Ante las filtraciones de las actas del Tribunal de Honor a Silveira y Gavazzo con detalles de distintos crímenes de la dictadura Vázquez destituyó a la cúpula del Ministerio de Defensa y al recientemente nombrado comandante José González.
La divulgación de actas del Tribunal de Honor (en los que los militares se juzgan a sí mismos) realizado a los represores José "Nino" Gavazzo y Jorge "Pajarito" Silveira da cuenta, a partir del propio relato de los genocidas, de las atroces torturas y crímenes cometidos en la última dictadura militar (1973-1985). Ante tal horror y el hecho de que el propio Tribunal violó la normativa al no informar a sus superiores sobre la presunción de delitos, Vázquez no tuvo otra salida que relevar al recién nombrado comandante y los otros generales que integraron el Tribunal y por lo tanto estaban al tanto de las declaraciones.
Vázquez también pidió la venia del Senado para el pase a retiro obligatorio de los generales: Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo (uno de los integrantes del llamado “Tribunal de Honor”).
El desplazamiento del ministro y vice ministro evidencia la pérdida de confianza de Vázquez hacia la dirección política que se desempeñaba hasta ahora, lo cual también es un intento de lavarse las manos ante lo sucedido con el “Tribunal de Honor”.
Según el presidente del Frente Amplio Javier Miranda, Vázquez le informó que no tenía conocimiento del contenido de las actas del tribunal, una maniobra burda para intentar quitarse responsabilidad de haber dejado pasar y homologado, sabiendo lo declarado por Silveira y Gavazzo, el fallo del tribunal de honor.
Por su parte la Fiscalía General de la Nación casi en simultaneo con el Ejecutivo impulsa la investigación sobre el accionar del llamado “Tribunal de Honor” por considerar que se cometió el delito penal de flagrancia por omitir la presunción de delito a partir de las confesiones de Gavazzo y Silveira, ante lo cual estaban obligados a informar a sus superiores.
El texto de la normativa en el artículo 77 del decreto 55/1985 dice que el tribunal que: "intervenga en un asunto en el que exista presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie".
Se quiere tapar el encubrimiento y la complicidad
En el comunicado del Poder Ejecutivo se señala la responsabilidad del cuerpo de oficiales (incluido el ex comandante en jefe Manini Ríos) en omitir comunicar a las autoridades esta información que es evidencia clara de presunción de delitos: “La grave omisión también afecta al ex Comandante en Jefe del Ejército, que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente”.
Pero se omite la responsabilidad de las propias autoridades gubernamentales en el ocultamiento de información. Textualmente el Ejecutivo dice: “El Ministerio de Defensa Nacional, de inmediato elevó el Expediente, haciendo constar que, como consecuencia de los actos administrativos dispuestos el 12 de marzo de 2019 por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado tenía en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación.” Malabares argumentativos que la fiscalía debería investigar para esclarecer el posible encubrimiento del que fueron parte como mínimo el ministro y vice ministro de Defensa.
De esta forma tratan de salvar el enchastre general protegiendo hasta donde pueden los servicios prestados a la impunidad por parte de los ahora ex ministro y vice, como a su vez mediante la renuncia de estos se trata de proteger a Vázquez que había homologado las resoluciones si bien luego entró en conflicto con el informe de Manini Ríos.
Insólitamente Vázquez a través del presidente del Frente Amplio Javier Miranda arguye que no tenía conocimiento del contenido de las actas. Lo cual como mínimo significa una total negligencia o un intento de lavarse las manos.
Lo que se quiso ocultar
Durante las actuaciones, por ejemplo, Gavazzo reconoció que arrojó el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al Río Negro para hacerlo desaparecer y dio detalles del asesinato de este militante preso y torturado en instalaciones del grupo de artillería Nº 1.
En el cuartel La Paloma, sede del grupo de artillería Nº 1 también murió otro militante tupamaro, Eduardo Pérez Silveira. De acuerdo al testimonio de “pajarito” Silveira al Tribunal de Honor militar, Gavazzo gaseó al detenido con una granada de gas para luego ser llevado en grave estado producto de las torturas al Hospital Militar donde murió. Pérez Silveira aún está desaparecido.
El genocida “pajarito” Silveira también acusó a Gavazzo de tener responsabilidad y participación en el segundo vuelo de la muerte que trasladó presos políticos desde Buenos Aires y lo incriminó en la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Increíblemente y luego de este tipo de confesiones y relatos, los miembros del “Tribunal de Honor”, José González (hasta ahora nuevo comandante del Ejército), Gustavo Fajardo y Alfredo Erramún, omitieron esa obligación de la normativa y entendieron que no había pruebas suficientes para condenar a Silveira y Gavazzo por estos crímenes aberrantes, así como que los hechos no estaban lo suficientemente aclarados. El tribunal condenó a ambos a la ridícula medida de “no usar el uniforme” por no haber declarado que el Coronel Gómez (que estuvo 3 años preso por la causa Gomensoro) era inocente.
