La interna cegetista desatada por la participación de Camioneros en la concentración del miércoles pasado contra la “Ley Bases” ha confirmado, con pelos y señales, la denuncia sobre la provocación montada por el gobierno para disolver la protesta y criminalizar a los manifestantes.
"'Estaba avisado desde el día anterior que a las 15 la situación se iba a complicar', señaló ante Clarín un importante cacique cegetista para explicar la sorpresiva conducta de Moyano. Otro gremialista dio crédito a la misma versión y deslizó que el camionero había sido alertado de posibles incidentes presuntamente por sectores vinculados a los servicios de inteligencia”.
El fiscal Stornelli, cuando pidió que se dictara la prisión preventiva de las 35 personas que habían sido detenidas el miércoles 12 por protestar contra la aprobación de la “Ley Bases”, fundó sus argumentos en dos crónicas periodísticas y en un post de la cuenta de X “Oficina del presidente”, a la cual atribuyó carácter “oficial”, aunque nadie sabe quién la administra y se dedica a 'escrachar' opositores. Si tuviera un gramo de escrúpulos, la información consignada por el diario Clarín (18/6) debería bastar para citar a indagatoria a las cúpulas del gobierno y la CGT. Es una confesión lisa y llana de que la burocracia había sido 'alertada' sobre los 'incidentes' preparados y protagonizados por provocadores policiales, incluso el horario de inicio de éstos.
Como denunciamos desde el primer momento, los 'incidentes' y la represión policial se desataron exactamente cuando la menguada columna cegetista que encabezó Pablo Moyano se retiró de la plaza. Días antes había juramentado que 'bancaría' la movilización hasta el término de la votación en el Senado: cuando Camioneros dejó la plaza, la concentración, multitudinaria, todavía estaba creciendo. Incluso Patricia Bullrich agradeció -con 'peros'- la actitud de Pablo Moyano. En estos momentos hay 16 personas detenidas, acusadas por “atentar contra la democracia”, bajo descripciones tan vagas como “tiró piedras” o “actitud beligerante” (Ver La Nación, 18/6), sin ningún indicio que apoye la hipótesis de que se trata de “terroristas” que estaban tramando un “golpe de Estado”, como acusaron desde la Casa Rosada. Por el contrario, el fiscal Stornelli pidió detener nuevamente a los 17 manifestantes que fueron excarcelados el viernes pasado por la jueza Servini de Cubría. Este montaje represivo, fraguado por el gobierno, la Justicia y la policía, está apuntado a escalar contra las organizaciones combativas y la izquierda. Es innegable que Milei y Bullrich pretenden establecer un Estado policial. Por lo pronto, a ningún 'opositor' se le ocurrió reclamar en el Consejo de la Magistratura el juicio político contra el fiscal por su indecorosa connivencia con el poder político en este caso.
La versión que confirma que la CGT estaba al tanto de que habría “incidentes” y hasta su horario de inicio surge a raíz de la interna que sacude a su cúpula. Para explicar su presencia en la plaza, a Pablo Moyano le atribuyen una política de 'desgaste' del gobierno en alianza con el kirchnerismo. Esta fue escenificada hace dos semanas en un acto de las “regionales” cegetistas, en el que participaron funcionarios y ex funcionarios K y sindicatos afines como SMATA, UOM y La Bancaria. El sector mayoritario de la CGT.-incluido Hugo Moyano- en cambio, busca un acuerdo con el gobierno. Los dos paros nacionales y el acto del 1 de Mayo en los alrededores de Azopardo tuvieron el propósito de empujar esta política de diálogo. “En esta ocasión, como somos respetuosos de las decisiones del Congreso, la CGT había decidido no movilizarse, producto de que muchas de las negociaciones que modificaron el espíritu de la reforma laboral y del empleo público se lograron a partir de negociaciones”, pasó factura Andrés Rodríguez, de UPCN (Infobae 13/6). Las 'negociaciones' arrasaron con todos los derechos laborales de los trabajadores, pero preservaron las prebendas de la propia burocracia. En la convención anual de la OIT, luego de compartir un acto con el secretario de Trabajo Julio “Techint” Cordero y Daniel Funes de Rioja, Gerardo Martínez, de la UOCRA, envió un mensaje más que conciliador al gobierno de Milei: “Necesitamos una democracia con justicia social, incorporando los derechos fundamentales, el diálogo tripartito como instrumento y llave maestra para resolver los graves problemas, pero que ese diálogo tripartito sea institucionalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea discrecional a partir de la voluntad o la decisión que pueda tener el funcionario de turno”. Es una posición cristalina: la burocracia busca asociarse al gobierno liberticida, uno de los más antiobreros que jamás hayan pasado por la Rosada, como lo hizo en el pasado con el gobierno de Carlos Menem.
Jacyn
18/06/2024
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