Antes de la última dictadura militar en la Argentina -durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón, primero, y de María Estela Martínez de Perón, después- la barbarie represiva se expresó en cambios en la legislación penal, en la carta blanca a José López Rega para crear una fuerza paramilitar: la "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) y en el mandato a las Fuerzas Armadas para el aniquilamiento de la “subversión”. La ofensiva fue muy fuerte en particular contra las organizaciones gremiales más combativas y clasistas, lo que abarcó desde intervenciones a los sindicatos hasta el paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas, detenciones y asesinatos. Se preparó así el terreno para uno de los principales objetivos del golpe de Estado de 1976: desarticular la organización de la clase trabajadora e imponer un modelo económico antipopular y antiobrero. Por Leónidas Ceruti, historiador.
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La primavera democrática duró poco
Luego del 25 de mayo de 1973, la legislación represiva sancionada por el régimen militar fue derogada y se disolvió el fuero antisubversivo. Pero esa primavera duró poco y dio comienzo una escalada represiva, iniciándose con el envío del Poder Ejecutivo a las Cámaras para reformar el Código Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislación promulgada por el régimen militar que gobernó el país entre 1966-73.
La primera respuesta vino del Gral. Juan Domingo Perón, quien advirtió que si la ley no era aprobada se apelaría a las mismas armas que se buscaba combatir. El 23 de enero de 1974 declaró al diario La Nación que “Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda”. (1)
Después de la muerte de Perón, se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprobó la ley de represión del terrorismo, que penaba la difusión de información relacionadas con esos hechos y la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas, y comenzó a intimar, amenazar y suspender personerías gremiales con más frecuencia que antes. En el mes de noviembre se implementó el estado de sitio en todo el país y se encarceló a cientos de activistas gremiales y políticos, abogados laboralista y estudiantes.
Hasta ese momento la participación de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada por grupos paramilitares, “ejecutores del trabajo sucio”, a través de la Triple A.
Pero al poco tiempo, el Ejecutivo nacional sancionó el Decreto Nº 261, en el que anunció oficialmente que había ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervención en la “lucha antisubversiva”, firmado por la presidenta María Estela de Perón y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega, Gómez Morales, Otero. En el Articulo Nº 1 se decía que “El comando General del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos...”.
En octubre de ese año, se sancionó el Decreto Nº 2770 por el cual se creó el Consejo de Seguridad Interna, fijando sus atribuciones, y el Consejo de Defensa. Ese decreto lleva la firma del presidente provisional Italo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo. (2)
La represión a la clase obrera apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución. Luego de las heroicas jornadas protagonizadas por la clase obrera, durante junio-julio de 1975, cuando la burguesía, desde su Estado, intentó planificar la crisis capitalista -con el proyecto económico de Rodrigo de distribución contra los trabajadores y el respaldo político del lopezreguismo- se encontró con la intransigencia proletaria que derrumbó totalmente ese intento autocrático.
El proletariado acrecentó sus fuerzas de clase, organizándose fabrilmente, comenzando a superar -aunque en forma embrionaria- la constitución sindical. Pero la expresión de su mayor fortalecimiento consistió nuevamente en debilitar aún más a la burguesía, haciéndole cada vez más difícil gobernar bajo la forma más democrática de la dictadura del capital, la democracia burguesa parlamentaria. Recuperar la autoridad política para usar el Estado era el medio necesario para recomponer todas las relaciones sociales anarquizadas, restaurar el orden, no sólo en la economía sino en la sociedad toda, era la necesidad fundamental de la burguesía.
Desde esos días comenzaron a aparecer con frecuencia en el discurso de militares, empresarios, políticos y sindicalistas, las apelaciones a la lucha contra la “guerrilla fabril”, “las huelgas salvajes” y los “infiltrados en el movimiento obrero”, tras lo cual “toda la potencia represiva del Estado se concentró furiosamente sobre las fábricas, los trabajadores y sus aliados, con todos los medios a su alcance...”.
