El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el Estado subsidia el 50% del salario de los trabajadores privados, ha desatado una ola de "empadronamientos" entre lo más granado de la burguesía nacional.
Empresarios que otrora despotricaban contra la asistencia social del Estado a los desocupados, arriaron sus banderas más rápido que la CGT, para no quedarse afuera del cobro del "plan". Según informes del Gobierno, el 80% de las empresas se inscribieron para que el Estado subsidie los salarios de sus empleados.
Rescatando al capital
El ATP, lejos de ser un subsidio al salario, opera como un rescate a los capitalistas. Antes del decreto, cientos de empresas habían acordado reducciones salariales cercanas al 75%, con el concurso de la burocracia sindical. Al decretarse el ATP, los trabajadores esperaban que entre lo que pagaban las empresas sumado al subsidio del gobierno, cobrarían la totalidad del salario. Sin embargo, las patronales absorbieron el subsidio y continuaron pagando el 75% de los salarios. Sólo en los casos en los que los trabajadores fueron a la lucha, como en Bedtime, Fate y Morcillo (entre otras), los trabajadores continuaron cobrando el 100% de sus sueldos.
Un caso testigo, sin duda, es el Grupo Techint, la patronal más poderosa del país, que desconoció el decreto de prohibición de despidos -y le torció el brazo al gobierno- pero se anotó rápidamente para cobrar el ATP. El empresario nacional anotó en la nómina salarial a pagar con el subsidio ATP a la totalidad de los empleados de su grupo y, como han denunciado distintos medios, incluso a los gerentes de sus plantas, cuyos salarios no bajan del millón de pesos. Con los ATP, el gobierno FF estatizó de hecho las plantillas salariales.
En otro caso ejemplar, Joaquín de Grazia -dueño de Granja 3 Arroyos y propietario de una de las principales fortunas del país- anotó a sus miles de empleados avícolas para que le subsidiaran la mitad del salario de sus trabajadores, a pesar de que sus plantas distribuidas por todo el país produjeron pollos durante toda la pandemia. El emporio Ledesma, que produjo azúcar durante toda la cuarentena, también se anotó para cobrar el ATP. Otras alimenticias, como Mondelez y Farm Frites, que seguían produciendo por ser -supuestamente- esenciales, pasaron a un esquema de suspensiones de sus plantas con salarios reducidos y subsidiados. El rescate estatal apunta a contener una bancarrota inevitable.
Madanes, dueño de Fate y Aluar, también se anotó para recibir el rescate estatal, presionando por su continuidad; en el acuerdo suscripto con el sindicato del neumático, por el que se compromete a pagar el 100% de los salarios de Fate, la patronal inscribió la condición de la continuidad del acuerdo a en los próximos meses a que el Gobierno prolongue el ATP. Por su parte, los pulpos petroleros consiguieron un doble rescate estatal; mientras el Estado paga el 50% de los salarios, han logrado el establecimiento de un precio de venta nacional del barril de u$d45, muy por arriba del deprimido valor de mercado. Otros casos, como Cremolatti, tomaron conocimiento público por haber anotado a los trabajadores en la nómina de cobro de la IFE, ¡para después descontárselo del salario!
Un programa
El subsidio ATP opera como una gigantesca transferencia de recursos de las arcas del Estado Nacional para rescatar a la burguesía, en lugar de los trabajadores. Este desfalco del presupuesto nacional desenmascara al "impuesto a las grandes fortunas" impulsado por el Frente de Todos -y acompañado críticamente por el Frente de Izquierda-, que por única vez recaudaría un 2% aquellas fortunas que algunos capitalistas han declarado. Si, como se especula, lo aportado podrá ser debitado de otros impuestos, la recaudación real del impuesto a las grandes fortunas terminará siendo cero.
Los trabajadores tenemos que sacar conclusiones sobre el carácter parasitario que ha asumido la clase capitalista, rescatada por los fondos del Estado.
Debemos oponer a este rescate capitalista, la nacionalización de la gran industria, la banca y el comercio, y especialmente la salud, en condiciones de pandemia, bajo control de los trabajadores; la defensa del salario equivalente a la canasta familiar, la incorporación a la producción de todos los desocupados, repartiendo las horas de trabajo sin afectar el salario; el 82% móvil para los jubilados, y el control obrero de los protocolos sanitarios de producción en medio de la pandemia.
Pablo Busch
16/05/2020
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