Netanyahu.
Bullrich y el sionismo: la punta de lanza
En este contexto, el gobierno liberticida de Argentina, puso en “alerta máxima” los controles fronterizos, en sintonía con el fallo de la justicia argentina que condenó a Irán como responsable del atentado de la AMIA en base a ´informes reservados´ provistos por el Mossad y la CIA.
La ministra de seguridad Patricia Bullrich, hace unos meses, advirtió sobre la presencia de células terroristas de Hezbollah en distintos puntos fronterizos de Sudamérica, acusando a los gobiernos ´populistas´ de las últimas dos décadas como responsables por la penetración económica y política de Irán en la región. Según Bullrich, en Bolivia se encuentran al menos 700 miembros iranies de las fuerzas Quds, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica. El ´informe´ fue supuestamente elaborado por su cartera en tiempo récord desde que asumió el cargo, aunque posiblemente le haya sido brindado por los aparatos de inteligencia extranjeros.
Allí se afirma que “se puede identificar la actividad de Hezbollah en el área de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, con centro neural en Ciudad del Este. Este eje habría ido rotando o al menos se habría diversificado. Hoy se toma en cuenta también la Triple frontera Andina conformada por Chile, Perú y Bolivia; y la “triple frontera marítima” compuesta por los puntos de Colón (Panamá), Maicao (Colombia) y Punto Fijo (Venezuela)”. El informe apalanca la presencia e injerencia militar de Estados Unidos en la región y de los servicios de inteligencia. En esta línea de acción, en noviembre de 2023, la policía federal de Brasil, con colaboración del Mossad y el FBI, llevó adelante la Operación Trapiche contra el contrabando de cigarrillos electrónicos en la Triple Frontera, negocio con el que Irán financiaría sus actividades en la región. En su momento, el presidente chileno Gabriel Boric se quejó. “Le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes al tuntún y a la rápida sin probar absolutamente nada”.
Antecedentes
El gobierno libertario mantiene un hilo conductor con los gobiernos que le precedieron: la lucha “contra el terrorismo”, doctrina de seguridad impuesta por el imperialismo yanqui luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Este giro apuntó a justificar un mayor andamiaje represivo al interior de cada país y un enorme despliegue bélico en Medio Oriente (Irak, Afganistán).
En el segundo mandato de Cristina Kirchner se aprobó la le Ley 26.734, más conocida como ley antiterrorista, impulsada por el FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional creado en 1989 por los países miembros del G7. La ley en cuestión fue promulgada con el objetivo de “prevenir” el lavado de dinero destinado a financiar a organizaciones terroristas. Pero las modificaciones introducidas en artículos del Código Procesal Penal habilitan a la ley a castigar a quienes intenten o logren “aterrorizar a la población”, ya que la amplitud penal permite sancionar manifestaciones sociales contra la gestión de turno.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionaron el Decreto 683/2018 y el 703/2018, que promovían una reforma en la Ley de Defensa Nacional y otorgó funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas. La figura de "terrorismo internacional" aparece en el decreto 683/18 para sostener que ello "configura uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información. El abordaje de estos asuntos requiere una estrecha articulación nacional e internacional, que incluya la participación de organismos gubernamentales y de la sociedad civil". También durante el gobierno de Macri, en 2019, por decreto se creó, un día antes de cumplirse el 25 aniversario del atentado a la AMIA, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), a pedido de Israel y EE.UU.
La principal vocera de esta política de fortalecer la faz militar y policial del Estado fue la también entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sionista ferviente. En 2016 participó en Tel Aviv de la IV Conferencia Internacional de HLS &Cyber, una feria de empresas y lobistas que ofrecen armas y software de vigilancia para neutralizar las "amenazas del siglo XXI”. Si bien los decretos macristas fueron derogados por la gestión de Alberto Fernández, sentaron un precedente para que el gobierno libertario, nuevamente con Bullrich a la cabeza, lleve adelante una tentativa de estado policial. La militarización de Rosario, apoyada por todos los gobernadores, incluido Axel Kicillof, respaldó los “esfuerzos del gobierno nacional” en su “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Los compañeros presos por la manifestación del 12 de junio contra la Ley Bases son acusados de terrorismo por el gobierno y el fiscal del Estado.
El gobierno de Milei, con Bullrich como abanderada, quiere enmascarar la puesta en pie de un estado policial por medio de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La ministra ha hecho varios ensayos ya, busca ´terroristas´ a su medida. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadores. La lucha contra el gobierno liberticida debe de estar acompañada por la denuncia de las guerras impulsadas por el imperialismo y socios. Una derrota del gobierno de Milei implicaría un fuerte golpe al imperialismo en su cruzada belicista contra los pueblos.
Lucas Giannetti
28/06/2024
No hay comentarios.:
Publicar un comentario