Esta mañana, desde la guarnición militar de Campo de Mayo, el presidente Mauricio Macri anunció la largamente anunciada “reestructuración militar”.
El principal elemento de esta reforma es que modifica el decreto reglamentario de la ley de defensa nacional que sostiene que las Fuerzas Armadas solo deben accionar ante agresiones externas provenientes de otros Estados. Cambiando este “límite” a la posibilidad de acción de las Fuerzas Armadas y eliminando la necesidad de que solo pudieran actuar frente a ataques de fuerzas militares de otros Estados, el gobierno legaliza la represión contra aquellos que considere “un peligro” o que “amenace la soberanía”. Se trata de una avanzada grave, dado que cualquier reclamo organizado contra el Estado podrá ser considerado por el gobierno que representa un riesgo para la seguridad nacional y queda autorizada la intervención de las Fuerzas Armadas. Los antecedentes del gobierno, que ha acusado a las luchas del pueblo mapuche o a las movilizaciones populares del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional de “atentar contra el orden constitucional y la democracia”, son gráficos en este sentido. Con esta reforma se reinstalan a las fuerzas militares en la represión interior para garantizar “condiciones jurídicas” para la explotación de los recursos naturales a los “inversores” extranjeros y ante cualquier eventual levantamiento popular.
La primera parte de la “reestructuración” implica el envío de 500 efectivos a las provincias del norte del país. Para fin de año, el gobierno planea haber enviado 5000 militares. Con el pretexto del combate del narcotráfico y el terrorismo militariza las provincias de Jujuy y Salta legalizando lo que hasta el momento encubría bajo el eufemismo de “apoyo logístico”. En ese sentido, se busca liberar a Gendarmería de las tareas en la frontera y “ser movilizados a centros urbanos para combatir la inseguridad”, es decir, avanzar en un reforzamiento represivo contra los trabajadores jujeños y salteños. Esa es la línea de la llamada “reestructuración operativa” que aumenta el personal policial para el control de la población en las principales ciudades del país.
Cabe destacar que esto sucede bajo los lineamientos de las fuerzas militares norteamericanas. En 2016 la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos –DEA- reabrió su oficina en Salta, desde donde capacita a las fuerzas de seguridad locales. Esta reforma fue organizada y digitada desde el Pentágono en los sucesivos viajes de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, el secretario de seguridad Eugenio Burzaco y el ministro de defensa, Oscar Aguad, a las oficinas de la DEA y el FBI y el intercambio permanente ida y vuelta de los altos mandos de seguridad del gobierno israelí, cuyas empresas socias han reequipado a las fuerzas de seguridad nacionales.
Más que “blindarse” la frontera, se impulsa un reordenamiento del circuito del narcotráfico que opera en esta zona de frontera bajo el control de la agencia norteamericana, que, como ha sucedido en otros países de América Latina, lejos de poner un fin al narco a lo que se asiste es a un reforzamiento represivo y luchas sanguinarias por el control de este negociado que termina en un régimen de terror y de crímenes contra el pueblo.
La reinstalación de las Fuerzas Armadas en tareas internas ha sido un objetivo estratégico del gobierno de Macri. Tiene como antecedente la resolución 201 que habilita al personal militar a tareas de espionaje -que profundiza la línea planteada por las leyes antiterroristas del kirchnerismo-, la política de impunidad para los genocidas y la reedición por parte de los escribas oficialistas de la teoría de los dos demonios. Con ese plan desarrolló una sistemática campaña en favor de las fuerzas represivas, desde la protección política al policía asesino Chocobar al encubrimiento del accionar criminal de Gendarmería nacional y Prefectura ante las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el sur del país. Del decreto de autogobierno de las Fuerzas Armadas, al beneficio del 2x1 para los genocidas de lesa humanidad.
Ahora, cuando se viene lo peor del ajuste que ha pactado con el FMI, el gobierno avanza con esta decisión. Se prepara para enfrentar las luchas populares que se generen producto de las medidas que tienen en agenda (segunda reforma previsional, reforma laboral, reforma educativa) y ante la agudización de la crisis social. Como anticiparon el 14 y 18 de diciembre con la represión y detenciones, el gobierno pretende imponer al pueblo las exigencias del FMI como sea necesario.
Mariana Romano
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