Por 1.200 millones de dólares, Amazon y Google prestarán sus servicios durante siete años, con posibilidad de extenderlo hasta un total de veintitrés. La infraestructura de servidores y la manipulación de datos recolectados queda únicamente bajo cargo del gobierno y ejército israelí. Si bien la mayor parte del acuerdo es confidencial, lo poco que trascendió basta para desnudar su carácter: el contrato prohíbe que ambas empresas se retiren del proyecto “debido a la presión de los empleados o al creciente movimiento de boicot, desinversión y sanciones (Resumen Latinoamericano, 20/10).
Los trabajadores destacan que dicho acuerdo fue firmado la misma semana que el gobierno de Benjamin Netanyahu autorizó bombardear la Franja de Gaza, causando la muerte de casi 250 personas, en el mes de mayo. Ahora, el nuevo gobierno de Naftali Bennett anunció la construcción de 1.300 viviendas de colonos judíos en Cisjordania (France 24, 25/10).
No es la primera vez que los trabajadores de Google denuncian a la multinacional. En 2018, lograron que la empresa se retirara del Proyecto Maven, que ayudaba al Pentágono en sus ataques con drones. En 2019, sucedió lo mismo con el Proyecto Dragonfly, que facilitaba censuras en los motores de búsqueda en China.
Los trabajadores llaman a que se rompa el contrato y afirman: «no podemos mirar hacia otro lado, ya que los productos que construimos se utilizan para negarle a los palestinos sus derechos básicos, obligarlos a abandonar sus hogares y atacarlos en la Franja de Gaza».
Abajo la ocupación sionista, arriba la organización y solidaridad internacional de los trabajadores.
Álvaro Chust
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