El fallo, una antología de impunidad y encubrimiento, fue refrendado luego por otros 3 militares (Romano, Salaberry y Sequeiro) y luego por el propio excomandante Manini Ríos o sea que en total 7 de los 16 generales del Ejército lo hicieron. Posteriormente, con dudas y salvedades, también fue homologado por el Poder Ejecutivo.
La complicidad del gobierno
Las revelaciones de los pormenores de las actas del “Tribunal de Honor” vuelven a poner en primer plano las responsabilidades de los distintos gobiernos del Frente Amplio en la impunidad del terrorismo de Estado y de la reivindicación de esa época que realizan las Fuerzas Armadas.
Luego de haber dejado a actuar durante años a Manini Ríos con su injerencia en asuntos políticos y sus conductas profundamente antidemocráticas poniendo en su lugar a un claro continuador de ese mismo pensamiento como José González, que al asumir reivindicó la obra de Manini y fue partícipe directo en el “Tribunal de Honor”.
¿Cómo puede ser que un militar que ampara, protege y silencia las confesiones y revelaciones de Silveira y Gavazzo sea “premiado” por el Frente Amplio dándole el cargo de Comandante del Ejército? ¿Cuál es el grado de acuerdos y negociaciones que tiene el Frente Amplio con estas Fuerzas Armadas ejecutoras del terrorismo de Estado que reivindican su accionar en la dictadura y obstaculizan de todas las maneras posibles el accionar de la Justicia?
Esta política del Frente Amplio, que va en el sentido de la reconciliación y la "vuelta de página" muestra la actualidad del Pacto del Club Naval (1984) con la que todo el régimen político quiso preservar al aparato represivo del Estado y evitar cualquier cuestionamiento.
El juego a la derecha
El nombramiento de un continuador como González, del que ahora se conoce que fue incapaz de la más mínima crítica ante las revelaciones de torturas y crímenes políticos, revela también que las Fuerzas Armadas guardan tal autonomía que son capaces de imponer nombramientos por encima del poder político.
En el día de ayer sectores del oficialismo (Michellini, Nuñez, Puig, Castillo entre otros) se escandalizaban y pedían la renuncia de González. Pero antes de estas terribles declaraciones no dijeron nada, aun sabiendo que el nombramiento de González era más de lo mismo, y que más allá de los nuevos datos conocidos ya se sabía que el nuevo comandante era la continuidad de Manini y que la protección de genocidas y torturadores está amparada por las Fuerzas Armadas de conjunto y sostenida por el gobierno que ellos mismos integran.
Tras la resolución tomada por Vázquez, muchos saludaron la decisión, pero otros remarcaron que el presidente debió haber leído las actas del tribunal militar.
Cuando el mandatario homologa los textos del tribunal, lo hace señalando que se vieron los fallos de las actas, en los que debería figurar las confesiones de Gavazzo y Silveira y su integración (el destituido comandante estaba allí).
Algunos dirigentes políticos, como el diputado Ope Pasquet, dijo que la resolución había sido acertada, pero criticó que haya sido "tarde", ya que consideró que Vázquez leyó efectivamente las actas en donde todo quedó esgrimido. También Larrañaga es otro que salió a posar descaradamente en este asunto.
Las declaraciones hipócritas de estos dirigentes derechistas buscan deslindarse de responsabilidades cuando son los que con el conjunto del régimen han sostenido y defendido la impunidad de los genocidas.
Pero en tiempos de avances derechistas en la región ¿Quién realmente le está haciendo el juego a la derecha? ¿Quién la deja actuar para que se envalentone y tome fuerza?
¿Cómo no relacionar el silencio cómplice ante las declaraciones que surgen del tribunal de honor (que como mínimo merecían una condena absoluta y su paso a la Justicia Ordinaria) con la propia represión de hace unas pocas semanas a los que se manifestaron en la Marcha por el Agua?
¡Acabar ya con la impunidad!
No se trata de simples hechos del pasado, como los militares y los propios dirigentes del Frente Amplio nos quieren hacer creer.
Las fuerzas represivas han sido alimentadas, profesionalizadas y modernizadas por este gobierno a lo largo de sus 3 periodos. Es el propio gobierno quien ha fortalecido a la Dirección de Información e Inteligencia (DII) y el Departamentos de Operaciones Encubiertas, organismos que se encargan de fichar, infiltrar y perseguir opositores.
Su cometido no es otro que atacar la protesta social, vigilar y criminalizar a todos los que resisten los ataques del capital y su sed de ganancia y explotación.
No se trata simplemente de destituir a González y algunos otros, hay que ir a fondo contra toda una organización que protege criminales de lesa humanidad. Para empezar deben ir presos también toda la oficialidad (empezando por Manini Ríos) y funcionarios civiles que intentaron ocultar esta información surgida del llamado “Tribunal de honor”, como a su vez todos los genocidas civiles y militares de la dictadura que todavía permanecen impunes. Se debe también cuestionar la función de la institución Fuerzas Armadas y el conjunto del aparato represivo.
Hernán Yanes
Sebastián Artigas
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