El Sindicato de Obreros y Empleados de Petroquímicos Unidos (SOEPU), de la ciudad de San Lorenzo, denunció la represión desatada en esos días a través de un pronunciamiento “Contra la escalada de Terror y Matonaje”, en el cual plantearon: “la escalada terrorista que invade el país, y que invariablemente ha quedado impune (jamás se encontró un asesino a sueldo del imperialismo), los asesinatos, cárceles, invención de falsos complots. Secuestros, amenazas a auténticos exponentes del arte popular, a políticos, etc. Las amenazas a nuestro asesor letrado y a uno de nuestros dirigentes, las amenazas a un dirigente de los obreros de Sulfacid y su familia, la inmolación del joven compañero José Polenta. No podríamos comprender la existencia del terrorismo y el matonaje impune, sin entender el poder que lo nutre”. (3)
Por su parte, en octubre de ese año, el genocida Gral. Jorge Rafael Videla al participar en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, realizada en Montevideo, reveló la decisión militar sobre la cuestión del poder y declaró que en la Argentina deberían morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país.
El ciclo de la barbarie represiva se cerraba: cambios en la legislación penal, amenazas desde el ejecutivo nacional de actuar fuera de la ley, carta blanca a López Rega para crear la Triple A, órdenes a las Fuerzas Armadas para aniquilar a la “subversión”.
Finalizados los 49 días de la presidencia de Cámpora (25 de mayo- 13 de julio de 1973) , durante las presidencias de Lastiri (13/7/73- 12/10/73), de Perón (12/10/73-1/7/74) y sobre todo durante la presidencia de Isabel Perón (1/7/74-24/3/76) la represión siguió un ritmo creciente contra peronistas de izquierda, líderes sindicales antiburocráticos, activistas gremiales de las grandes empresas, militantes de las organizaciones de izquierda, abogados laboralistas y defensores de presos políticos, periodistas, estudiantes..
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en su informe “Nunca Más” contabilizó 458 asesinatos durante ese período: 19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975, obra de grupos parapoliciales, que actuaron principalmente con el nombre de “Triple A”, dirigida por José López Rega, ministro, sucesivamente, de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón, y secretario privado de los dos últimos.
Entre los primeros atentados atribuidos a la “Triple A”, se cuentan la bomba que explotó en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen el 21 de noviembre de 1973, que le ocasionó graves heridas, y el asesinato del abogado del Peronismo de Base Antonio Deleroni y de su esposa, el 27 de noviembre del mismo año. Solari Yrigoyen había hecho pocos días antes una larga exposición en el Senado criticando las reformas a la ley de asociaciones profesionales de trabajadores, destinadas a consolidar el control de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero. Pocos días antes del atentado, un notorio representante de esa burocracia, Lorenzo Miguel, había calificado a Solari Yrigoyen como “enemigo público número uno”.
Pero ya antes había comenzado la represión contra el movimiento obrero: el 17 de julio de 1973 fue intervenida la CGT de Salta y en esos días se produjeron ataques armados contra la CGT, SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba.
Dicha represión incluyó también en 1973 el asesinato de militantes sindicales: Carlos Bache, del Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina, el 21 de agosto; Enrique Damiano, del Sindicato de Taxistas de Córdoba, el 3 de octubre; Juan Ávila, de la Construcción de Córdoba, el 4 del mismo mes: Pablo Fredes, de Transportes de Buenos Aires, el 30 de octubre; Adrián Sánchez, de Mina Aguilar, Jujuy, el 8 de noviembre de 1973.
Durante el Gobierno de Isabel Perón (1974-76) se le dio al enfoque represivo iniciado con la dictadura 66-73 una apariencia de legitimidad mediante el decreto secreto Nº 261 de febrero de 1975 que ordenó a las Fuerzas Armadas emprender las acciones militares necesarias para aniquilar a los elementos subversivos en la provincia de Tucumán.
