El gobierno nacional acaba de crear una Unidad de Seguridad Productiva, a cargo de fuerzas de seguridad federales, con el único propósito de proteger las inversiones mineras y petrolíferas de los grandes capitalistas y los negocios más generales de las patronales. Un protocolo de seguridad a lo Bullrich, para reprimir protestas y reclamos, desalojar cortes de ruta y dar garantías jurídicas excepcionales a los grandes capitalistas.
La medida fue informada en un comunicado de prensa, con intervenciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y oficializada por medio de una resolución ministerial en el Boletín Oficial, tan solo pocas horas después de aprobada la Ley Bases en el Senado.
La conformación de una fuerza represiva específica para el cuidado de los negocios de los grandes capitalistas viene de la mano de la aprobación del Régimen de Incentivos para los Grandes Inversores (Rigi), y busca ofrecer garantías de estabilidad jurídica para los grandes empresarios, contra todo obstáculo y/o situación que altere sus negocios.
Este reforzamiento represivo va de la mano de la incorporación en la Ley Bases de artículos que sancionan penalmente los bloqueos y acciones sindicales, por lo cual el gobierno adelanta que impondrá un régimen del terror al interior de las explotaciones mineras y petrolíferas, anulando todas las garantías y derechos constitucionales y laborales que asisten a los trabajadores.
Con la confirmación de esta “unidad especial” el gobierno se atribuye facultades discrecionales para la intervención en conflictos gremiales de cualquier orden que alteren directa o indirectamente la logística de las grandes patronales “en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento, o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional y en la opinión pública” (Resolución 499/2024, Ministerio de seguridad).
Este mecanismo busca habilitar la intervención federal para el desalojo de bloqueos y piquetes sindicales y sociales en rutas y accesos provinciales y jurisdicciones ajenas, para garantizar los negocios capitalistas a toda costa. Incluso habilitando el despliegue “preventivo” de fuerzas federales.
Entre los principales sectores a “proteger” se señalan Vaca Muerta en Neuquén y las provincias con litio y minerales como Jujuy y Catamarca, entre otras. Además, Bullrich puntualizó entre las situaciones de seguridad a atender los bloqueos a supermercados, industrias y pequeñas empresas, lo que ampliaría el campo de acción a todos los intereses patronales que el gobierno quiera resguardar de forma directa.
Esto es importante destacar debido a que la propia ministra señaló en declaraciones ante la prensa que no permitirán que “de ninguna manera un supermercado entregue alimentos porque eso genera un efecto de desorden”, por lo que en medio de un crecimiento de las necesidades sociales, la pobreza, la indigencia y el hambre, Bullrich se alista para reprimir reclamos alimentarios de vecinos y barrios enteros hundidos en la miseria.
La burocracia sindical cómplice y colaboradora para la aprobación de la Ley Bases y el avance del ajuste del gobierno le ha facilitado esta ofensiva antisindical al gobierno de Milei.
El mismo gobierno que violenta las garantías constitucionales de quienes se manifiestan pacíficamente extiende garantías excepcionales al capital privado para asegurar los negocios de los grandes capitalistas, poniendo de manifiesto toda la naturaleza de clase del Estado burgués.
Marcelo Mache
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