La marcha que se realizó el pasado 6 de marzo en Colombia y varias ciudades del mundo contra los crímenes de los agentes militares y paramilitares del Estado colombiano parte de una tesis correcta tanto en su esencia como en su forma: El Estado colombiano es un Estado criminal, porque sus sucesivos gobiernos han usado de manera sistemática la represión, el asesinato, la tortura y la desaparición para acallar, intimidar y exterminar la oposición política.
El carácter criminal de las estructuras jurídico-políticas y militares del establecimiento colombiano está ampliamente demostrado y documentado. Este es el único Estado del mundo que ha exterminado completamente un partido político de oposición: aproximadamente 6.000 militantes de la Unión Patriótica asesinados, torturados o desaparecidos. Este hecho y la demostrada participación de sus Fuerzas Militares en masacres y desplazamiento forzado de campesinos le ha significado múltiples condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es el único Estado en el mundo que asesina cientos de sindicalistas y líderes comunitarios y populares cada año, lo cual ha llevado a la OIT a calificar a Colombia como el país más peligroso para ejercer la actividad sindical. Mientras el Gobierno colombiano se presenta insistentemente como democrático sus agentes preparan y ejecutan atentados contra los opositores políticos.
En contraste, los defensores asalariados del Statu quo, hegemónicos en los grandes periódicos, cadenas radiales y canales televisivos, intentan mostrar el accionar paramilitar como un hecho autónomo al margen de la égida del Estado colombiano. Sin embargo todos los hechos y las mismas declaraciones de los paramilitares los contradicen. El confeso jefe paramilitar Salvatore Mancuso no sólo ha revelado la manera en que actuaban conjuntamente el Ejército colombiano y sus escuadrones paramilitares, sino que además se ha calificado así mismo como “una muestra del paramilitarismo de Estado”.
El Ejército Colombiano, con la asesoría y la tutela de Washington, ha sido adiestrado para reprimir y exterminar los opositores políticos. Desde la década de 1940 los militares han conformado, entrenado y dirigido grupos paramilitares con diversas denominaciones: “Pájaros”, “chulavitas”, MAS (Muerte a sindicalistas), “AUC”, entre otros, los cuales se han encargado de acribillar a miles de campesinos, estudiantes, obreros, indígenas, negros, profesores y profesionales, solamente por el hecho de ser simpatizantes o miembros de organizaciones sociales y populares. Muchas ONG han documentado cómo la participación de militares en masacres y asesinatos selectivos no es un hecho aislado, pues los comprometidos son en su gran mayoría oficiales de alto rango y suboficiales en cumplimiento de “misiones encubiertas”. Incluso generales como Rito Alejo del Río, íntimo amigo del presidente Uribe, ha dirigido personalmente masacres.
Es criminal un Estado que además de utilizar el poder para reprimir y asesinar, condena a la mayoría de la población al hambre y la miseria: Colombia ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a concentración de la propiedad de la tierra (en el año 2005 el 0.2% de los propietarios rurales poseía el 65% de las tierras cultivables). Existe en este país una infame desigualdad social que reduce a la miseria física y espiritual a millones de personas. Según datos de la FAO de septiembre de 2007, existen en Colombia 5.900.000 personas desnutridas. Así mismo el Banco Mundial reconoce que, en los últimos años y a pesar del “admirable crecimiento económico”, ha crecido el número de pobres y se concentró aún más la posesión de la riqueza. Parece ser que la economía crece sólo para los ricos en una falsa democracia donde el acceso a los alimentos y el agua potable no es un derecho de todos.
Y para rematar, el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez es un reconocido cómplice, alentador y organizador de escuadrones de la muerte. Todos los puestos burocráticos que ha ocupado los ha utilizado para impulsar el proyecto paramilitar. Precisamente su elección como presidente y su posterior reelección se debió en gran medida a la movilización de la maquinaria paramilitar que coaccionó bajo amenaza miles de votos. Así lo demuestra el hecho que más de 40 políticos uribistas se encuentren actualmente presos por su participación en la conformación y el accionar de los escuadrones paramilitares, todos ellos, sin excepción, copartidarios y amigos personales del presidente Uribe.
Álvaro Uribe, el Pinochet-Somoza moderno ya ha declarado su condena a la marcha, calumniándola de ser promovida por la guerrilla. Nada nuevo en un país donde pensar diferente, protestar, hacer parte de un sindicato o cualquier otra organización social confiere automáticamente el calificativo de guerrillero y terrorista.
Por supuesto la marcha del 6 de marzo no contó con el apoyo y el patrocinio de los grandes industriales y medios de comunicación, los cuales el pasado 4 de febrero organizaron y financiaron una protesta contra la guerrilla y a favor de la guerra y la reelección de Álvaro Uribe, en la cual el gobierno colombiano invirtió alrededor de 2 billones de pesos.
La marcha del 6 de marzo a diferencia de la marcha uribista, movilizó a cientos de miles de personas conscientes de la absoluta culpabilidad de este Estado mafioso y criminal en la violencia endémica que vivimos.
Esta marcha tiene el gran mérito de hacer visibles las víctimas de la violencia estatal, las víctimas olvidadas, los que no aparecen en las estadísticas oficiales, aquellos que los grandes medios de comunicación se han encargado de borrar de la memoria colectiva.
Develar la verdad y luchar por recuperar la memoria histórica de los oprimidos y deliberadamente olvidados es parte esencial de la lucha por un nuevo país y una verdadera democracia. Porque mientras el Terrorismo de Estado continúe siendo la esencia de la concepción y la práctica del Estado colombiano será imposible alcanzar la paz y habrá suficientes leños para atizar el conflicto.
Por David Jara.
Núcleo David Montoya
Movimiento Juvenil Bolivariano.
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