El Ejército de Colombia y la batalla por la Memoria

La página Web del Ejército de Colombia dedica un apartado específico a la Memoria Histórica. Entre otros contenidos puede hallarse el testimonio de la madre de un soldado profesional, muerto por los efectos de una mina antipersona, relatado a modo de crónica por una psicóloga de la Dirección de Apoyo a la Transición del Departamento Jurídico Integral del Ejército de Colombia. Esta institución, cuya jefatura recae en el brigadier general Javier Ayala Amaya, establece, entre otras iniciativas, programas de prevención y difusión sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; y construye estrategias “para la visibilización de las víctimas militares y la reconstrucción de la memoria histórica”. Entre el 18 y el 31 de mayo, dentro de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, cinco madres de soldados y suboficiales desaparecidos durante el conflicto armado participaron en las sesiones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá; el Ejército se sumó a estas acciones, en las que se incluían actividades artísticas, para “brindar un espacio de paz y reconciliación a aquellas valientes madres y esposas”.
En la Feria Internacional del Libro (Filbo) de la capital, celebrada entre el 17 de abril y el dos de mayo, el Departamento Jurídico Integral presentó “Las crónicas del conflicto: los militares víctimas en Colombia 1989-2016”, del Mayor General Ricardo Gómez Nieto; y “FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido). Máquina de guerra. La materialización del heroísmo, dedicación y honor del soldado colombiano en el conflicto. Compromiso con la Memoria Histórica Militar”, del coronel Jaime Joaquín Ariza Girón. El Ejército Nacional agradeció el apoyo en los procesos de edición y distribución al grupo editor, Ibáñez, y a la Universidad privada del Rosario (Bogotá). Otro de los libros presentados fue la segunda edición de “Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares (1958-2016)”, del exdelegado asesor del Gobierno en los diálogos con el ELN y profesor de Postconflicto, Democracia y Derechos Humanos en la Universidad del Rosario, Juan Esteban Ugarriza; y de la politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Nathalie Pabón, también coordinadora del libro “Memoria y víctimas en las fuerzas militares” (Universidad del Rosario, 2018).
El Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad 2016-2018 del Ministerio de Defensa señala, como una de sus metas, “construir la memoria histórica de la Fuerza Pública bajo una visión de victoria, transparencia y legitimidad en el conflicto”. El gasto militar de Colombia representó en 2017 el 3,1% del PIB, el mismo porcentaje que Estados Unidos y superior al de América Latina y el Caribe (1,2%), informa el Banco Mundial a partir de las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). En 1960, década en que se inició el conflicto armado en Colombia, el gasto en defensa se situaba en el 1,8% del PIB. Además, en 2016 las fuerzas armadas colombianas sumaban 481.100 efectivos (según el Gobierno, 496.272 entre militares, policías y civiles), lo que contrasta con los 110.000 de 1990. El presupuesto en Defensa de 2018 representa la segunda partida más importante de las cuentas públicas (13,4% del presupuesto) tras Educación, y por delante de Salud (10,5%), Inclusión Social y Bienestar de la Familia (4,7%) y Vivienda (1,6%).
Uno de los escándalos que ha salpicado a las Fuerzas Amadas durante el conflicto es el de los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles a los que se presentaba como muertos en combate, a cambio de incentivos y recompensas; En 2011 Naciones Unidas estimó en más de 3.000 el número de víctimas (“falsos positivos”) entre 2004 y 2008, pero un reciente informe de historiador Fabián Benavides y el coronel retirado de la policía, Omar Rojas, eleva los muertos a 10.000 durante el periodo 2002-2010. Por otra parte, en el Registro Único de Víctimas del Gobierno de Colombia constan 8,7 millones de víctimas del conflicto armado (hasta julio de 2018). El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado “Hasta encontrarlos” (noviembre de 2016) documenta 60.630 víctimas de la desaparición forzada entre 1970 y 2015 y detalla el presunto agente perpetrador en cerca de la mitad de los casos; se trata de grupos paramilitares (46,1%), agentes de estado (8%), grupos paramilitares-agente de estado (0,8%), “grupo armado no identificado” (15,9%), “grupo posdesmovilización” (8,9%) y guerrillas (19,9%). En cuanto al postconflicto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró en 2017 un total de 441 ataques a defensores y líderes sociales y comunitarios, incluidos 121 asesinatos. El 57% de los crímenes fue “aparentemente” perpetrado por sicarios, refiere el informe; asimismo, “miembros de la Policía y el Ejército están siendo investigados por 14 asesinatos cometidos durante las protestas sociales”.
