miércoles, agosto 09, 2017

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: hipocresía de la ONU



Las “celebraciones” desde 1994 se han dado en el marco de la lucha y resistencia de los pueblos indígenas contra los proyectos de grandes empresas y políticas gubernamentales, que ignoran los derechos los pueblos, los condenan al despojo.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay más de 5000 grupos indígenas en 90 países y hablan la mayoría de las 7000 lenguas del mundo. Los pueblos están constituidos por, aproximadamente, 370 millones de personas, esto es, el 5% de la población mundial; además de representar el 15% de los más pobres.
Con motivo de la conmemoración del día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías celebró su primera reunión en 1982, el día 9 de agosto, la Asamblea General de la ONU decidió, en 1994, celebrar cada año el día de las Poblaciones Indígenas.
Trece años después, en 2007, la Asamblea General aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además de éste instrumento, en 1991 entró en vigor el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

Lucha contra la expoliación

El rumbo de la lucha de los pueblos indígenas se da de forma paralela a esos acontecimientos. Desde la década de los sesenta, y con mayor fuerza a partir de los ochenta, se dio la emergencia de movimientos integrados por campesinos e indígenas que reclamaban desde el derecho a la tierra hasta derechos territoriales y de autonomía.
Las luchas campesinas e indígenas de la segunda mitad del siglo XX mostraron la voracidad con la cual el capitalismo se abalanzaba sobre sus poblaciones, despojándolas de los territorios y recursos que subyacían sobre ellos, orillándolos a la migración hacia los grandes centros industriales donde el capital se beneficiaría de la explotación de su trabajo.
El interés del reconocimiento de sus derechos, por lo menos legal, se volvió prioritario para Naciones Unidas y para algunos gobiernos con gran población indígena, en México, por ejemplo, en 2001 se reforma el artículo 2° constitucional donde reconoce el carácter pluricultural del país, así como el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.
Pero ese reconocimiento no fue una concesión de buena fe. Por lo menos en América Latina, desde los ochenta, irrumpieron movimientos encabezados por indígenas en Bolivia, Ecuador y México en contra de las políticas gubernamentales que condenaban su existencia.
Actualmente podemos ser testigos del avance del capital sobre los recursos que controlan estos pueblos, como el proyecto de las Zonas Económicas Especiales impulsado por el gobierno de Peña Nieto en México o la represa Agua Zarca contra la que luchó la activista Berta Cáceres en Honduras junto a miles de indígenas y campesinos.
También presenciamos las batallas legales que han dado con base en los instrumentos que reconocen sus derechos. Algo que no podemos dejar de mencionar es que en aquellos casos en los cuales se contraponen derechos de los pueblos e intereses de la grandes empresas, el Estado capitalista favorece los intereses de las últimas.
Por eso, la lucha y movilización de los pueblos indígenas con el conjunto de los explotados y oprimidos por la libre determinación, derechos sobre sus recursos, tierra y territorio son fundamentales.

Jessica Bermúdez

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