Los asesinatos de políticos, de abogados y otros profesionales, y de activistas sindicales siguieron en 1974 y 1975 a un ritmo creciente y los sindicatos más combativos fueron intervenidos y sus dirigentes encarcelados.
La ofensiva fue muy fuerte contra las organizaciones gremiales combativas y clasistas, lo que abarcó desde intervenciones a los sindicatos, detenciones, asesinatos, paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas.
En 1973, en un “accidente” automovilístico sumamente sospechoso fallecieron el Secretario General del combativo y clasista SOEPU, el Flaco Moglia, y su esposa Betty.
En agosto de 1974, el Gobierno le retiró la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro.
También en agosto de 1974 el sindicato SMATA Córdoba, en conflicto con la empresa Ika Renault, fue intervenido por la dirección nacional del gremio. La mayoría de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura 76-83, entre ellos su secretario general, René Salamanca.
En octubre de 1974, la policía allanó el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y detuvo a varios militantes sindicales. Su secretario general, Agustín Tosco, consiguió eludir la detención y pasó a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar, el Secretario general adjunto del mismo sindicato, Tomás Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en Córdoba el 28 de febrero de 1977 en una “ceremonia castrense” presidida por el general Luciano Benjamín Menéndez.
Atilio López, secretario general de la CGT de Córdoba y ex vicegobernador de la Provincia, fue asesinado en Buenos Aires el 16 de setiembre de 1974. Seis meses antes, en marzo de 1974, había sido derrocado del Gobierno de Córdoba junto con el Gobernador Obregón Cano por el Jefe de Policía provincial, coronel Navarro. El Gobierno nacional, en lugar de reponerlos en sus cargos, intervino la Provincia.
Sólo en 1974 fueron asesinados por lo menos 25 activistas sindicales. En el mismo año también fueron asesinados los abogados Rodolfo Ortega Peña (quien era diputado nacional) en julio; Alfredo Curutchet y Silvio Frondizi, en septiembre y las abogadas y periodistas Nilsa Urquía y Marta Zamaro, de Santa Fe, vinculadas al gremio gráfico liderado por Raimundo Ongaro y a la CGT de los Argentinos, en noviembre. En 1975 fueron asesinados los abogados Concepción de Grandis, Rafael Fagalde, Sergio Karakachoff, Ángel Gerardo Pisarello y Felipe Rodríguez Araya.
La represión contra los refugiados de países vecinos comenzó antes de la dictadura, en setiembre de 1973, contra los chilenos que huían del golpe de Pinochet. Muchos de ellos al llegar de Chile fueron detenidos en Ezeiza. Los exiliados chilenos solicitaron a Perón su intervención personal para resolver el problema. No obstante, el primer resultado concreto provino de la Justicia. El 17 de octubre de 1973, el juez federal Miguel Inchausti hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por 112 asilados chilenos alojados en el Hotel Internacional de Ezeiza, ordenando su libertad inmediata. Pero este fallo judicial no fue obedecido por las autoridades de la Dirección de Migraciones, que, haciendo caso omiso de lo dispuesto por el juez Inchausti, dieron un plazo de 24 horas a los asilados chilenos para abandonar el país. El secretario del Juzgado, Guillermo Díaz Lestrem (posteriormente secuestrado y asesinado por la dictadura militar), impulsó decisivamente el fallo favorable a los refugiados. Otro caso, entre otros, fue el de los refugiados uruguayos Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, secuestrados y asesinados en setiembre de 1974. Esta hospitalidad con los refugiados tenía antecedentes: en 1954, 32 guatemaltecos y 3 salvadoreños, no obstante haber llegado legalmente como asilados a Argentina escapando a la sanguinaria represión desatada en Guatemala por la dictadura militar que sucedió al Gobierno de Arbenz, fueron alojados durante un año gratuitamente por el Gobierno... en la cárcel de Villa Devoto. Eran de izquierda y el secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles no los quería en libertad.
