“Orfandad probatoria”. Esa es la frase que resume la decisión de la jueza Servini de Cubría de ordenar la libertad de 11 manifestantes que continuaban detenidos desde el miércoles 12, cuando fueron apresados por la policía en el marco de la represión a la protesta contra “la Ley Bases”. El viernes 14 habían sido excarcelados otros 17 compañeros y compañeras. Quedan cinco todavía, distribuidos en distintas cárceles, a los cuales Servini dictó prisión preventiva y su procesamiento.
Luego de mantenerlos bajo arresto durante una semana eterna en los calabozos de las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz, la jueza Servini tuvo que reconocer que no había ninguna prueba que incriminase a estos 11 detenidos en un supuesto complot contra el orden institucional, terrorismo y golpe de estado, como afirmó el gobierno y suscribió el fiscal Stornelli, ni tampoco para apoyar otras imputaciones más leves, como las de resistencia y atentado a la autoridad. En la mayoría de los casos, la única “prueba” —revela la jueza— eran los dichos de los policías que recibieron de manos de otros policías a los arrestados, los cuales les contaron a estos que habían sido detenidos “tirando piedras”. Asimismo, ninguno de los policías que intervinieron efectivamente en los arrestos se presentó a declarar.
En otros casos, las filmaciones y registros existentes no sólo no avalaban la versión policial “sino lo contrario”, dice textualmente el dictamen. La jueza finalmente ordena su liberación “por falta de mérito” —es decir, falta de pruebas.
Los cinco compañeros que quedan presos han sido procesados por delitos menores. Es un atropello que se les imponga prisión preventiva, cuando las penas eventuales que podrían recibir, en muchos casos, serían de cumplimiento condicional.
El gobierno había asegurado que los detenidos eran “terroristas” que planeaban “un golpe de Estado”. El fiscal Stornelli tomó el libreto al pie de la letra, en un caso flagrante de sumisión del poder judicial a las órdenes del poder político. Todo esto se ha derrumbado como un castillo de naipes. El tándem Milei-Bullrich pretende hallar “terroristas” a medida para justificar la imposición de un estado policial.
La libertad de los compañeros es, sin duda, una victoria política de quienes nos movilizamos contra la “Ley Bases” y contra la represión.
Jacyn
20/06/2024
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