La campaña contra mapuches y tehuelches es motorizada por los fuertes intereses capitalistas instalados en la zona, tanto inmobiliarios como mineros e incluso petroleros.
Tomemos el caso de la comunidad Lof Quemquemtrew, que está ocupando territorios en la Cuesta del Ternero. Mientras las fuerzas policiales les impiden el acceso a alimentos y abrigo, en esos mismos terrenos las inmobiliarias de la zona ofrecen lotes en sus carteras. Es una muestra cabal de los intereses que están detrás de la demonización de los llamados pueblos originarios.
La feroz campaña antimapuche se intensificó desde que se reunió el Foro Consenso Bariloche, en septiembre pasado. Ese encuentro constituye la continuidad del “Comando Unificado” creado por Patricia Bullrich, que reúne a las fuerzas de seguridad de Chubut y Rio Negro y que militarizó las zonas más “conflictivas”, como Mascardi o Cushamen.
La judicialización de los conflictos territoriales está presente en toda la provincia, en particular en Bariloche. No hay ni habrá ninguna salida a esta crisis mientras continúe la protección del Estado a los poderosos intereses inmobiliarios.
Las expectativas puestas en la ley 26.160 del 2006, que venía a suspender la ejecución de sentencias judiciales de desalojo de comunidades indígenas y promovía un Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, han sido completamente defraudadas. En la provincia de Río Negro ese relevamiento está suspendido desde el 2012. Las pocas comunidades que fueron relevadas no poseen el título de propiedad comunitaria. Para obtenerlo debe promulgarse una ley específica que nunca se trató. A todo efecto, el INAI -Instituto de Asuntos Indígenas- es completamente inútil.
Los negociados inmobiliarios en la Patagonia tienen a Joe Lewis, el poderoso empresario que se adueñó del lago Escondido, como el exponente más caracterizado de la rapiña capitalista. No solo impide el acceso a las costas del lago sino que construyó una represa sobre el río Escondido, que produce la energía que le vende a la población de Bolsón a través de su propia empresa. Grandes movilizaciones frustraron el proyecto de construir un aeropuerto destinado al transporte para un centro de esquí en el Cerro Perito Moreno.
La industria maderera también tiene sus intereses en la comarca. El estado rionegrino le cedió por noventa años la explotación de territorios a los hermanos Rocco para esa industria. La plantación de especies exóticas es una catástrofe para el ambiente. Los incendios en Lago Puelo y en Bolsón son consecuencia de ello.
La industria minera también pretende instalarse en la zona, lo que es resistido por sus efectos contaminantes.
El conflicto mapuche o mapuche tehuelche como se impuso denominar, introdujo una crisis dentro del Estado. La fiscal federal subrogante Silvia Little presentó su renuncia, dice, “sobrepasada” por la cantidad de denuncias de usurpación y cortes de ruta que llegan a su juzgado. El procurador Casal la rechazó y prometió que le enviará refuerzos. Por su parte, la gobernadora Arabela Carreras reclama fuerzas federales para militarizar la región, con el argumento de que las rutas son jurisdicción nacional. Aunque el gobierno de los (ahora) “Tres Fernández” rechazó por ahora sus pretensiones, prometió que “reagruparán” a los gendarmes que ya están en la zona. El kirchnerismo no dice una palabra acerca de la confiscación capitalista que tiene lugar en la región, lo cual no sorprende si se tiene en cuenta los múltiples beneficios impositivos con que protege a los lobbies mineros, petroleros, inmobiliarios o turísticos.
Desde Política Obrera, impulsamos la movilización contra el desalojo y la represión a los pueblos mapuches; y contra la verdadera usurpación de la Patagonia, la de los pulpos capitalistas.
Elena Florín
22/10/2021
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