El Operativo “Serpiente Roja”
Luego del gran triunfo de los trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución, en marzo de 1974, la represión apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en dicha ciudad, a partir del accionar de las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE, que incluían a la Policía Federal, Provincial, Ejército y Gendarmería, grupos de choque entre los cuales iban armados los guardias blancos pagados por las acerías de Martínez de Hoz, y miembros de la Triple A. Las órdenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas de Villa Constitución.
La ciudad se despertó invadida por miles de efectivos de fuerzas represivas. Con una lista de los domicilios provista por la empresa Acindar, se lanzaron sobre las casas de cientos de activistas obreros. El operativo se extendió a lo largo del cordón industrial del río Paraná, pasando por el barrio de SOMISA de San Nicolás y las fábricas combativas del norte de Rosario.
Isabel de Perón, desde el gobierno nacional, denunció un "complot de características inusuales en la Argentina". Ese complot, según el comunicado oficial, pretendía paralizar la industria, amenazando a los obreros mediante el terrorismo para no ir a trabajar. Decía: "La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional". Los diarios del 21 de marzo titularon "Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada" (La Opinión) y "Denuncian amplio plan subversivo" (Mayoría).
El saldo de la represión fue la detención de la Comisión Directiva de la UOM-Villa y de cientos de militantes. Cuando llegó la noticia a las fábricas, los metalúrgicos paralizaron la producción. Los obreros, en estado de asamblea permanente, ocuparon nuevamente los establecimientos.
Comenzó así una larga y dura huelga con movilización por la libertad de los presos y la devolución del sindicato. Cuando la Prefectura rodeó la fábrica, los obreros se replegaron a los barrios. Un Comité de Lucha de las fábricas y barrios encauzó la enorme participación y solidaridad de toda la zona. Se inició una resistencia de dos meses donde todos aportaron al fondo de huelga y a las masivas marchas del 16 y 22 de abril en el centro de Villa, respondidas con más represión.
Pero el gobierno de Isabel y López Rega, con el apoyo de la CGT, estaba decidido a terminar con el movimiento obrero combativo, aceptando el costo político que del operativo dejó a los dirigentes de Villa presos y sin abrir el diálogo. Los metalúrgicos volvieron a las fábricas el 19 de mayo, sufriendo más bajas entre despidos y asesinados.
El plan represivo se denominó Operativo Serpiente Roja. Fue uno de los mayores ejemplos de complicidad del Estado, sus fuerzas de seguridad, la burocracia sindical y los empresarios para atacar a la clase obrera.
Una columna de 105 Ford Falcón -cargados de policía, miembros de la Triple A y matones- invadió la ciudad. En los dormitorios de solteros de Acindar se montó el primer campo de concentración, en un adelanto de lo que haría luego la dictadura del 76. Fueron cientos los detenidos y más de veinte los asesinados.
Los vecinos cuentan que ese día las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol celebraron el operativo. El cura Samuel Martino, responsable de la iglesia, aparece en las listas de represores de la CONADEP.
Carlos Sosa, miembro de la Unión Ferroviaria, comentó algunos datos de la crueldad con que actuaron los represores: “El 16 de octubre secuestraron al delegado Julio Palacio, a la doctora De Grandi y a un pastor, Carlos Ruesca. Los fusilaron y aparecieron los cuerpos mutilados: a la doctora le cortaron los senos, a los hombres los testículos y los tiraron en Albarellos para que todo el pueblo los viera.