El historiador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín), Óscar Calvo Isaza, ha pronunciado una conferencia sobre “Discursos sobre Archivo, Memoria y Verdad”, organizada por la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia. “La escritura de la historia se ha convertido en una obsesión para los militares, cuyo sector modernizador –hoy dominante entre los altos mandos- ha acompañado la visión de la negociación política como victoria hegemónica del Estado; y se han creado diversas instituciones castrenses, entre las que destaca el Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares y un Centro de Memoria Histórica del Ejército, dedicadas a continuar la confrontación política y jurídica contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la intelectualidad de izquierda, clasificadas como viejas fachadas de la subversión, a quienes acusan de intentar ganar en el papel la guerra que perdieron con las armas”, afirma.
Calvo Isaza es coautor del libro “Medellín (rojo). 1968”. Como ejemplo de la batalla por el sentido de la Historia, recuerda que durante la presidencia de Uribe Vélez se constituyó –en 2005- la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a la que se adscribió el Grupo de Memoria Histórica (GMH) que en 2013 –vinculado ya al Centro Nacional de Memoria Histórica- presentó el informe “¡Basta ya!” sobre los 50 años de guerra. Entre otras conclusiones, el documento apunta que entre 1958 y 2012 el conflicto armado ocasionó la muerte de al menos 220.000 personas (más del 80% de la sociedad civil). La investigación constata la “probada participación de agentes estatales como perpetradores de crímenes y violaciones de los Derechos Humanos”; se señala asimismo “la connivencia y las omisiones de miembros de la Fuerza Pública con acciones violatorias de los Derechos Humanos y alianzas con grupos poderosos (…)”. Además de los 5,7 millones de desplazados, el GMH documentó 1.982 masacres entre 1980 y 2012, cometidas en un 58,9% por grupos paramilitares, un 7,9% por la Fuerza Pública y un 17,3% por las guerrillas.
El trabajo “Usos Políticos de la Memoria: el caso del Centro de Memoria Histórica Militar de Antioqua” (Universidad de Antioquia, 2017), de Luisa Fernanda Vélez, recoge reacciones al informe del GMH. Así, “no podemos aceptar que traten de construir una memoria histórica basada en las hipótesis de sectores radicales”, declaró el exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón; entre las protestas de las organizaciones de víctimas, un Decreto firmado por Juan Manuel Santos en marzo de 2017 incluyó al Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica. La investigadora Luisa Fernanda Vélez destaca otro ejemplo; el del oficial retirado y exasesor del Ejército, César Castaño, quien recordó “la necesidad de desarrollar y escribir una juiciosa narrativa histórica del conflicto desde nuestra visión, desde la participación de las Fuerzas Militares”; la tarea requiere “un andamiaje académico y profesional, pero además alta calidad en sus publicaciones, las cuales deben cumplir rigurosos estándares académicos y científicos” (en el Boletín de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, 2014).
