es claro que una Asamblea así sólo se puede conquistar mediante la movilización. Para ayudar a ello y fortalecer la movilización de conjunto, es necesario combinar las legítimas demandas democráticas contra la represión y por justicia, contra el régimen autoritario y corrupto de Ortega y Murillo, con las demandas obreras, campesinas y populares, por el salario, el trabajo y la tierra, contra el pago de la deuda externa y la “tutela” del FMI, contra la entrega de los recursos naturales a las mineras y agroindustrias y contra el proyectado Canal, como parte de un programa de los trabajadores, para que la crisis la paguen los capitalistas.”
Solo este camino hará posible mostrar el carácter de clase de los empresarios y acelerar la movilización en clave independiente de la Alianza Cívica, no solo para derrotar al gobierno de Ortega- Murillo, sino para brindar al conjunto del pueblo nicaragüense una salida efectiva a sus demandas. Esta pelea, junto a profundización de la movilización ya en curso en estos meses de lucha, facilitaría también el surgimiento de organismos de autodeterminación.
Una Asamblea así, conquistada por la movilización y en la perspectiva de la lucha por un gobierno obrero, campesino y popular, llevaría hasta el final la tarea de desmontar de raíz las instituciones bonapartistas y corruptas del régimen, algo que la Alianza Cívica y la Iglesia no quieren ni pueden hacer, porque han sido sus cómplices históricos y las necesitan para recomponer un nuevo régimen a su medida.
Pero además, un programa así puede abrir el horizonte a la resolución íntegra y efectiva de las tareas democráticas y nacionales sin las cuales es imposible salir de la pobreza y la sumisión al imperialismo, incluyendo una verdadera democracia directa, mediante una nueva revolución en Nicaragua, que resuelva lo que en el 1979 las direcciones conducidas por el FSLN no hicieron, y construir una República obrera y campesina, basada en las organizaciones de frente único que las masas combativas construyan en su lucha.
Milton D'León
Caracas @MiltonDLeon
María Rosas