“Un año después, Alfredo Martínez de Hoz renunció a su puesto en la dirección de Acinda, y asumió como ministro de economía de la dictadura. Lo reemplazó el General Alcides López Aufranc, quien en 1969 había encabezado la represión del Cordobazo. En esa jornada, durante un coctel en su honor, aprovechó para brindar por ‘los 23 delegados de Villa Constitución que ya no joderán más porque están bajo tierra’.” (4)
La represión antisindical en grandes fábricas transnacionales, como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, entre otras, antes de la dictadura y durante ella, se llevó a cabo en varios casos con la colaboración de personal superior de las empresas y de algunos dirigentes de las centrales sindicales. Uno de ellos, José Rodríguez, ha sido señalado como cómplice en el juicio por la desaparición de trabajadores de Mercedes Benz durante la dictadura. El mismo José Rodríguez que en 1974 intervino la seccional Córdoba de SMATA y que aún hoy es Secretario General del sindicato.
Meses antes del golpe de 1976 los fenómenos que caracterizaban la situación del país eran los siguientes:
Imposibilidad de mantener la conciliación de clases en el terreno de la producción
Se puso al rojo vivo la contradicción entre economía y política
La burguesía se debatía en su impotencia para gobernar, que se expresaba en: debilitamiento del ejecutivo; ruptura de la prescindibilidad de las Fuerzas Armadas; necesidad del reforzamiento de sus instituciones
Indisciplina social y productiva. La indisciplina fabril y la anarquía social carcomían el “cuerpo social”.
Los empresarios estaban atemorizados por el poder creciente de las comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares ponían orden eliminando a la subversión. Los medios de comunicación mayoritarios también apoyaron el golpe.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción y desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.
Desde 1969, en distintas zonas industriales, se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, de las fábricas a otras fabricas, de las zonas industriales a los barrios obreros.
Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se venia gestando.
La supresión de las garantías civiles fue la metodología para imponer las condiciones necesarias de destrucción y reestructuración económica, política, social y cultural, según los lineamientos internacionales que condicionaron los años sucesivos. Se desarticularon las formas de participación, de movilización, que venían construyendo los sectores populares. Fueron años trágicos, con profundas secuelas de sufrimiento y dolor, cambios y mutaciones.
Los militares genocidas vinieron a poner disciplina y orden capitalista, ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y que había roto las jerarquías políticas en todos los planos. Lo hicieron para controlar las cuestiones sociales e implementar mecanismos de desarticulación y escisión de todas las estructuras y organismos participativos, bajo signos de alta violencia y sin vigencia de las garantías civiles. La larga lista de atropellos y apremios ilegales a los que fueron sometidas los detenidos explican la crudeza del modelo de reorganización de la estructura productiva del país.
El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti fue desarticular las luchas, la organización de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generarían el segundo objetivo, que fue la imposición de un modelo económico antiobrero. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población. La clase obrera, como hemos analizado desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX.
Nunca, como en el período 1976-83, se alcanzó lo que ahora conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas.
El segundo objetivo del golpe militar -imponer el proyecto económico- estuvo encarnado en la figura del Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz y fue elaborado como un programa de “modernización del aparato productivo y racionalidad”. En la práctica, esto se manifestó en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura económica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuración económica. Todo se tradujo en una crisis económica que fue en aumento, con fábricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeudó al país por años.
Las consecuencias de la represión son conocidas: 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de niños y todo el tipo de aberraciones. El 24 de marzo de 1976 representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio. No obstante el terror, la resistencia y la búsqueda de personas se manifestaron públicamente. Los jueves, la Plaza de Mayo vio marchar a las Madres. Publicaciones clandestinas y periodistas independientes contribuyeron con su valerosa tarea a sacar a la luz los oscuros sucesos de ese período.
Leónidas Noni Ceruti, Historiador
Notas:
1.- La Nación, 23 de enero de 1974, pág. 4
2.- Ley de Isabelita / Aniquilamiento, Libro CTA
3.- El Petroquímico, Nº 33
4.- Saglul, Carlos, “Operativo Serpiente Roja”, periódico CTA, Año VII, Nº 74, Marzo 2011
Foto portada: Imagen de “El Petroquímico”, boletín de los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos
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