En su libro El saqueo de España, José Díaz Herrera, ex jefe de investigación de la revista Cambio 16 citaba, una y otra vez, la frase que quedará unida el nombre de Carlos Solchaga, ex ministro de Economía de Felipe González. El navarro afirmaba que España era el país donde uno podía hacerse millonario con mayor rapidez. El periodista perfeccionó la idea y agregó que también era el país donde se pasaba con mayor rapidez del oro al “chándal” (jogging), atuendo habitual de los detenidos en la prisión de Alcalá-Meco.
Al margen de su cinismo, la frase de Solchaga describía con desparpajo lo que la sabiduría popular y la prensa –no importa el orden— dieron en llamar la “cultura del pelotazo” , la de la timba financiera, la del enriquecimiento rápido, la que abandonó, junto con las tradiciones partidarias, la “chaqueta de pana” que identificaba a los “progres” por la sastrería italiana. Solchaga era, él mismo, un monetarista, un representante de la socialdemocracia liberal, un “renovador” del PSOE, como Miguel Boyer (ex ministro de Economía y Hacienda del felipismo), Narcís Serra (ex vicepresidente del gobierno) o Mariano Rubio (ex titular del Banco de España): la “beautiful people”, el “mandarinato” .
En 1993, Solchaga dejó la función pública para siempre. Fue en 1999 que decidió utilizar su experiencia en el Estado y junto a José “Pepe” Aureliano Recio, viejo militante también, pero del PSOE de Andalucía, fundó la consultora Solchaga, Recio & Asociados. Se conocían de un conchabo en el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), donde Recio, un abogado laboralista, era “consigliere”. Los cronistas de esos años afirman que Recio pertenecía a la casta de los amigos del poder , de los facilitadores del acceso del mundo de los negocios al favor estatal. Quizás sea de esos tiempos que Recio y el ex ministro conocen a Miguel Angel Lorente Celaya, el lobbysta español, socio de Manuel Vázquez en Cyaes, la consultora que, al parecer, a instancias de Ricardo Jaime, pasaba la gorra entre la gran patronal española para la campañas kirchneristas de 2005 y 2007. Lorente es economista, antiguo afiliado al PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) y a las Comisiones Obreras de Banca, autor del libro “El crack del año ocho” y benefactor del Instituto Italiano de Cultura, de Madrid. Un intelectual de la izquierda española que lo conoce sospecha que Lorente es uno de los tantos que vive, sin contradicciones, la tensión entre “su pensamiento crítico y su trabajo en medios profesionales contaminados” . Según informó La Nación, era a Solchaga y Recio que Lorente se refería cuando, en uno de miles de mails cruzados con su socio argentino, le puntualizó que “ nos están ayudando a mover las cosas” .
El de las compras de material ferroviario de rezago, de gestiones non sanctas y tiradas de manga “para el uno” no es el primer escándalo que salpica al binomio . El año pasado Solchaga desfiló por los juzgados, acusado de gestionar ante la Junta de Andalucía una subvención para Minas de Aguas Teñidas SA (MATSA), filial española de una minera canadiense. Aseguran que el pedido fue de 10 millones de euros, aunque la cifra solicitada por MATSA no pasara de los 7.
En 1991 el barro lo había desparramado el “caso Filesa ”, affaire que destapó el sistema de recaudación de “aportes” del PSOE, oculto tras facturas de supuestos informes de consultoría.
Poco después, el ministro Solchaga iba a afrontar un vendaval de denuncias, originadas ahora en la actividad de una trader pública, Focoex (Fomento del Comercio Exterior) y sus negocios opacos con Venezuela, Uruguay, Chile y Argentina bajo el paraguas de tratados de “cooperación y amistad” y con préstamos blandos del Fondo de Ayuda para el Desarrollo. En Argentina, quien timoneaba la operación era el encargado de Comercio Exterior de la Cancillería, Karim Yoma . Así, con créditos de US$ 1.000 millones, se convocó a una puja internacional para la construcción de hospitales “llave en mano”.
Las “licitaciones internacionales” eran, en verdad, créditos “atados” mediante pliegos confeccionados a la medida de empresas españolas . Una historia similar rodeó la construcción de cárceles . Para esas fechas (mediados de los ’90), el funcionario del ministerio de Justicia encargado de la construcción de establecimientos penitenciarios era el abogado Andrés Marutian , luego asesor de Armando Canosa, secretario de Transporte del menemismo. Marutian es, en la actualidad, el diligente abogado defensor de otro secretario de Transportes: Ricardo Jaime.
Pese a lo elevado de su cotización y siempre al amparo del tratado de Cooperación y Amistad Hispano-Argentino, en 1994, Eloy Gómez Gutiérrez, “representante” de APD (Algoritmos, Procesos y Diseños) vendió 400 equipos de computación a la municipalidad porteña , gestionada por Carlos Grosso. Al llegar al puerto de Buenos Aires, los ordenadores 286 ya eran obsoletos . El grossismo intentó una prueba piloto en el Hospital Fernández. El resultado fue un aquelarre : el sistema se colgó y nadie pudo sacar de las computadoras las historias clínicas de los pacientes. Un estudio encargado por el sucesor de Carlos Grosso estableció que tanto las máquinas de APD como el software de Transtools, comprados a US$ 5,5 millones, tenían un valor de mercado que no superaba el millón. El Presidente de APD era el español José Luis Ortega Blanco, un desconocido, socio de quien se desempeñaba como embajador argentino en Madrid, Carlos Amar.
Pero nadie aprende en cabeza ajena y en 1996 la Corte Suprema decidió informatizar los juzgados civiles y recurrió de nuevo a los beneficios de los créditos FAD, a la prodigiosa Focoex y a Eloy Gómez Gutiérrez. Tres empresas se disputaron la tarea: IBM, Unisys y SERCOBE, una cámara integrada por la productora de software Transtools y representada por el inefable Gómez Gutiérrez. SERCOBE fue la que se llevó el gato al agua. Los expertos consideraron que el precio real del servicio era de 3.5 millones, cuatro menos de lo que, al final, el chiste le costó al Poder Judicial. Gómez Gutiérrez, de todos modos, puso el grito en el cielo porque a sus bolsillos ingresó un millón menos de lo que la Corte Suprema admitía haber pagado . Eso sí, ni Eloy Gómez ni la Corte pudieron evitar que la competidora Unisys le pusiera a SERCOBE una denuncia penal por robo de software.
Historia antigua, se dirá. Puede. Sin embargo, Expansión Exterior y P4R, las trader públicas mencionadas en los correos que se intercambiaron Miguel Angel Lorente Celaya y Manuel Vázquez, son las continuadoras de Focoex con otros nombres.
Es más, por esas épocas Focoex operaba bajo la vigilante mirada del ministro Solchaga . O mejor, de su mujer, la economista Gloria Barba, integrante del staff directivo de la empresa. Es de imaginar que la similitud de ese apellido con el Juan Barba del que hablan en sus mails Lorente y Vázquez es nada más que una pura casualidad .
Nada de esto fue conversado en la cumbre de Mar del Plata. La ministro española negó con énfasis la participación de empresas de su país en el chanchullo de los mails y los hombres de la Cancillería argentina están más preocupados por evitar que trascienda el rumor que crece en las charlas de pasillo del Palacio San Martín. La versión sostiene que el alquiler de la infraestructura utilizada en el encuentro iberoamericano es superior a su valor de venta en plaza . Lógico, si como dicen, la oferta ganadora de la disputa dobló la cotización de la que salió perdedora en la pulseada.
Susana Viau
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