El cambio de las injustas estructuras es posible con la movilización y la lucha de todo el pueblo por su dignidad

Con el triunfo ilegítimo del continuismo, repudiado por la abstención ciudadana, el país ha entrado en un proceso de radicalización de la lucha política, en el que el pueblo será protagonista de primera línea.
Toda la maquinaria del Estado, todos los recursos mafiosos del gobierno, sus mañas delictivas de fraude y corrupción, de chantaje e intimidación, fueron puestos al servicio de la victoria del continuismo buscando desesperadamente por esa vía un escudo que proteja a Uribe de la inminente acusación del pueblo y la justicia, frente a una gestión criminal y de lesa patria.
El régimen de Uribe fue el más serio intento de imponer violentamente un proyecto político de ultraderecha neoliberal basado en el paramilitarismo. Su gobierno pasará a la historia como el más vergonzoso de las últimas décadas, el más asesino de su población civil, el más arrodillado a la política de los Estados Unidos, y por esta circunstancia, el más compulsivo provocador de inestabilidad en las relaciones con los países vecinos.
Durante estos ocho años gobernó la mentira y la falsedad, la manipulación y el engaño. Uribe y el continuismo hicieron creer que su política de seguridad era de todos, cuando en realidad sólo aseguraba, mediante la represión, las ganancias de privilegiados sectores inversionistas, que acrecentaron el desempleo y la pobreza.
Hicieron creer que defender la soberanía era entregar la patria al gobierno de Washington y convertir a Colombia en un país ocupado militarmente por una potencia extranjera. Se las arreglaron para posar de adalides de la lucha contra el narcotráfico cuando el propio presidente Uribe, el DAS y el general Naranjo, tienen un largo historial que los vincula a la mafia del narcotráfico. Al país le dicen que no hay guerra ni conflicto armado, pero hay Plan Patriota e invasión gringa…
Seguridad democrática son los falsos positivos y la impunidad. Es poder elegir como Presidente al ministro de defensa que más estimuló estos crímenes de lesa humanidad. Es repartir tierras a la agroindustria paramilitar, porque ella sí tiene músculo financiero y los pobres campesinos no. Y es subsidiar o regalar de manera segura dineros del Estado a los empresarios del agro que financiaron las campañas electorales. Seguridad democrática son las fosas comunes con más de 2000 cadáveres como la que existe en un costado de la base militar de la Macarena y son los más de 4 millones de campesinos desplazados por la violencia del Estado. Es mentir sobre el fin del fin de la guerrilla bolivariana de las FARC -EP y preocuparse por la vitalidad de una organización que combate denodadamente por la nueva Colombia como lo consignan sus partes militares del mes de mayo.
Seguridad democrática es cambiar la Constitución para adecuarla a un interés particular cuando sea necesario y es tener una espuria mayoría en el Congreso y socavar la autoridad de las cortes con el aplauso de los incondicionales. También es repartir cargos burocráticos, gabelas y contratos, y aprovechar el gobierno para enriquecerse sin ningún cuestionamiento moral…
La abyecta defensa del militarismo oficiada por Uribe y su llamado a crear nuevas leyes garantes de la impunidad castrense, anuncian lo que vendrá durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Su cínica queja y su lamento fariseo sobreprotegiendo a un torturador-asesino, como Plazas Vega, a los altos mandos militares y al ex-presidente Belisario Betancur, responsables del holocausto del Palacio de Justicia, son patética evidencia de su esfuerzo por blindarse desde ahora, en previsión de futuras acusaciones en su contra.
Y, por supuesto, como forma de atornillar el narco paramilitarismo a la dirección del Estado, con garantías legales para desaparecer, torturar y asesinar opositores. El "fuero militar" que Uribe reclama es patente de impunidad criminal como lo demuestra la historia reciente de Colombia.
La vehemente defensa presidencial del ex director de la DIAN y de la "UIAF", señor Mario Aranguren, quien delinquió en favor de Uribe y seguramente por orden suya, evidencia la calaña de quien aspira a trascender ocultando, no solo su pasado criminal, sino las vergonzosas bajezas de su práctica como gobernante.
Estamos a las puertas de otro cuatrienio de ofensiva oligárquica contra el pueblo en todos los órdenes, embadurnado con melifluas y engañosas promesas oficiales alrededor de una victoria militar como lo han repetido sin cesar durante 46 años, sin preocuparse, ni mucho menos comprometerse a superar, las causas que generan el conflicto.
La profunda crisis estructural que padece Colombia no tiene solución en el continuismo. La ultraderecha neoliberal, creyendo que aún puede resolverla desde las alturas, ha convocado a una unión nacional sin pueblo en la que sólo reinan las ambiciones de los mismos que se lucran con la seguridad inversionista: los grupos financieros, el sector empresarial, los ganaderos y terratenientes, los paramilitares, los partidos que como pirañas se disputan las prebendas del poder, los grandes medios que aplauden los éxitos en litros de sangre de la política guerrerista… Allí no se ve el pueblo por ningún lado, porque la prosperidad de aquellos se sustenta en la miseria y explotación de los de abajo, de los excluidos.
Este bicentenario del grito de independencia debe dar paso a la lucha del pueblo por sus derechos, por la patria, por la soberanía, la justicia social y la paz. El cambio de las injustas estructuras es posible con la movilización y la lucha de todo el pueblo por su dignidad. Nada se puede esperar de los victimarios empotrados en el poder del Estado.
Sólo la lucha unificada puede conducirnos a una Colombia Nueva. Como lo hemos consignado desde Marquetalia en 1964: estamos dispuestos a buscar salidas políticas al conflicto, reiterando al mismo tiempo, que nuestra decisión de entregarlo todo por los cambios y los intereses populares, es irreductible, sin importar las circunstancias, obstáculos y dificultades que nos impongan. La justicia social espera triunfar en la movilización del pueblo.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia junio 21 de 2010