Mientras cientos de miles salen a las calles por todo el país exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la salida de Peña Nieto, los diputados patronales recuperan una iniciativa para criminalizar la protesta social.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), incluyeron en el orden del día del lunes en la cámara de diputados un dictamen de reforma constitucional que define el derecho a la "movilidad universal", en donde se señala que éste no puede estar en contradicción con los derechos de reunión, manifestación y protesta social. Tras ser aprobado por los diputados del PRI, PAN, PVEM y del Partido Nueva Alianza (Panal), el dictamen fue turnado como minuta al senado.
Dicho dictamen ya había sido aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales en abril con los votos de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ahora se oponen al mismo posando de democráticos, arguyendo que en ese entonces la situación del país era otra.
En medio de las movilizaciones que recorren el país desde hace más de dos meses exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y al grito de ¡Fuera Peña!, esta iniciativa es ahora retomada con una clara intención de criminalizar la protesta social.
Desde que iniciaron las movilizaciones, el régimen político ha intentado toda clase de medidas para contener y desviar la indignación nacional, y todas han resultado contraproducentes, generando nuevas y masivas respuestas. Son ahora los partidos patronales los que actúan para dar un marco legal a medida en momentos en que el gobierno, acorralado y en crisis, le apuesta cada vez más a la represión.
La iniciativa de los diputados se suma al decálogo sobre seguridad expuesto por Peña Nieto la semana pasada, que se centra en reforzar a la policía, así como a la represión contra el movimiento estudiantil y contra las movilizaciones masivas del 20 de noviembre y el primero de diciembre, en las que resultaron varios heridos y detenidos.
Los empresarios piden mano dura
El mismo lunes, Peña Nieto sostuvo una reunión privada en Los Pinos con la cúpula empresarial del país, en la que los patrones le pidieron medidas contundentes para restablecer el “estado de derecho”.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, manifestó que en dicha reunión los empresarios expresaron que el gobierno "tiene todo el respaldo del sector privado y de la gran mayoría de la sociedad para aplicar la ley, para que el estado de derecho prevalezca, sobre todo la seguridad física y patrimonial de todos los mexicanos" (La Jornada 3/12).
Preocupada por empezar a ver los beneficios de las reformas estructurales del Pacto por México, que se han visto empañadas a raíz de la masacre de Iguala, la patronal cierra filas para exigirle a su empleado de Los Pinos que imponga “la paz y la tranquilidad” a través del garrote.
Arturo Méndez
México D.F.
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