La deuda originaria es la de US$95.000 millones que se defolteó en 2001 y que fue comprada por los fondos buitres a precio de remate. En 2005, Nestor Kirchner y Lavagna –como ministro de Economía– negociaron una quita del 40 %, que en realidad, significó un reconocimiento de una deuda que no valía nada por hallarse en default. Para que entraran en el canje, además de conceder una tasa de interés en dólares superior al 10 % –que duplicaba la internacional– Kirchner puso como zanahoria el cupón PBI, el cual gatillaba un beneficio extra si el PBI del país crecía más del 3,5 %. Esto a la Argentina le significó un desangre extra de 1.200 millones de dólares al año en concepto de intereses por los bonos ajustados al incremento del PBI, debido a que hasta el 2008 tuvo un crecimiento de más del 8 % -en parte por una situación internacional favorable a la compra de soja y en parte porque el parámetro de comparación para considerar la magnitud del crecimiento era muy bajo, el año 1993–.
En 2014, durante el gobierno de Cristina, el ministro de Economía Axel Kicillof cambió la fórmula de cálculo del PBI –se empezó a usar como parámetro el año 2004– de manera que el crecimiento real quedaba por debajo del 3,5 % necesario para que se gatillara el pago del cupón.
Los fondos buitres iniciaron demandas internacionales en Estados Unidos -donde la justicia falló a favor de Argentina– y Reino Unido –donde falló en contra-.
El año pasado, en el país europeo, el juez Simon Picken dictaminó que la Argentina debía pagar 1.300 millones de dólares a los demandantes. En abril de este año la corte de operaciones británica aceptó que se presente la apelación, -pero a cambio del pago de más de 300 millones de euros en concepto de caución– y solo para ratificar el fallo de primera instancia contra la Argentina.
A esto se suma el fallo por la nacionalización de YPF qué condena al estado argentino. Los fondos buitres –quienes también compraron los derechos de este juicio a precio de remate– están reclamando acciones de la empresa en compensación o, en su defecto, bonos de deuda emitidos por el tesoro argentino con las reservas de Vaca Muerta.
Como parece que el escarmiento nunca es suficiente, en la Ley Bases, que espera todavía la ratificación de diputados, se reconoce al CIADI –que depende del Banco Mundial– como tribunal internacional para posibles reclamos de los inversionistas.
En todos los casos, el reconocimiento de los tribunales internacionales, significa una carga adicional a la piedra de Sísifo que representa la deuda externa y que el gobierno de Milei sigue aumentando, a pesar de cumplir con todos los pagos, por estar gran parte de los bonos indexados por inflación y porque se suman los nuevos bonos que el gobierno creó para pagarle a importadores y a los generadores de energía.
Todos los caminos conducen a un default mayúsculo.
Luciana Diaz
21/06/2024
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