El ‘optimismo’ acerca de un arreglo con los fondos buitre va perdiendo aire. De acuerdo con la mayor parte de los trascendidos, el gobierno reclamaría, por un lado, que el acierto de cuentas se haga con la totalidad de los acreedores que quedaron afuera de la reestructuración de deuda y, por el otro, que se acepte una quita sobre el monto total, que para el gobierno debería igualar a la que se estableció con el 93% de los acreedores. En otro planteo, ha introducido la variante de no admitir el pago de intereses acumulados y punitorios -o sea que acordarían sobre el monto del valor nominal de la deuda. Argumenta que la deuda pendiente total ascendería a 20.000 millones de dólares, a la que reputa “impagable”, porque colocaría en incapacidad de pago al resto de la deuda externa.
¿Tenemos entonces litigio hasta el final del mandato?
Los fondos buitre han producido también un cambio sutil de posición. No reclaman ya la ejecución del fallo de Griesa -el pago total e inmediato de la deuda impaga, con sus intereses y punitorios-, sino que aceptarían un arreglo a lo Repsol: el pago integral de la deuda en bonos, los cuales se cotizan en el mercado debajo de su valor par. La quita oscilaría, en este caso, en un 20%, aunque con una salvedad: esta quita quedaría compensada por el aumento de valor que registraría el conjunto de los títulos de la deuda argentina en caso de arreglo.
La pulseada entre estas dos posiciones se encuentra afectada por el hecho de que Argentina tiene vencimientos de deuda, en 2015, por más de 15.000 millones de dólares, que no podría pagar con el nivel actual de reservas y el escaso superávit del comercio exterior. Tampoco podría hacer llegar los pagos que hiciera a sus destinatarios, esto por el bloqueo de las cuentas en el banco pagador, el Bank of New York. Si no se hicieran efectivos estos pagos, por cualquiera de las dos razones, los acreedores regulares podrían pedir una “aceleración” -o sea el pago inmediato de la totalidad de la deuda externa de Argentina. Esto provocaría un defol generalizado. La “aceleración” zanjaría todo el impasse por medio de una generalizada cesación de pagos.
Frente a esta crisis de la negociación con los ‘buitres’, el gobierno enunció algunas alternativas. Una es el apoyo a las reservas argentinas por parte de China, pero esto no resuelve el bloqueo de pago establecido por Griesa ni tampoco representa un monto suficiente para encarar los vencimientos de 2015 y para salir de la cuotificación de importaciones que paraliza a la industria. Ese swap tiene un ‘inconveniente’ adicional, porque ha impuesto una suerte de libre importación desde China en perjuicio de Brasil. La ‘entente’ con la primera lleva a la ruptura con el segundo. La otra alternativa es reestructurar los pagos de 2015 con las llamadas ‘inversiones institucionales’, en referencia a bancos locales, compañías de seguros y Anses, de modo de poder pagar a los acreedores del exterior -aunque, de nuevo, con cuentas bloqueadas por Griesa. Esta variante confirmaría que el sistema jubilatorio se convertiría en el tacho de basura de la deuda de Argentina, como ocurre ya con los 70.000 millones de dólares que se deben al Banco Central.
En medio de todo esto, el gobierno ha aumentado la deuda pública con bonos ajustados al dólar. Para proseguir por este camino, K y K deberían asegurar una devaluación del peso de un 30% anual, aproximadamente; de lo contrario, los tenedores se van a deshacer de esos bonos, bloqueando la posibilidad de nuevas emisiones. Esto obligaría al gobierno a financiar el gasto con emisiones de moneda y a enfrentar una inflación fenomenal.
Las manos atadas
El conjunto de estas contradicciones ata las manos del gobierno y de los ‘buitres’ para llegar a un arreglo, y explica la reticencia a ello. Ocurre que el atractivo de aceptar una quita mayor, por parte de esos ‘buitres’, reside en que el arreglo produzca una valorización de la deuda de Argentina y, así, una ganancia enorme para los acreedores de los diversos tipos de bonos. Pero esta posibilidad ha perdido fuerza con el giro operado en la crisis mundial con la caída espectacular de los precios del petróleo, que amenaza con quebrar a varios países, en especial Rusia, Venezuela y Brasil, e incluso a media industria de combustible no convencional de Estados Unidos. Para que la deuda de Argentina conserve su atractivo sería necesario que un arreglo sea acompañado por un ajustazo. Gran dilema, porque los K buscarían un arreglo precisamente por lo contrario: para seguir con una regulación que evite el estallido de la crisis. Todas las entidades empresarias, sin embargo, han aumentado la presión para que se ‘desregule’ la economía, en especial el ‘cepo’ y también las tarifas subsidiadas.
La agenda de 2015 no registra solamente un calvario judicial para CFK, Boudou y algunos más, sino el estallido del desequilibrio extremo de la economía. Es necesario un ‘ajustazo’, de eso no hay la menor duda: pero que deben pagar los capitalistas, no los trabajadores. Esta es la cuestión política de fondo, plantea, en última instancia, una cuestión de poder.
Jorge Altamira
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