El paquetazo anunciado por Macri es un verdadero plan de guerra contra los trabajadores. Las medidas fueron festejadas por el gran capital con una inmediata suba de la Bolsa, y por una consultora internacional con la mejora de la calificación de la deuda argentina. Después de todo, el repago del gigantesco endeudamiento oficial exige un ataque en regla a las conquistas de los trabajadores, al sistema previsional, de educación y salud pública. Esta política condujo a un cambio acotado de gabinete: se le entregó a la Sociedad Rural el Ministerio de Agricultura encumbrando a su presidente como ministro; y se nombró un nuevo ministro de Salud para llevar adelante el plan de Cobertura Unica de Salud (CUS), que introduce la privatización del hospital público mediante un recorte de las prestaciones gratuitas.
A la medida del gran capital
Uno de los puntos más esperados por los capitalistas era la reforma impositiva. El plan anunciado por Macri reduce los impuestos que tributa el capital. Esto vale para la reducción de los aportes patronales a la Anses, pues se establecerá que las patronales no paguen hasta los primeros 10.000 pesos de cada salario. Otro beneficio directo al capital será la reducción del impuesto a las Ganancias, con sólo declarar que se reinvierten utilidades. Mediante una apretada a las provincias, el gobierno apunta a una reducción del pago de Ingresos Brutos por parte de las empresas, que buscará ser compensado con impuestazos a la vivienda y otros ajustes (despidos de estatales).
Para disimular este enorme beneficio al capital el gobierno anunció impuestos a la renta financiera, que bien vistos terminarán perjudicando a los sectores medios en detrimento de los bancos y grandes especuladores. No sólo queda excluído de todo impuesto la compra de títulos públicos por parte de extranjeros y la compra y venta de acciones en la Bolsa local. Tampoco tributarán los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que manejan los bancos. En cualquier variante, la recaudación que pueda obtenerse por esta renta financiera está muy lejos de compensar lo que dejará de percibirse por la rebaja de otros impuestos. De este modo, tendremos un agravamiento del déficit fiscal y una necesidad de mayor endeudamiento. El ´gradualismo´, que el gobierno alega para justificar la toma de casi 100.000 millones de dólares de deuda en lo que va de su mandato, encubre que el endeudamiento apunta a resarcir al gran capital a costa del saqueo del Estado, ya sea a través de los subsidios que siguen embolsando mientras imponen tarifazos, o mediante la reducción de los impuestos vigentes.
Disparen contra los jubilados...
La reducción de los aportes patronales a la ANSES tiene como contraparte necesaria la aplicación de una reforma previsional que afectará sensiblemente las conquistas de los trabajadores y jubilados. Esta ofensiva comienza con un cambio en la composición de la llamada “movilidad”, que pasará a depender de los índices de inflación y no –como hasta ahora- de la combinación que resulta del aumento de salarios y de la recaudación impositiva. El índice armado por el kirchnerismo partía de un principio negativo, ya que descargaba la crisis sobre las espaldas de los jubilados.
Fue lo que sucedió en el 2016, cuando la reducción de los salarios y la recaudación significó para los jubilados una pérdida de unos 10 puntos en sus haberes. Ahora, ante la previsión de un rebote de la economía –y de la recaudación- el índice se limita a registrar la inflación, convalidando la confiscación sufrida en el 2016. Gracias a esta modificación se le sustraerá a los jubilados 100.000 millones de pesos durante el año que viene
La movilidad basada en la inflación equivale a un congelamiento de las actuales jubilaciones, el 75% de las cuales no llegan a cubrir la canasta básica del jubilado. Pero la reducción de impuestos que reclaman los capitalistas ni siquiera permitirá hacer frente a estas jubilaciones de miseria. Por eso, Macri prepara una suba de la edad jubilatoria.
También ha trascendido que está en carpeta la vuelta de las AFPJs, bajo la forma de un aporte y un haber complementario para los trabajadores de mayores ingresos.
... y los trabajadores
Pero el capítulo principal del paquetazo es la reforma laboral, que no tiene nada que envidiarle a la brasilera: se eliminarán horas extras para adaptar la jornada de trabajo a las necesidades estacionales de las empresas; se introduce la polifuncionalidad, permitiendo a las patronales pisotear los convenios; se reducirán las indemnizaciones habilitando -como en Brasil- a que éstas sean financiadas por los propios trabajadores; se avanza aún más en la tercerización, eliminando la responsabilidad del empleador principal; se legaliza un régimen de pasantías descalificadas, que pasarán a formar parte de los convenios colectivos como categoría ultra-flexibilizada.
El gobierno presenta al abaratamiento del despido como una política favorable a la creación de empleo, omitiendo que en los 90´ la entrega de conquistas laborales no evitó -sino que posibilitó- una desocupación récord de 4 millones de personas.
Oposición cómplice
No sólo los empresarios dieron su conformidad a estas medidas. Los gobernadores pejotistas hicieron lo propio, asegurando los votos de sus senadores para avanzar en la aprobación de la parte de este paquetazo que requiera pasar por el Congreso. Pero la pieza fundamental llamada a garantizar el avance de esta política es la burocracia sindical, que concurrió con sus principales exponentes al cónclave macrista. Aun antes de que la reforma laboral pase por el Congreso la burocracia la está aplicando en sus respectivos gremios. Esto incluye a los sectores del kirchnerismo, como lo prueba el acuerdo flexibilizador suscripto por Atilra con la patronal lechera. La directiva de Atilra está enrolada en la Corriente Federal kirchnerista que encabeza Sergio Palazzo, de la Bancaria. Esta entregada del kirchnerismo tiene su manifestación en otros planos. No sólo la propia Alicia Kirchner estuvo presente junto a los gobernadores del PJ en la reunión con Macri. La renuncia de Gils Carbó a la Procuración General, sin la menor denuncia respecto del asedio oficial, es la expresión más acentuada de la incapacidad del kirchnerismo de levantarse como oposición al macrismo.
A cambio de la entrega de la clase obrera a la ofensiva capitalista, la burocracia quiere obtener una defensa de sus propios privilegios. En ese sentido debe entenderse el cuestionamiento de Macri a los sindicatos simplemente inscriptos, que ponen en cuestión el unicato de la burocracia sindical.
Que intervengan los trabajadores
La premura del gobierno en lanzar este plan de guerra revela que es conciente de que su triunfo puede tener características efímeras. La amplitud de la alianza antiobrera que se ha formado muestra que el destino del gobierno depende de que pueda imponerle a los trabajadores una derrota histórica.
Es necesaria, por lo tanto, una campaña de denuncia de este paquete reaccionario, reclamando en primer lugar asambleas en todos los sindicatos para que ningún convenio se pueda firmar sin la aprobación de los trabajadores. El activismo debe tomar la iniciativa de convocar plenarios en cada zona, reunir fuerzas para la pelea en los sindicatos y apoyar a los conflictos que se desarrollen.
El necesario tratamiento parlamentario que requiere este paquete reaccionario y negrero planteará la necesidad de una respuesta de conjunto. Es necesario preparar desde ahora una movilización general, por medio de la agitación y la organización. Los sindicatos combativos que vienen de realizar una movilización al Ministerio de Trabajo contra la reforma laboral están llamados a tomar una nueva iniciativa, involucrando a más sectores del movimiento obrero, pero también de la juventud ante el ataque de Macri a la educación y la universidad pública, de organizaciones de jubilados y populares en general.
Llamamos al Frente de Izquierda a valerse de la votación obtenida para realizar una campaña de esclarecimiento ante el conjunto de la población y sobre todo ante el sector más activo de la clase obrera y la juventud.
Gabriel Solano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario