El presidente Michel Temer decidió anular o al menos postergar una renuncia que se daba por consumada, luego de articular una salida con las dos espadas de la economía brasileña: el presidente del Banco Central, Ilan Goldfajn (ex Banco Itau), y el ministro de Economía, Henrique Meirelles (ex ministro de Lula y ex Banco Boston). Ambos le aseguraron que podían contener el derrumbe de los mercados financieros y de cambios, lo que se puso de manifiesto, sin certezas ulteriores, al día siguiente. Sin la fuga del gabinete, porque con excepción del ministro de Cultura, también logró la permanencia del PSDB, que ocupa el ministerio de Defensa, Temer se jugó a ganar dos semanas tiempo. Ocurre que el 6 de junio próximo debería darse a conocer el veredicto acerca de los fondos ilegales recibidos por la fórmula Rousseff-Temer en la campaña electoral de 2014. Una sentencia condenatoria lo eyectaría del Planalto de inmediato. O sea que todas las cartas siguen en la mesa. Incluso se les ha iniciado un proceso a los hermanos Batista, accionistas mayoritarios del monopolio JBS, por las operaciones a la baja que lanzaron en la Bolsa brasileña, con la expectativa de aprovechar la publicidad de las conversaciones que habían mantenido con Temer en marzo pasado. La revelación de esa tertulia desató la crisis en desarrollo.
Crisis histórica
Este nuevo episodio de la crisis política brasileña ha vuelto a poner al desnudo el lugar central que ocupa en ella el destino de las grandes corporaciones del país. Desde el punto de vista de la economía, la operación Lava Jato ha apuntado a quebrar la articulación industrial armada en torno a Petrobras y el monopolio insuperable de las constructoras nacionales. El rol del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la delación del Lava Jato, vuelve a hacerse presente ahora con la revelación de que los hermanos Batista han decidido proceder a “la delación de las delaciones” para “arreglar con el Departamento de Justicia, el poderoso DoJ, la mudanza de la empresa a Estados Unidos, donde ya tienen 56 fábricas y realizan la mitad de las ventas globales” (Valor Económico, 19/5). El diario brasileño cierra la información con esta conclusión sensacional: “Los Batista actuaron rápido, escogiendo el camino opuesto al de la familia Odebrecht, que vio sangrar sus negocios mientras se resistía a colaborar con las investigaciones”.
Odebrecht y las otras constructoras están empeñadas ahora en delatar a todos los beneficiados por sus coimas, con el propósito de salvar los negocios y operaciones de sus compañías – hasta ahora con un resultado incierto. En Argentina, por ejemplo, la Justicia acaba de rechazar una oferta de delación de parte de Odebrecht a cambio de mantener su participación en las obras de soterramiento del Sarmiento. Al lado de la reestructuración social que ha encarado la burguesía brasileña, mediante el ataque a los derechos laborales y previsionales de los trabajadores, opera una lucha encarnizada y sangrienta acerca del destino de los llamados “campeones nacionales” de Brasil. El conglomerado del empresario ‘emergente’ Eike Batista, nave insignia de Lula y el PT, ya fue enviado a mejor vida; fue quebrado el monopolio de Petrobras; JBS emigra a Estados Unidos; y Odebrecht es objeto de remate a lo largo y ancho de América Latina. La quiebra de los negocios de la construcción ha puesto en el ‘freezer’ a Unasur – que no ha sido otra cosa que su criatura política.
Todas estas ‘víctimas’ fueron las niñas mimadas del gobierno PT-PMDB, tanto bajo la jefatura de Lula como de Dilma – ‘trabajadores’ al servicio de la burguesía nacional. Para eso utilizaron los recursos fiscales del Estado y los financieros de la Caixa Federal y del BNDS – que se financia, por otra parte, con los aportes jubilatorios de los laburantes brasileños. El 21% del capital accionario de JBS se encuentra en manos del BNDS, mientras la Caixa guarda el 5 por ciento.
Todo indicaría entonces que una destitución de Temer desbarataría todos los arreglos hechos en el último año con las constructoras coimeras y Brasil asistiría a una enorme transferencia patrimonial entre capitales extranjeros y nacionales. Un escenario semejante pone a todas las clases sociales ante el desafío de determinar el destino del conjunto de las relaciones sociales vigentes. Ante la confiscación gigantesca que se encuentra en marcha, la consigna debe ser: expropiar a los expropiadores. A esto hay que agregar el impacto de conjunto de la crisis mundial –caída del precio de materias primas, guerras comerciales, amenazas de colapsos financieros – desde Italia a China, y la incesante crisis política norteamericana.
“Pacificar el país”
“Ahora hay que controlar la ansiedad”, habría dicho el presidente del PT, Luiz Marinho, luego de entrevistarse con Lula (Valor), como acostumbra a hacerlo Durán Barba cuando tiene que aconsejar a Macri y a Marcos Peña. La respuesta citada es instructiva, porque la crisis, por un lado, y la indignación popular, por el otro, sugerirían lo contrario – que hay que volcar la ‘ansiedad’ en las calles y en una huelga general. Después de todo están en juego – también - la ‘democracia’ y la ‘transparencia’.
El frente petisita “Brasil Popular” reclama “diretas ja”, como en 1980, pero no sabe cómo conseguirlas: si por una enmienda del Congreso, que exige las 3/5 partes de los votos, o como una sentencia que anule las elecciones de 2014 por fraudulentas. La primera opción podría llevar tiempo y la segunda es incierta. Una elección presidencial dejaría en pie al Congreso corrupto y una ‘cohabitación’ imposible. Para una senadora, Gleisi Hoffmann, las directas serían la forma de “pacificar al país”.
Al Frente Brasil Popular, las ‘diretas’ le plantearían un problema insoluble, con o sin legislativas, que es su doctrina de armar frentes con los partidos tradicionales, con el pretexto de la necesidad de contar con una mayoría parlamentaria. En ese caso debería volver a pactar con los ‘chorros’. La ejecutiva petista olvida que la crisis de Brasil es producto de su propia incapacidad política, como lo ha demostrado en cuatro gestiones, para ofrecer una salida de los trabajadores. La espera de un fallo sobre las elecciones pasadas; las negociaciones para conseguir ‘diretas’ mediante una enmienda constitucional; la salida electoral y su correlato frentista con los partido del régimen – todo esto caracteriza una política de “unión nacional” de parte de Lula y del PT.
Es probable que el Poder Judicial termine ‘cassando’, a principios de junio, a Temer, mediante la invalidez de la fórmula presidencial de 2014. En ese caso, la sucesión la determinará el Congreso, con un presidente que rescate al gabinete actual. Por la naturaleza histórica de la crisis, sin embargo, las convulsiones políticas no cesarán en absoluto.
La cuestión del momento, en Brasil, es ganar la calle en permanencia e impulsar una nueva huelga general. En estas condiciones, la convocatoria a una Constituyente libre y soberana se convertirá en una canal superior de movilización política de las masas, y podrá plantear la cuestión del poder – el gobierno de los trabajadores. En Brasil, como en toda América Latina, la solución de la cuestión de la dirección de la clase obrera es la clave para transformar las crisis repetidas en crisis de poder y revolucionarias, y en la posibilidad de un gobierno de trabajadores.
Jorge Altamira
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