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, entre otras organizaciones, han reivindicado la desclasificación de los archivos estatales y de inteligencia. ¿Qué importancia tienen los archivos militares? “En realidad se trata de una red de archivos que se halla en las diferentes brigadas y batallones de Colombia y que les están sirviendo para construir (lo que ellos llaman) una ‘memoria histórica’ del conflicto, desde la perspectiva de los militares; lo hacen en muchos casos a través de autores que se presentan como académicos independientes -además con el visto bueno de algunas universidades- y que tienen acceso a los inventarios que han estado haciéndose en los archivos”, explica Óscar Calvo Isaza. “La cuestión es que el ejército ha estado durante años haciendo contrataciones, vinculando a doctores jóvenes, intelectuales y universitarios para poder darle un nuevo sentido a la guerra a través de los archivos”, añade el investigador; “si quieren participar en el diálogo deben plantear de forma abierta sus intereses y abrir al público los archivos, asumir el riesgo de que otras personas puedan contradecirlos; ¿Están dispuestos los militares colombianos a asumir el riesgo de la historia?”.
En 2016 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se hizo eco de las denuncias reiteradas sobre la destrucción o “pérdida” de archivos militares. La Comisión de la Verdad, resultado de las negociaciones de La Habana y presidida por el sacerdote jesuita Francisco De Roux, pidió el pasado 13 de junio por carta al Ministerio de Defensa información reservada de los archivos de inteligencia militar. La Asociación de Oficiales Retirados (ACORE) rechazó que se atendiera la solicitud. El periódico El Tiempo informó el 13 de julio de que el presidente Santos ordenó la entrega de datos, salvo en el caso que la documentación “afecte a la seguridad nacional”, agregó el diario.
Para entender la disputa por el relato, Óscar Calvo Isaza señala instituciones como el Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar (CICMHM), adscrito a la Escuela Superior de Guerra, fundada en 1909 y actualmente dirigida por el Mayor General Francisco Javier Cruz Ricci (también Cruz Ricci es coeditor del libro “Construcción de la Memoria Histórica Militar en el Proceso de Reconciliación Nacional”, junto al profesor en el área de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Eduardo Pastrana Buelvas). El CICMHM publica la revista “Círculos por la Memoria”, “Cuadernillos para la Elaboración de Memoria Histórica Militar”, libros como “Perspectivas conceptuales y metodológicas de la memoria histórica” o “Galería de los sueños. La educación para la paz desde el aula”, en el que han colaborado la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El equipo de trabajo del centro de investigación está integrado por militares (un mayor, dos sargentos y un suboficial), pero también por civiles (abogados especializados en Derecho Internacional, investigadores y asesores que trabajan en la memoria histórica y sobre las víctimas del conflicto armado, diseñadores editoriales y sociólogos). Asimismo el CICMHM convoca pasantías o prácticas para estudiantes de pregrado, que incluyen líneas de investigación como “El rol de las Fuerzas Militares en la construcción de la paz”.
El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, Alberto José Mejía Ferrero, escribió en la revista “Las Fuerzas” en diciembre de 2016: “Los integrantes del Ejército Nacional son héroes al servicio de la democracia, garantes de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (…)”. Óscar Calvo Isaza pone asimismo el ejemplo de la revista “Fuerzas Armadas”, editada por la Escuela Superior de Guerra. El número de septiembre de 2017 dedica un artículo a “La investigación de la memoria histórica y contexto en las Fuerzas Militares”. En marzo de 2015 el Teniente Coronel Esparza Guerrero escribía de modo nítido en la citada revista: “Historia y memoria son componentes absolutamente importantes del devenir de la Fuerza Pública, los cuales permitirán legitimar ante las generaciones futuras nuestro papel en el conflicto”. En agosto de 2017 el Ejército inauguró una sala dedicada a la Memoria Histórica Militar en Florencia, capital de Caquetá. “Han mirado con mucha atención lo que ha pasado en contextos de Transición en países como Argentina y Guatemala; y se han dado cuenta de que pueden ganar la guerra, pero si dejan cabos sueltos a la victoria se le puede dar la vuelta”, remata el profesor de la Universidad Nacional.

Enric Llopis