La “continuidad pedagógica”, que el gobierno proclama como objetivo de la educación virtual en el marco de la cuarentena impuesta por el Covid-19, choca con la realidad de una educación vaciada y desigual dirigida a profundizar y consolidar las diferencias sociales y la explotación laboral capitalista.
La necesidad de dispositivos, conexión a internet, disponibilidad de datos móviles se han transformado en insumos indispensables a la hora de acceder a la educación, dejando fuera del sistema a millones de niños de las barriadas obreras, barrios marginales y zonas rurales, desnudando la existencia de una educación para ricos y otra para los pobres que se han quedado sin la “continuidad pedagógica”.
La contracara oculta de esta virtualidad es la sobreexplotación docente, el trabajo a destajo las 24 horas del día, la disponibilidad permanente para atender consultas, dudas, preguntas de niños y padres, coordinar con otros docentes del ciclo, área o departamento, atender los requerimientos de directivos, las correcciones, informes, evaluaciones, clases virtuales, elaboración de materiales, reuniones de personal y un sinfín de particularidades emergentes que han puesto al conjunto de la docencia “a disposición” permanente.
No solo se ha perdido el horario de trabajo, sino el derecho a la intimidad y a la vida familiar, los docentes se han visto obligados a poner a disposición no solo su tiempo, sino sus teléfonos, sus mails, sus computadoras y su presupuesto, haciéndose cargo de sostener económicamente los gastos corriente eléctrica e internet que se requieren.
Se ha establecido una reforma laboral de hecho que avasalla los derechos más elementales, como el horario de trabajo y el derecho a la intimidad.
Esta situación es muchísimo más grave para los miles de trabajadores docentes de la educación privada, donde al trabajo a destajo se le suman las amenazas de despido o de rebajas salariales por parte de las patronales que ven la oportunidad de seguir haciendo negocios de la mano del gobierno.
Cabe recordar que cerca del noventa por ciento de las escuelas privadas del país recibe subsidio del Estado. Este subsidio estatal sostiene el pago de los salarios docentes en montos que equivalen a porcentajes que oscilan entre el 40 y el 100 % de los salarios, sean laicas o religiosas, además del sostenimiento del clero por parte del tesoro nacional.
De esta manera, las patronales privadas tienen garantizado por el Estado un negocio redondo: el salario de los docentes con fondos públicos y las cuotas mensuales y las matrículas más otros inventos (actividades extracurriculares, comedor, etc.), por las familias de cada alumno. Negocio que no están dispuestas a perder, de manera que la merma en el pago de las cuotas por parte de algunas familias será equiparada con rebajas del salario docente que proviene mayoritariamente de fondos públicos. Un robo sin escrúpulos.
Pero eso no es todo, mientras que en la primera sesión del Congreso, desde la declaración de la cuarentena, los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio se negaron a habilitar el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas, el gobierno amplió los beneficios del salario complementario a las instituciones de colegios privados, beneficiando a las empresas que por años han acrecentado sus ganancias, y que hoy descargan la crisis sobre los trabajadores de la educación, despidiendo, no renovando contratos o rebajando los salarios, y, en muchos casos, obligando a la docencia a cumplir horario en los establecimientos educativos.
Mientras esto ocurre, el viernes 8 de mayo, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se reunió en forma virtual con representantes de los gremios docentes (Ctera, UDA, Amet, Sadop, CEA). Sin mandato alguno de la docencia, se sentaron a negociar nuestras condiciones de trabajo y nuestro salario. “Discutimos cuestiones que no solo tienen que ver con lo salarial sino también con las condiciones de trabajo que, obviamente, son parte de la paritaria, porque para nosotros la paritaria sigue abierta”, definió Trotta (Pág.12, 9/5).
Jorge Kalinger, secretario general del Sadop, destacó que los únicos responsables del pago del salario son los empleadores (Cronista 8/5); exponiendo a los docentes a que enfrenten a las patronales en soledad, por el pago de sus salarios en un cuadro de despidos y rebajas salariales.
Se limitan a lanzar una propuesta “para reorganizar el trabajo docente en tiempos de pandemia”, tomando como base los datos obtenidos de la encuesta “contanos para cuidarte”, orientada por Sadop, durante el mes de abril, de la que participó una minoría de docentes.
Festejan el compromiso de Trotta para lograr una línea de créditos con Banco Nación ¡¡ para que los docentes puedan comprar sus computadoras!! (Pag.12, 9/5). Una burla total para toda la docencia que hoy se encuentra vulnerada frente al abuso de las patronales, con salarios que no llegan a alcanzar la canasta básica.
Los docentes tenemos que intervenir. Que se convoquen a reuniones de delegados mediante teleconferencia, en todos los distritos, para definir iniciativas y un plan de lucha para que la docencia y la educación no paguen los costos de la crisis, por la defensa del salario, la educación y las condiciones de trabajo.
Planteamos
- Defensa integral del salario. Ninguna rebaja. Continuidad salarial de todos los docentes que perdieron cargos u horas, por un reaseguro salarial para los docentes sin cargo completo igual a 30 mil pesos, reapertura inmediata de las paritarias, cobertura de la inflación pasada y de la actual, cláusula gatillo y salario básico unificado nacional de $ 40.000.
- Ningún despido, ni en el estado ni en la enseñanza privada. Pago en tiempo y forma. No a los atrasos ni a la cuotificación de los pagos. Ninguna rebaja salarial. Respeto por el horario laboral
- La continuidad pedagógica, en todas sus formas, debe realizarse en el marco de una actividad institucional, garantizada por el Estado. Abastecimiento de instrumentos tecnológicos y conectividad para todos los alumnos y los docentes.
Prensa Obrera
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