El 15 de mayo pasado fue asesinado en Sinaloa el periodista Javier Valdez Cárdenas, reconocido en su país y en el exterior por su trabajo de investigación sobre el narcotráfico y sus vínculos con el Estado mexicano.
En horas de la tarde, fue interceptado frente a la sede de su revista Ríodoce por un grupo de personas que comenzaron una balacera, asesinando al periodista y escapando con su auto donde se encontraba su celular y su computadora.
El crimen de Valdez Cárdenas es el sexto asesinato cometido contra trabajadores de prensa en lo que va del año 2017, incluido el de Miroslava Breach Velducea que provocó movilizaciones frente a la Procuraduría General de la República, donde Valdez fue uno de los organizadores de las mismas.
Periodista de La Jornada, de la agencia AFP, multipremiado en el exterior y reconocido por su trabajo de investigación y denuncia del narcotráfico, sus libros no vacilan en denunciar con nombre y apellido a los narcos que avanzan sobre todo el territorio de México, a los jefes de las maras y a los corrompidos que “solo cuentan muertos”.
“Narcoperiodismo”, su libro editado por Random House en 2016, es un documento de cómo trabajan hoy los periodistas en ese país. Los ejemplos más claros que expone son los de Tamaulipas donde, como refieren reporteros de ese Estado, en algunas redacciones los directores reciben órdenes directas de los criminales que les indican, como si fueran jefes de información, las notas que pueden ser publicadas y hasta su jerarquización en las páginas.
Vivía amenazado. “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”, escribió luego del asesinato de su colega Miroslava.
Según datos del propio Estado méxicano, el 99.77% de los casos de periodistas asesinados continúa impune (El Mundo, 24/3). Esto convierte a México en el país latinoamericano con mayor riesgo para el periodismo, solo debajo de Siria y Afganistán.
A pesar de los mensajes de condolencias del presidente Enrique Peña Nieto, no hay una sola investigación sobre las fuerzas de seguridad que liberan zonas para el avance narco sobre el terreno. Los vínculos íntimos entre el Estado nacional y el gran negocio de la amapola (cuyo destino es Estados Unidos) hacen inviable una investigación independiente sobre los asesinatos de trabajadores de prensa en el país.
Es imprescindible la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos y una campaña de todos los trabajadores de prensa contra este gravísimo ataque a las libertades democráticas, que tiene como primer responsable al Estado mexicano, responsable también de las desapariciones de Ayotzinapa y de la masacre contra el piquete que apoyaba la lucha de los maestros de Oaxaca.
María Negro
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