Avance bonapartista en Perú

Presidente Martín Vizcarra y y fiscal Pedro Chávarry.

Independencia obrera, fundamental para defender derechos.

En vísperas de año nuevo, a pocas horas de la medianoche del 31 de diciembre, el jefe de los fiscales del Perú, Pablo Chavarry, removió de sus puestos a los fiscales José Pérez y Rafael Vela, a cargo de las investigaciones de la corrupción del grupo brasilero Odebrecht. Chavarry había sido nombrado por las bancadas fujimorista y su socio del Apra, que tienen mayoría en el Congreso. La investigación en curso, constantemente manipulada por el gobierno y la embajada yanqui, ha puesto en evidencia que los últimos cinco presidentes del Perú están implicados en sobornos de este grupo. El asunto de Odebrecht y del Lavajato ha hundido al gobierno de PT en Brasil y facilitado el ascenso de Bolsonaro y también usado para provocar la renuncia, en marzo pasado, del presidente Kuczynski y el ascenso del vice, Vizcarra en el Perú.
El objetivo de este licenciamiento de fiscales era impedir que se firmara un acuerdo con Odebrecht en el marco del sistema de “delación premiada”, porque los datos que se volcarían incriminan directamente a Keiko Fujimori (detenida) y Alan García (próximo a serlo), jefes de las bancadas mayoritarias.
Detrás de las ‘investigaciones’ en curso por los sobornos, hay una feroz lucha inter-monopólica promovida por los yanquis para penetrar en el negocio de las obras públicas. Lo mismo sucede en Argentina, donde Odebrecht que ha sido sacado del millonario trabajo del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, ha amenazado con hacerle juicio a Macri por estar interdicta de participar de las licitaciones-negociados de la obra pública.

Teatralización de Vizcarra

El presidente Vizcarra se enteró de la remoción de ambos fiscales mientras se encontraba en Brasil, el 1° de enero, para participar del acto de asunción de Bolsonaro. Rápidamente tomó un avión para volver a Perú en el día, reunió a su gabinete y en un discurso público anunció la presentación de un proyecto al Congreso para declarar “en emergencia” (intervenido) la Fiscalía.
Ya en la misma noche de Año Nuevo hubo movilizaciones callejeras contra el licenciamiento de los fiscales; los medios de prensa criticaron la medida y hasta los propios fiscales que habían sido nombrados para reemplazar a los dos cesanteados, se negaron a asumir. Vizcarra en persona, con su gabinete, caminaron el día 2, las cinco cuadras que lo separan del parlamento para hacer entrega de su proyecto de ley. Si el Congreso no avalaba la intervención daba los pasos para su disolución y convocar elecciones adelantadas.
En minutos, el jefe de fiscales retrocedió y restituyó en sus cargos a Perez y Vela para que continúen con sus investigaciones (aunque las audiencias que se iban a realizar a partir del 11 de enero en Brasil para tomar los testimonios de la “delación premiada”, producto de estos choques, ha sido postergada sin fecha).

¿Justicia independiente?

Los planteos anticorrupción de Vizcarra son una pose hipócrita: él mismo se encuentra acusado de haber recibido sobornos y estar al servicio de las grandes mineras. El poder judicial no puede terminar con la corrupción y la impunidad de los capitalistas, porque esta es inherente al propio sistema. En un reciente referéndum, Vizcarra hizo votar una reforma judicial, por la cual los jueces serán nombrados por una mesa puesta a dedo de acuerdo a criterios ‘meritocráticos’.
Sólo bajo un gobierno de trabajadores habrá justicia independiente, eligiendo el pueblo a jueces y fiscales y revocándolos en forma directa, en caso de corrupción.

Ataque a los trabajadores

Vizcarra está asentando en forma bonapartista su poder personal, para superar la crisis y el desprestigio de los partidos burgueses tradicionales. Lo hace con el apoyo del imperialismo, de las grandes mineras y de los medios de difusión.
Quiere disciplinar las bancadas del Congreso para que le voten un conjunto de reformas antiobreras. El mismo 31 de diciembre, mientras Chavarry removía a los fiscales para frenar la investigación que esta incriminando a Keiko Fujimori y Alan García, el poder ejecutivo sacaba un decreto autorizando el despido de representantes gremiales… siempre y cuando se les pague indemnización. Quiere eliminar la negociación colectiva de los trabajadores públicos y disminuir conquistas (vacaciones, etc.). Mientras manipula a sectores populares llenándose la boca con la lucha contra la corrupción, cumple el mandato de los monopolios de ajustar al pueblo trabajador. Y hay gran disconformidad en las zonas mineras por la depredación ambiental y la superexplotación obrera que ejecutan los monopolios, con el visto bueno del gobierno.
Esto ha llevado a que la CGTP convoque a una Jornada Nacional de Protesta para el 15 de enero, mientras que la Coordinadora Sindical y Popular llama a otra para el 22 de enero.
Vizcarra está cooptando a dirigentes sindicales burocráticos. Es fundamental la unidad en la lucha de los trabajadores y el pueblo. Para ello es necesario no apoyar a Vizcarra en su fraudulenta pose anticorrupción y tampoco a los Fujimori y Alan García. Independencia Obrera: preparemos un Congreso Nacional de Trabajadores de los Sindicatos y Centrales para unificar la lucha en un poderoso torrente de masas y votar un programa que barra con la hipocresía cosmética e imponga los reclamos de las masas y las medidas necesarias para enfrentar la crisis capitalista en marcha: no al pago de la deuda externa, nacionalización de la banca y de las mineras, control obrero. Y trabajar sin cansancio para construir un Partido Obrero Revolucionario que organice a la vanguardia para la lucha por un gobierno de trabajadores.

Rafael Santos